Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan. Yo me haré morir con los pocos que me acompañan porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos. (Augusto César Sandino).

sábado, 12 de noviembre de 2011

Relación Jurídico Administrativa


Introducción

La relación jurídico administrativa queda constituida como el vínculo intersubjetivo que se establece para la regulación del bien común, de acuerdo con las exigencias de la justicia distributiva, generando un intercambio proporcional de prestaciones recíprocas entre el sujeto deudor  y el sujeto acreedor.
En esta investigación se tocaran puntos muy importantes del Derecho Administrativa, como es la relación jurídico administrativa, su estructura, el derecho subjetivo, privado y público, el interés legítimo y responsabilidad administrativa.
La importancia de este trabajo es saber todo lo relacionado al Derecho Administrativo, sus funciones y los beneficios que pueden tener la administración y el administrado, ambos sujetos con deberes y obligaciones.

Relación Jurídico Administrativa

Relación jurídica
La noción de relación jurídica, en cuanto concepto común para todas las ramas del derecho es definida como "aquella relación intersubjetiva que enlaza elementos del ordenamiento jurídico y que produce efectos jurídicos".
Este concepto recibe matices según sea la naturaleza de la especial relación de alteridad a la que se aplica. Por consiguiente, cada rama del derecho incorporará su propia perspectiva al concepto expuesto.
Relación jurídico administrativa
La relación jurídica administrativa queda constituida como el vínculo intersubjetivo que se establece para la regulación del bien común, de acuerdo con las exigencias de la justicia distributiva, generando un intercambio proporcional de prestaciones recíprocas entre el sujeto deudor (Administración Pública centralizada o descentralizada) y el sujeto acreedor (el administrado), suponiendo un vínculo de comparación con relaciones virtuales y la preexistencia accesoria de relaciones Interorgánica e interadministrativas, y sometido a un régimen jurídico exorbitante del derecho privado, sistematizado en el Derecho Administrativo.
La relación jurídica administrativa es expresión de una relación de justicia distributiva, en cuanto la virtud de la justicia que la rige es la distributiva, lo que viene impuesto por la naturaleza del sujeto obligado y del objeto del acto justo
En la relación jurídico administrativa siempre hay una constante retroalimentación, la administración pública tiene un poder totalmente delegado por la ley, la autonomía de la voluntad de la administración está predeterminada por el ordenamiento jurídico, lo mismo sucede con los particulares que se relacionan con la administración.
            Cuando la administración delega unas funciones en una empresa, no lo hace en beneficio de la misma, sino en beneficio del interés público. Cuando la administración lo hace en beneficio de una empresa o de un particular y no de interés público, el Acto se hace anulable por desviación de poder, que es el vicio más grande que puede tener el Acto Administrativo (A.A.).
 Art. 259 CRBV: “La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder...”.
Características de la relación jurídico administrativa:
·                     Es dinámica porque depende del interés colectivo. Es mutable.
·          Es predeterminada por la ley, es legal.
·                     En estas relaciones el principio de “pacta sunt servanda” sufre una variación
En Derecho  Administrativo la excepción es que el “pacta sunt servanda” puede verse afectado, porque cuando la ley autorice a la administración para que no cumpla, ésta no tendrá que cumplir. Ej. El Art. 82 LOPA: “Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular, podrán ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior jerárquico”.
Las partes en una relación jurídico administrativa
Las partes importantes en una relación jurídico administrativa son: La administración y el administrado, ambos sujetos con deberes y obligaciones. Los terceros que forman parte de estas relaciones son la colectividad. Estas relaciones se caracterizan porque se da mucha importancia al interés colectivo y éste predetermina las partes en la relación jurídico administrativa.
Estructura De La Relación Jurídico Administrativa
  • Sujetos: los individuos que se relacionan, ya sean personas físicas o jurídicas. Se determinan dos posiciones:
Una de poder, en la que se otorgan unos derechos al sujeto activo que le legitiman para reclamar una conducta determinada a favor del cumplimiento de sus derechos, ya sean por medio de:
- Derechos subjetivos: facultades sobre la exigencia de ciertas conductas o sobre una cosa en beneficio particular.
- Potestades: autoriza a una persona para que la patria potestad de los padres sobre sus hijos menores de edad actúe en interés de la parte sometida.
- Derechos potestativos: por voluntad unilateral la relación se puede ver alterada, modificada o destruida (celebrar/anular un contrato, modificar…)
- Representante: actúa por cuenta y en nombre de otras personas.
Una de deber, la obligación o subordinación por el cumplimiento de los derechos del sujeto activo.
  • Objeto: parte de la realidad social limitada por la relación, concretada en los intereses y bienes, ya especificados en una clasificación anterior.
  • Contenido: conjunto de derechos y deberes que se reparten entre los sujetos activos y pasivos.
Sujetos de la relación jurídica administrativa:
Pueden ser sujetos de la relación jurídico administrativa: La República, los estados, los municipios, las universidades, los institutos autónomos, las empresas del estado, las sociedades públicas, las sociedades públicas, las compañías anónimas y sociedades civiles que por ley puedan dictar Actos Administrativos de autoridad.
Sujeto deudor: administración centralizada y/o descentralizada.
Sujeto acreedor: el administrado.

Si bien el administrado es el sujeto pasivo de la potestad administrativa, tiene el carácter de sujeto acreedor desde el punto de vista de la relación de justicia distributiva. El administrado es también un colaborador necesario de la Administración
Pública, debido a que la realización del bien común sólo se logra mediante su justa distribución en el ejercicio de la virtud de la justicia distributiva
Los Sujetos en principio, sólo pueden dictar actos administrativos (AA) las personas creadas por el ordenamiento jurídico. La principal persona pública es la república que viene a ser el sujeto activo en la relación jurídico administrativa, la importancia de la personalidad radica en que aquellos organismos que tengan personalidad pueden ser demandados en caso de que vulneren los derechos de un administrado.
Otras personas activas en la relación jurídico administrativa son las personas privadas que tengan atribuida por ley la competencia de dictar Actos Administrativos  (estos actos son susceptibles de impugnación ante los tribunales contenciosos). Las personas naturales nunca pueden dictar AA.
La parte más importante en estas relaciones es el administrado, quien debe ser servido por la Administración Pública. El administrado es sujeto pasivo y activo al mismo tiempo. Es sujeto activo porque puede reclamar el cumplimiento de la ley por parte de la Administración Publica, él es además, el creador de la ley.
Derecho subjetivo
Un derecho subjetivo nace por una norma jurídica, que puede ser una ley o un contrato, a través de un acuerdo de voluntades para que pueda hacerse efectivo este derecho sobre otra persona determinada.
La cara contrapuesta de un derecho subjetivo es una obligación. Todo derecho supone para una o más personas una obligación de respetarlo, ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer).
En el derecho subjetivo la utilidad es directa e inmediata.
El derecho subjetivo será público o administrativo si la esfera del obrar lícito o la expectativa de obtener una determinada prestación, tiene como término a la Administración Pública.
En la doctrina nacional, Linares sostiene que derecho subjetivo es la libertad o facultad jurídica de señorío de un sujeto de exigir o no exigir, administrar o disponer, como titular, acerca de la prestación puesta a cargo del sujeto obligado por una norma jurídica.
Caracteriza a ésta facultad de señorío, constituir una facultad de un titular diferenciado, de exigir o no exigir de alguien, como sujeto obligado diferenciado, una prestación diferenciada.
Clasificación
1.        Atendiendo a la conducta debida, se distingue entre derechos subjetivos a la conducta ajena o propia:
·         A la Conducta Propia: Hacer / Omitir (no hacer)
·         A la Conducta Ajena: Exigir una conducta positiva (que se haga algo) o negativa (que no se haga algo)
2. Atendiendo a su efecto, se distingue entre derechos subjetivos relativos o absolutos:
·         Derecho Subjetivo Relativo: Se hacen valer ante otra persona o personas concretamente identificadas.
·         Derecho Subjetivo Absoluto: Se hacen valer ante todas las personas que integran la sociedad.
3. Atendiendo a su régimen jurídico, se distingue entre derechos subjetivos públicos y privados:
·         Públicos: conjunto de facultades que se hacen Valer frente al estado y representan una serie de limitaciones que el Estado se impone a sí mismo.
·         Privados: Facultades que se ejercen en las relaciones de los particulares entre sí o con el Estado, cuando éste no actúa en su carácter de ente soberano.
El Derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas (jurisdiccionales, administrativas, según la naturaleza del órgano que las ejerce) y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, y de los órganos de la Administración pública entre sí.
La característica del derecho público, tal como lo señala el prestigioso autor jurídico Julio Rivera, es que sus mandatos no se encuentran sujetos a la autonomía de la voluntad que pudiesen ejercer las partes (es decir «no» pueden ser modificados por las partes en uso legítimo de su autonomía de la voluntad, como sí ocurre en el Derecho Privado). Son mandatos «irrenunciables y obligatorios», en virtud de ser mandados en una relación de subordinación por el Estado (en ejercicio legítimo de su principio de Imperio). La justificación es que regulan derechos que hacen al orden público y deben ser acatados por toda la población
El Derecho privado es la rama del Derecho que se ocupa preferentemente de las relaciones entre particulares. También se rigen por el Derecho privado las relaciones entre particulares y el Estado cuando éste actúa como un particular, sin ejercer potestad pública alguna (es, por ejemplo, el caso de las sociedades o empresas con personalidad jurídica propia creadas según las normas de Derecho mercantil y en las que el Estado o sus organismos autónomos ostenten un poder decisorio).
El Derecho privado se suele contraponer al Derecho público, que es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos y de los poderes públicos entre sí.
Interés legítimo
Los intereses legítimos son situaciones en que se encuentran determinados ciudadanos en relación con una administración pública. Un ciudadano tiene un interés legítimo cuando la administración pública le causa un daño, perjuicio o beneficio en su esfera personal. El interés legítimo sirve, para el que lo tiene, para intervenir en el procedimiento administrativo y para recurrir las decisiones administrativas bien frente la propia administración o ante jueces integrantes del poder judicial
El interés legítimo es la facultad de señorío de un titular no particularizado, sino como integrante de un grupo de sujetos, diferenciables dentro de la comunidad, que, como titulares, pueden exigir a un sujeto obligado, que es el Estado, ciertas calidades de legitimidad de los actos administrativos, de sus órganos, incluso por acciones o recursos judiciales. O sea que da utilidad impugnativa procesal
La doctrina del Tribunal Supremo sobre interés legítimo y la posibilidad de recurrir actos de la administración
La Sentencia de 16 de Diciembre de 2008 ofrece algunas ideas respecto de cuándo se pueden recurrir los actos administrativos que benefician a un competidor
Antecedentes
Esta Sentencia trata sobre si el denunciante de una infracción administrativa cometida por otra puede recurrir ante los Tribunales si la administración decide no iniciar un expediente sancionador. El Tribunal repasa su doctrina relativa a quién puede interponer un recurso contencioso-administrativo contra actos de la administración, un tema que hoy afecta especialmente a las compañías que quieren recurrir la concesión de autorizaciones de comercialización a sus competidores genéricos. La sentencia niega el derecho del denunciante a recurrir ante los Tribunales, pero al repasar la doctrina sobre el interés legítimo ofrece algunas ideas interesantes.
Para recurrir es necesario un interés legítimo
La regla básica es que pueden interponer recursos judiciales contra actos administrativos quienes tienen un interés legítimo en el caso en cuestión. El concepto de interés legítimo es más amplio que el de interés directo que se exigía hace unos años, y debe valorarse caso por caso.
La jurisprudencia señala que ostentan interés legítimo en un caso quienes se encuentran en una situación jurídica individualizada, distinta de la situación jurídica que otros ciudadanos pueden tener respecto de la misma cuestión. El Tribunal añade que existe interés legítimo cuando la estimación del recurso produce un beneficio o evita un perjuicio a la persona que lo interpone. El beneficio o perjuicio debe ser cierto y efectivo, pero no es necesario que sea inmediato.
Aplicando estas ideas a los procedimientos sancionadores, el Supremo considera que normalmente la imposición de una sanción al denunciado no produce un efecto positivo para el denunciante; pero reconoce que en algunos casos puede ocurrir que el inicio de un expediente sancionador sí beneficie al denunciante (por ejemplo, si la sanción le permite reclamar una indemnización al denunciado). En estos casos, el denunciante tendrá legitimación para recurrir.
En el caso de compañías que quieren recurrir la concesión de autorizaciones a sus competidores genéricos, es indudable que la decisión administrativa les afecta de forma real y efectiva; y que se encuentran en una situación distinta de la del resto de compañías aunque sólo sea porque son los datos contenidos en sus dossiers de registro los que se utilizan para autorizar el genérico y por el efecto que se deriva de las reglas de la sustitución.
Conviene también recordar, por otro lado, que el mismo tema puede afectar en un futuro próximo a las compañías de genéricos que quieran cuestionar el otorgamiento de un año adicional de protección de datos a una indicación que supuestamente aporta un beneficio clínico significativo en comparación con las terapias existentes. En fin, que nadie se crea que defendiendo hoy la postura que más le conviene a corto plazo está asegurando su futuro.

Responsabilidad Administrativa
La responsabilidad administrativa es la consecuencia para un sujeto de la violación de una norma del ordenamiento administrativo no estatutario que tiene una consecuencia primaria de carácter no corporal, generalmente pecuniario, con lo cual estamos recordando que, a tal sanción pueden acumularse otras, incluso, de mayor trascendencia para el afectado.

En la Constitución de 1999, se incluyó una norma expresa en la materia, con el siguiente texto:

Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores

Artículo 140: El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública.

De la expresión “funcionamiento de la Administración Pública” se admite que la responsabilidad del Estado se puede originar cuando la lesión se derive tanto del “funcionamiento normal” como del “funcionamiento anormal” de la Administración Pública.
Por otra parte, se observa de esta norma que la responsabilidad es del “Estado”, es decir, de las personas jurídicas estatales, en particular, de la República, de los Estados y de los Municipios en sus respectivos niveles territoriales, por el funcionamiento de sus Administraciones Públicas.
En cuanto a la expresión “Administración Pública” utilizada en este artículo, en todo caso, debe interpretarse conforme se utiliza la expresión en el Título IV de la Constitución, donde está ubicada, abarcando no sólo la Administración Pública conformada por los órganos que ejercen el Poder Ejecutivo, en los tres niveles político territoriales, sino la conformada por los órganos que ejercen el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, así como la Administración Pública que constituye la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia y las unidades administrativas de la Asamblea Nacional.
La redacción de la norma, sin embargo, no permite su aplicación a los casos de responsabilidad del Estado legislador, causada, por ejemplo, al sancionar una ley.
El principio de la responsabilidad patrimonial del Estado por la actividad de la Administración Pública, por otra parte, lo reitera el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
“La Administración Pública será responsable ante los particulares por la gestión de sus respectivos órganos, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los funcionarios por su actuación.
La Administración Pública responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares, siempre que la lesión sea imputable a su funcionamiento.

Fundamento de la responsabilidad administrativa
La responsabilidad administrativa deriva de la potestad sancionatoria, que es la facultad de la Administración de establecer penalidades no corporales por la violación del ordenamiento administrativo.
Los elementos constitutivos de la responsabilidad administrativa latu sensu
·         La responsabilidad administrativa es una situación desfavorable en la cual un sujeto es colocado, como consecuencia de su conducta violatoria de una regla propia de la materia competencia de la Administración en la esfera de las llamadas normas de acción, las cuales se distinguen de las normas de relación (vínculos bilaterales) y de las normas internas y organizativas.
·         El control se efectúa a través de un órgano administrativo.
·         Se hace efectiva mediante un procedimiento administrativo que concluye en un acto administrativo.
·         El acto que agota la esfera administrativa es recurrible por vía jurisdiccional ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
·         Implica una pena no corporal que, generalmente se traduce en una multa o amonestación.
·         Deriva para el administrado de la violación de una regla de conducta tutelada por la Administración, establecida en una norma general.
·         No presupone necesariamente, como es el caso de la responsabilidad disciplinaria, la existencia de un vínculo anterior permanente.

Conclusión

La relación jurídica administrativa es expresión de una relación de justicia distributiva, en cuanto la virtud de la justicia que la rige es la distributiva, lo que viene impuesto por la naturaleza del sujeto obligado y del objeto del acto justo.
La estructura de la relación jurídico administrativa es el  Sujetos, el objeto y el contenido
Un derecho subjetivo nace por una norma jurídica, que puede ser una ley o un contrato, a través de un acuerdo de voluntades para que pueda hacerse efectivo este derecho sobre otra persona determinada. Atendiendo a su régimen jurídico, se distingue entre derechos subjetivos públicos y privados:
Públicos: conjunto de facultades que se hacen Valer frente al estado y representan una serie de limitaciones que el Estado se impone a sí mismo.
Privados: Facultades que se ejercen en las relaciones de los particulares entre sí o con el Estado, cuando éste no actúa en su carácter de ente soberano.
Los intereses legítimos son situaciones en que se encuentran determinados ciudadanos en relación con una administración pública. Un ciudadano tiene un interés legítimo cuando la administración pública le causa un daño, perjuicio o beneficio en su esfera personal.
La responsabilidad administrativa es la consecuencia para un sujeto de la violación de una norma del ordenamiento administrativo no estatutario que tiene una consecuencia primaria de carácter no corporal


Referencias Bibliográficas


Fuentes de Internet
·         www.monografias.com › Derecho
·         www.iesa.edu.ve/postgrados
·         www.jurisprudencia.gob.s
·         es.shvoong.com
·         iesdolmendesoto.org/wiki/
·         wikipedia.org
·         www.buenastareas.com

Instrumento Jurídico
·         Constitución De La Republica Bolivariana De Venezuela
·         Ley orgánica de la administración pública

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