Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan. Yo me haré morir con los pocos que me acompañan porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos. (Augusto César Sandino).

domingo, 25 de marzo de 2012

Procedimiento De La Revisión Del Plan Ordenación del Territorio


msucreREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PTA. DE MATA - EDO. MONAGAS
P.F.G. GESTION AMBIENTAL  





 


Índice
Introducción
Procedimiento De La Revisión Del Plan Ordenación del Territorio
·         El Análisis Del Contenido
l Análisis De Consistencia Técnica
·         El Análisis de Coherencia Interna
·         Análisis De Compatibilidad Entre Planes  (Plan De Ordenamiento Territorial Y Plan De Desarrollo Económico Social)
·         Análisis De Conflicto Socio Territoriales
Conclusión
Referencias bibliográficas
Anexos

Introducción

A los efectos de la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio de Venezuela, se entiende por ordenación territorial  “...la regulación y promoción de la localización de los asentamientos urbanos, de las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr una mejor armonía entre el mayor bienestar de la población, la optimización de la explotación y usos de los recursos materiales y la protección y valoración del medio ambiente como objetivos fundamentales del desarrollo integral”  (Cfr. LOPOT. Artículo 2).

El Plan de Ordenación del Territorio del estado debe ser un instrumento de concertación y consenso, lo suficiente amplio, para albergar y compatibilizar las propuestas de todos los actores sociales y garantizar el compromiso para la consecución del desarrollo sostenible, mediante su articulación orgánica con el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, con los Lineamientos Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2007 – 20013, con el Plan Nacional de Desarrollo Regional y con todo el Sistema de Planificación Nacional, que le permita contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado. En esta investigación se tratara  sobre el Procedimiento  de Revisión Del Plan Ordenación del Territorio.


Procedimiento De La Revisión Del Plan Ordenación del Territorio

El Análisis Del Contenido
A partir de febrero de 1999, nace en Venezuela una revolución pacífica y democrática que, en poco menos de dos años, transformó el marco constitucional del país al cumplirse el ofrecimiento del Presidente Hugo Chávez Frías de refrendar una Constitución Bolivariana e iniciar un proceso hacia la construcción de un desarrollo sostenible para Venezuela, donde el ámbito territorial ocupase un papel relevante en esta nueva concepción de desarrollo.
La ordenación del territorio es un insumo estático sobre el cual se incorpora la visión dinámica definida por el desarrollo socio-económico a implementar y el proyecto deseado de país.
Esta concepción de la planificación territorial en el diseño de políticas públicas estuvo ausente en Venezuela por mucho tiempo; tal situación generó un proceso de ocupación del país con marcada tendencia hacia la concentración de la población y las actividades productivas en un número reducido de núcleos urbanos localizados en la franja centro-norte-costera, en contraste con el resto del país, una gran extensión semidespoblada con un enorme potencial en recursos. Esta desequilibrada ocupación del territorio nacional creó graves problemas sociales y ambientales en sus principales ciudades y restó dinamismo a la provincia.
La gravedad de los problemas generados por los desequilibrios regionales en Venezuela (estancamiento, migraciones, marginalidad, pobreza y deterioro ambiental) no se había incorporado hasta el presente a la discusión sobre nuestro modelo de desarrollo, como consecuencia de la prevalencia del "pensamiento único"; en el terreno de lo económico privaban las argumentaciones abstractas de orden macroeconómico y, en lo relativo al ordenamiento social, no se concebía otro argumento que el producido por el "libre mercado". Ese fue justamente el espíritu de las políticas implementadas en el país en las décadas pasadas; el proceso de descentralización político-administrativo de los últimos diez años se desaprovechó en ausencia de una clara estrategia nacional.
El continúo deterioro de la situación territorial, por carencia de estrategias responsables de los últimos gobiernos, obligó a recuperar el tema y convertir su tratamiento en alta política de Estado.
Paralelamente, el proceso de descentralización que se inició en 1989, el cual se caracterizó por la transferencia de funciones político-administrativas y recursos del poder nacional a los estados y municipios fundamentalmente bajo criterios demográficos, contribuyó a mantener los desequilibrios territoriales. La distribución de los recursos legales (Situado Constitucional, FIDES, Ley de Asignaciones Especiales) es una muestra de que el proceso de descentralización transitado por el país en los últimos diez años es de naturaleza concentradora y favoreció a los estados de mayor población y desarrollo económico.
Los efectos y amenazas de esta problemática son más claros cuando se observa la recaudación tributaria por regiones no petroleras: en la Región Central se concentra más del 65% de la recaudación. Si se agregan las regiones Centro Occidental, Oriental y Occidental, las cifras superan el 90%, correspondiendo menos del 10% a las regiones de Guayana y Los Llanos.
La problemática del Área Metropolitana de Caracas se repite en el ámbito de casi todos los estados, en los cuales se observa una excesiva concentración de población, inversión, recaudación y empleo alrededor de las ciudades capitales y un abandono o descuido del interior y sus fronteras. Esto se expresa en un fuerte proceso de urbanización anárquica, siendo así que la tradicional tendencia a la hiperconcentración en la capital del país se ha visto acompañada por una concentración en las capitales de los estados, la cual reproduce, a menor escala, los problemas existentes en Caracas.
Otro de los aspectos a considerar en una política territorial es la calidad ambiental, cuyo deterioro se originó por el inadecuado enfoque aplicado para contrarrestarlo. La defensa aislada del ambiente ha sido una batalla perdida; es necesario hacer compatibles el ambiente, la calidad de vida y el desarrollo.
Dentro de este marco, el Plan de Ordenamiento Territorial es un documento que plantea los elementos fundamentales que se deben considerar, desde la política territorial, para articular un modelo de desarrollo sostenible desde lo regional, el cual, con actuaciones a corto, mediano y largo plazos en lo económico, social, político-institucional, territorial e internacional, permita lograr los niveles de calidad de vida que la población venezolana se merece.
En su primera parte, el documento contiene un diagnóstico de la situación encontrada en el país, en el cual se destacan los efectos de una estrategia de desarrollo sin política territorial. También incluye los desequilibrios existentes dentro de los contextos social, económico, político-institucional, territorial e internacional en cada una de las regiones: Central, Centro Occidental, Occidental, Oriental, Los Llanos y Guayana, tomando en consideración que el patrón de ocupación del territorio está condicionado tanto por esta realidad como por las potencialidades, limitaciones y restricciones de sus diferentes espacios. Asimismo, se destaca el proceso de regionalización en su marco territorial e institucional, y se describe el desarrollo participativo en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001-2007.
En la segunda parte del documento se presenta una estrategia alternativa para el desarrollo, apoyada esencialmente en fuerzas desconcentradoras, cuya aplicación da lugar a una imagen territorial futura deseable y factible que se basa en tres elementos: el primero, el desarrollo de las fachadas de integración amazónica, caribeña y andina. El segundo, el fortalecimiento y desarrollo de los ejes de desconcentración: Occidental, Orinoco-Apure y Oriental. Y el tercero, el fortalecimiento de la dinámica regional, de acuerdo a la vocación y potencialidades individuales de cada una de las regiones y la instrumentación de un conjunto de propuestas para su desarrollo sostenible, formuladas a partir de las consultas regionales celebradas en todo el territorio nacional durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2000; aquí se incorporan, también, las Zonas Especiales y el Sistema de Asociaciones Rurales Auto-Organizadas.
En la tercera parte del documento se presentan las líneas de inversión orientadas a la realización de un conjunto de proyectos, los cuales fueron priorizados por las regiones estimando que contribuyan a la articulación del país, a partir de la estrategia de descentralización desconcentrada planteada para alcanzar el equilibrio territorial que permita ocupar y consolidar el territorio de forma sostenible.
Finalmente, se espera que este documento constituya una guía para que las diferentes instancias de gobierno nacional, estadal y municipal puedan planificar y ejecutar la inversión pública y promover la inversión privada de forma articulada; y así, en un futuro no muy lejano, podamos tener un país cuya población disfrute de una mejor calidad de vida.
El proceso de planificación regional propuesto se orienta a considerar el territorio como elemento fundamental para articular un modelo de desarrollo sostenible, a través de la estrategia de descentralización y desconcentración territorial. Esto procura la construcción de una sociedad cuyas orientaciones fundamentales sean la democracia participativa, la transformación productiva y la equidad, en la búsqueda de un desarrollo más equilibrado y sostenible, lo cual generará una mejor distribución de población y actividades en el territorio, a fin de lograr mayor equidad en la distribución del ingreso, a partir del aprovechamiento de las potencialidades de las diferentes regiones.
De lo anterior surge la urgente necesidad de dar un nuevo enfoque a la descentralización, profundizando su proceso bajo la óptica de una estrategia desconcentradora; es decir, hacer uso de ella con el propósito de aprovechar las potencialidades del país para lograr una distribución más equilibrada y sostenible de las actividades productivas, las inversiones y la población en el territorio nacional.


El Análisis De Consistencia Técnica

Desde el punto de vista técnico, el contenido del plan facilita a los actores institucionales y sociales adentrarse en el conocimiento de la realidad y sus posibles acciones de intervención, por cuanto:   

·         Expresa la significación que tiene el territorio objeto de ordenación en el contexto de la política socioeconómica nacional, provincial y local, así como en las pluralidades del espacio geográfico.
·         Da a conocer características esenciales del medio físico-natural  y socioeconómico en el territorio considerado; señala restricciones, conflictos y problemas de carácter socioterritorial, y establece las potencialidades y oportunidades que brinda el conjunto de recursos existentes. 
·         Presenta la visión sobre una nueva realidad socioterritorial.
·         Establece objetivos a alcanzar, las estrategias para abordarlos y el conjunto de acciones de programación para lograrlos, que serán objeto de actuaciones de gestión por parte de las instituciones del Estado.
·         Indica los mecanismos de gestión y la responsabilidad de los actores institucionales y sociales para poner en marcha las acciones de programación y su posterior control.
            Esta estrategia diseñada por el Gobierno Nacional se sustenta en la búsqueda de cinco equilibrios
Equilibrio Económico: Se orienta a desarrollar un modelo económico que permita la producción global de riqueza y la justicia en su disfrute, es decir la construcción de una sociedad equitativa, justa y próspera, para lo cual es necesario establecer una economía humanista, autogestionaria y competitiva.
Equilibrio Social: Se orienta, no sólo a corregir las enormes diferencias que afectan a nuestra sociedad con su gran carga de exclusión e injusticia social sino, también, al desarrollo pleno del ciudadano en los aspectos relativos al ejercicio de la democracia.
Equilibrio Político Institucional: Se orienta a promover la transformación del marco institucional dentro del cual los actores políticos, sociales y económicos hacen sus planes y toman sus decisiones.
Equilibrio Territorial: Se orienta a desarrollar un modelo de ocupación del territorio mediante la estrategia de descentralización desconcentrada, a partir del potencial y las restricciones ambientales y culturales del mismo.
Equilibrio Internacional: Se orienta a lograr la adecuada inserción de Venezuela en el ámbito internacional.

El Análisis de Coherencia Interna
      El conjunto de organismos del Estado con responsabilidad en la investigación, planificación, ejecución, control y promoción en materia territorial y ambiental, conforman los diferentes ámbitos y niveles de actuación administrativa que concurren en la orientación, instrumentación y gestión del proceso y le proporcionan la base de legislación del Estado para actuar conforme a las funciones, atribuciones y competencias asignadas. Es claro que las acciones derivadas de la actuación administrativa del Estado deben estar en un todo conformes a los intereses de la sociedad en su conjunto.

      En el caso de Venezuela, el organismo rector de la política socioterritorial y ambiental es el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales que se apoya en la participación de otros entes ministeriales.

      En el ámbito provincial son las Gobernaciones de los Estados los entes responsables de actuar de manera concurrente con los organismos nacionales y en atención a lo pautado en los planes de ordenación del territorio para esos ámbitos.

      En el ámbito local, es el municipio el que tiene la responsabilidad de actuar en los procesos de ordenación del territorio con un todo y de manera concurrente en la protección, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.
Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio
Artículo 22 °
La Comisión Nacional de Ordenación del Territorio, durante la etapa de  elaboración del plan, incorporará a sus discusiones, conforme lo determine el  Reglamento, a representantes de los organismos públicos y privados  nacionales, regionales, estadales y municipales, así como la comunidad  organizada, que integren los diferentes sectores interesados, según los casos. Con el objeto de garantizar la participación de todos los niveles de la Administración Pública y de la colectividad en general, en la elaboración del plan, la Secretaría Técnica adelantará un proceso de consulta durante la elaboración del proyecto. 
Lo que pretende la normativa es socializar la gestión de las políticas públicas para que cada autoridad actúe con competencias, jurisdicción y, sobre todo,  de forma coordinada de acuerdo con las líneas estratégicas planteadas en el plan nacional de desarrollo
Dentro del proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001-2007, el Ministerio de Planificación y Desarrollo se propuso la reactivación de dichos Organismos Regionales de Desarrollo para orientar la actividad de planificación en aquellos ámbitos que sobrepasan las competencias de los gobiernos estadales y locales, a objeto de coordinar y compatibilizar los requerimientos de los diferentes estados y municipios con los de la Nación. Al atender varios estados, los ORD adquieren un carácter dinámico  en este caso, las regiones se agruparon, fundamentalmente, a efectos de la nueva estrategia territorial, en conocimiento de que existen diferencias entre la regionalización establecida en el instrumento legal vigente en la materia -Decreto Nº 478 del 08-01-80- y la propuesta que se presenta en este documento. Las competencias de tales organismos incluyen las siguientes:
Planificación del Desarrollo Regional: Elaboración de planes, programas y proyectos regionales de desarrollo, con la consecuente captación y/o asignación de recursos, a través de diferentes fuentes de financiamiento.
Promoción del Desarrollo Regional: Instrumentación de estrategias para la promoción de las ventajas comparativas y oportunidades para la inversión regional, haciendo énfasis en los sectores dinamizadores y el estímulo de las fuerzas desconcentradoras. Igualmente, promover el intercambio entre los diferentes actores regionales, nacionales e internacionales que contribuyan con el establecimiento de diversas iniciativas de desarrollo regional.
Investigación, Evaluación y Seguimiento: Generación y difusión de conocimiento sobre las ventajas, potencialidades y oportunidades de las regiones, mediante la elaboración de estudios y la evaluación de planes, programas y proyectos regionales de desarrollo que garanticen su factibilidad económica, social y ambiental. Igualmente, mantenimiento de un banco regional de proyectos y monitoreo constante de proyectos que se estén ejecutando, para determinar el cumplimiento de las metas y medir los resultados obtenidos.
Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica: Formación de recursos humanos para la planificación del desarrollo regional y el desempeño en la transferencia de funciones en gobernaciones y alcaldías.
Coordinación de Entes Ejecutores y Comunidades: Coordinación de recursos, competencias y acciones del sector público y privado para el logro de objetivos comunes a los diferentes organismos y comunidades de los estados y municipios de las regiones, en función del Plan Nacional de Desarrollo.
A los efectos de este Plan, se  trabajó coordinadamente con los Organismos Regionales de Desarrollo.
En el marco del trabajo coordinado con los Organismos Regionales de Desarrollo, como parte del proceso de elaboración del Plan, se diseñó e instrumentó un mecanismo de trabajo  en el cual se destaca la participación activa de los actores claves de cada una de las regiones.
El Proceso de Consulta se desarrolló en dos fases. Una primera fase de diagnóstico, en la cual los actores clave definieron los problemas fundamentales y construyeron una visión compartida de la región para los próximos 20 años. Y una segunda fase, en la cual los actores clave y los ORD se reunieron nuevamente para validar las estrategias propuestas y determinar la prioridad de cada una de las acciones.
Esta es una nueva concepción del proceso de participación, donde la contribución democrática de los sectores involucrados y el nuevo rol de los ORD son claves para articular los planes nacionales, regionales, estadales y municipales que den respuesta a las necesidades sentidas de la población.
A los fines de la elaboración de los planes regionales, se realizó el análisis de cada región a partir de los cinco equilibrios, lo cual permitió ir construyendo -desde un enfoque sistémico- las interpretaciones compartidas por los diferentes actores. Con este proceso de consulta se materializó el precepto constitucional de la democracia participativa y se abrió un nuevo capítulo en la forma de concebir la elaboración de los
Planes de Desarrollo Regional.
En el contexto del desarrollo regional, el Sistema de Planificación de Inversiones tiene por objeto ofrecer tanto al sector gubernamental como a la población del país, un instrumento orientador de las decisiones para lograr una coherencia entre los planes de desarrollo regional y los planes sectoriales, a fin de que estos resulten en un conjunto de inversiones operativas que coadyuven al logro del desarrollo sustentable al cual hace referencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001-2007 incluye proyectos de diferentes niveles de puesta en marcha temporal, es decir, que se proyectan en términos de ejecución de corto, mediano y largo plazo.
La formulación de este plan se llevó a cabo con el concurso activo de las instancias especializadas de los organismos regionales de desarrollo, con el apoyo de algunas de las instituciones adscritas al Ministerio de Planificación y Desarrollo, de las Direcciones de Planificación de los diferentes Ministerios que integran la Administración Pública central y descentralizada y, de manera relevante, con la participación de los representantes de la sociedad civil.
Los proyectos incluidos en este Documento-Plan reflejan las propuestas presentadas en cada una de las consultas públicas, realizadas para tal fin.

Análisis De Compatibilidad Entre Planes  (Plan De Ordenamiento Territorial Y Plan De Desarrollo Económico Social)
El Plan Nacional de Ordenación del Territorio decretado el 30 de Octubre de 1998 se considera como una certera iniciativa, y su contenido es insumo de esta propuesta en aquellos aspectos que contribuyen con los objetivos perseguidos y la estrategia de descentralización desconcentrada
Los antecedentes del Plan Nacional de Desarrollo Regional, PNDR, 2001-2007 se encuentran en la propuesta contenida en el Programa de Gobierno presentado por el Presidente Hugo Chávez Frías en 1998 y en los logros alcanzados a partir de la toma de posesión en febrero de 1999, los cuales se expresan en el Programa Económico de Transición 1999-2000 y en el Programa Económico Nacional 2000.
El Plan de Ordenación del Territorio del estado debe ser un instrumento de concertación y consenso, lo suficiente amplio, para albergar y compatibilizar las propuestas de todos los actores sociales y garantizar el compromiso para la consecución del desarrollo sostenible, mediante su articulación orgánica con el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, con los Lineamientos Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2007 – 20013, con el Plan Nacional de Desarrollo Regional y con todo el Sistema de Planificación Nacional, que le permita contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país.
Análisis De Conflicto Socio Territoriales
La descentralización política y administrativa, así como el afianzamiento de un proceso de desarrollo económico más equilibrado en su distribución territorial, que el logrado hasta el presente, constituyen demandas profundamente arraigadas en la sociedad venezolana. Los denominados desequilibrios territoriales son, ciertamente, amenazantes realidades cuyas consecuencias afectan sensiblemente el desarrollo general del país.
En lo que se refiere a población, el 35% del total nacional se concentra en la Región Central; si se añaden las cifras correspondientes a las regiones Occidental, Centro Occidental y Oriental, se alcanza una concentración del 87%, mientras que en las regiones Los Llanos y Guayana se concentra sólo el 13%, a pesar de que son las de mayor territorio.
La excesiva concentración y la poca atención a la acción planificadora del Estado venezolano es una problemática que está en la raíz de la casi totalidad de los problemas económicos, políticos y sociales que enfrenta el país. Previamente, la inclinación al análisis de los fenómenos urbano-regionales en el contexto físico, con evidente abstracción o insuficiente tratamiento de los parámetros económicos, socio ambiental y políticos en su expresión territorial, condujo a la formulación de escenarios irreales e imágenes objetivo utópicas, que frustraron los sinceros esfuerzos de planificación del territorio nacional.
Surge, dentro de este panorama, la necesidad de profundizar el proceso de descentralización mediante una estrategia desconcentradora. Es necesario, entonces, aprovechar, a través de la descentralización, las potencialidades del país para lograr una distribución más equilibrada y sostenible de las actividades productivas, las inversiones y la población en el territorio nacional.

Conclusión
En vista de todo lo estudiado anteriormente se puede llegar a la conclusión de decir que  El Plan de Ordenación del Territorio es una política de Estado porque el proceso se articula a instrumentos de orden administrativo, legal y político-institucional, y a estudios para la acción y la gestión. Implica, además, la toma de decisiones para intervenir una realidad, los mecanismos de gestión y los instrumentos de evaluación y ajuste, de manera que sea pertinente y se mantenga vigente. En este proceso, que exige la participación de los diferentes actores del sector público y de la sociedad civil, se configura su naturaleza técnica, sociopolítica, económica, cultural y administrativa.
Es un proceso planificado porque se articula a varios momentos o etapas de planificación: diagnóstico operativo de validación, que implica la generación de un conocimiento adecuado a la realidad socioterritorial y ambiental; la prospectiva o visión a futuro; el diseño de acciones de intervención de esa realidad; la definición de los mecanismos de gestión y los instrumentos de evaluación y ajustes, de manera que el proceso sea pertinente y se mantenga vigente.
Es de naturaleza técnica debido a que requiere el manejo riguroso de fundamentos teóricos, de procedimientos y técnicas para conocer los hechos de la realidad socioterritorial y ambiental, prospectar las posibles situaciones futuras, configurar el diseño de acciones de intervención sobre la base de sustentación ecológica y sobre los procesos socioeconómicos que la afectan, y establecer los mecanismos de ejecución y control.
El instrumento básico del proceso técnico es el Plan de Ordenación Territorial Ambiental, elaborado a partir de la constitución de un equipo interdisciplinario, del manejo de una base documental, gráfica, cartográfica y estadística, de generación de información, así como del sondeo de opinión y de conciliación de criterios de diferentes actores sociales vinculados a cada uno de los momentos en que se desenvuelve el proceso, que en esencia debe ser consensual - participativo para evitar los enfoques tecno-burocráticos y, por supuesto, teniendo como marco de referencia la normativa legal y las estructuras institucionales existentes.
Es de naturaleza sociopolítica, por cuanto al ser concebida como política del Estado, concierne a toda la sociedad, e involucra a diversos agentes y organizaciones sociales que actúan en la realidad considerada. La acción política de someter a dirección, promoción y control una realidad socioterritorial y ambiental asentada en un territorio, constituye un mecanismo de legitimación del Estado para ampliar sus bases sociopolíticas.
En este contexto, el Estado es el principal agente que define, formula, ejecuta y controla las políticas de desarrollo, la política de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y las acciones de intervención. Ello lo hace en representación de grupos y organizaciones sociales que responden a ciertos intereses compartidos.
Es de naturaleza económica porque interviene sobre la estructura de la base económica al asignar usos del territorio y orientar la localización de las actividades productivas. Asimismo, lideriza la asignación de recursos y propugna la integración de las propuestas de intervención con los programas presupuestos de los organismos responsables de instrumentar la acción que el Estado diseña en los instrumentos en que las organiza: los planes. Es la articulación del proceso de planificación con las estructuras presupuestarias, financieras y administrativas del Estado lo que fortalece su viabilidad económica. Implica, además, plantear opciones para expandir el potencial productivo nacional, la forma en que se asignan los recursos económicos, la localización de actividades productivas, los procesos científico-tecnológicos y el resguardo de la base patrimonial natural.
Es de naturaleza cultural por cuanto debe responder al conjunto de valores que conforman la base de la cultura nacional y local, a deseos, sentimientos y aspiraciones de las comunidades afectadas por el proceso; a opciones entre objetivos individuales y colectivos y a un conocimiento científico y tecnológico que se adecue a las exigencias de la sociedad y de su base de sustentación ecológica y a las condiciones y cualidades de las estructuras socioeconómicas asentadas en un territorio.
Es de naturaleza administrativa por cuanto el proceso está inserto en una estructura político-institucional para la gestión y el control territorial - ambiental, se fundamenta en una normativa jurídica de carácter general y específica, según los alcances y ámbitos del proceso, y lo avala la asignación y disponibilidad de recursos que se establecen en el instrumento administrativo básico: el presupuesto y las fuentes de financiamiento.
En relación con la disponibilidad y asignación de recursos, es el presupuesto y las fuentes de financiamiento los que le otorgan, en buena medida, la base sobre la cual se sustenta su factibilidad de ejecución.
Desde la perspectiva institucional, exige la estructuración de un sistema administrativo conformado por diversos entes sometidos al poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en diferentes ámbitos territoriales.
Desde el punto de vista jurídico, las leyes y normas definen el carácter vinculante del proceso de ordenación territorial  ambiental y de su instrumento el plan con la actuación del poder público. Sin embargo, en las leyes no puede desconocerse los principios básicos de un régimen democrático en cuanto a derechos y garantías se refiere. En consecuencia, el proceso de ordenación territorial ambiental y su instrumento  el plan difícilmente pueden ser compulsivo para el sector privado, y menos aún cuando las leyes no son siempre precisas, ni responden a las múltiples particularidades que encierran realidades socioeconómicas muy dinámicas, unidades territoriales muy diversas y estructuras ecológicas singulares.
Las características que conforman la esencia del proceso se encuentran articuladas por un eje conductor, que es la toma de decisiones. El proceso de ordenación territorial - ambiental se inicia por una decisión del poder público; el proceso mismo constituye una secuencia de decisiones articulados a los diversos instrumentos y momentos en que se desenvuelve y, a su vez, sus resultados desencadenan un proceso decisional que afecta a toda la sociedad y a la base de sustentación ecológica. Desde la perspectiva técnico-política, es un proceso que parte de la decisión de generar un conocimiento adecuado de una realidad socioterritorial y ambiental que se desea intervenir, a partir del cual se facilita la selección de medios, instrumentos y alternativas que se concretan en el diseño de acciones para hacer más eficiente el establecimiento de medidas, la asignación de recursos y las inversiones, para de esa manera alcanzar ciertos objetivos.
Por afectar a la sociedad en su conjunto, el proceso debe interrogarse por las consecuencias de las decisiones tomadas, por su legitimidad sociopolítica y por el grado de aceptación de quienes resultan involucrados. Surge la participación social y la validación pública de resultados como los necesarios avales de todo proceso de ordenación territorial ambiental.


  

Referencias Bibliográficas

·         Proyecto De Ley Orgánica Para La Ordenación Y Gestión Del Territorio
·         Ley Orgánica Del Ambiente .Caracas, viernes 22 de diciembre de 2006
      No. 5.833 Extraordinario

·         Líneas Generales Del Plan De Desarrollo Nacional Económico Y Social De La Nación 2001-2007
·         www.minci.gob.ve/
·         www.gobiernoenlinea.ve/.../DesarrolloRegional.
·         www.minamb.gob.ve
·         www.vitalis.net/actualidad
·         www.asambleanacional.gob.ve
·         www.un.org/esa/agenda21
·         http://Cont:ejeorinocoapur@yahoo.es/w

















1 comentario:

  1. buenazo tu blog no sabes lo mucho que me ayudo no encontraba esta información en ningún lugar y de aquí los saque todo. muchas gracias Yoli

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