Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan. Yo me haré morir con los pocos que me acompañan porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos. (Augusto César Sandino).

martes, 11 de octubre de 2011

Principio del Debido Proceso


Introducción

El presente trabajo tendrá por objeto el análisis  de Los principios limitadores del derecho penal la cual es  aquellas partes de la doctrina que  controla el Estado de Derecho El objetivo de los principios es la reducción del poder punitivo de los estados.
            El Código Orgánico Procesal Penal es una forma de garantizar el derecho a través del IUS PUNIENDI del Estado, donde se dignifican los Derechos Humanos, el debido proceso, el estado de libertad y la afirmación de la misma como principios básicos e ineludibles en todo Estado de Derecho.
El debido proceso penal, con todos y cada uno de los derechos y garantías que lo componen, es una exigencia inexorable del proceso penal en un Estado social y democrático de Derecho y de Justicia, en el que debe respetarse ante todo a la persona individualmente considerada con la dignidad que le es inherente y donde debe establecerse de la forma más explícita posible en qué forma puede llegar a sancionarse penalmente a los ciudadanos
El principio de irretroactividad de la ley se traduce, de forma genérica, en que la ley penal no puede ser aplicada a hechos anteriores a su promulgación


Principio del Debido Proceso

El Estado en su función de garante y protector de la administración de justicia debe tener como objetivo fundamental la garantía de la libertad del individuo, esta garantía además debe estar respaldada por un debido proceso y el derecho a la defensa. En toda esta responsabilidad igualitaria para todos los ciudadanos, que tiene el Estado para que el individuo como elemento fundamental de la sociedad pueda desenvolver sus actividades libremente, siempre y cuando su comportamiento esté acorde con las normas reguladoras que el Estado impone, están las normas reguladoras de tipo constitucional.
Frente a estos principios que limitan la función del Estado en la búsqueda de una información que esté vinculada en algún hecho, donde el individuo tenga una supuesta participación y haya transgredido las normas establecidas, existen algunas consideraciones que el mismo Estado como garante de la acción penal, ejercida a través del Ministerio Público, debe tener en cuenta, y fundamentarla en las formas lícitas y legales que deben guardarse en el logro de la búsqueda de esa información, que conlleve a la veracidad de algún hecho.
Todas estas garantías procesales y legales están plasmadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales debidamente suscritas por la República, en el Código Orgánico Procesal Penal y en otras leyes especiales vinculadas en forma directa o indirecta con as actividades individuales. Todo esto viene a conformar una plataforma legal donde descansan todas estas garantías por parte del Estado hacia el individuo y que le permitan el respeto a la dignidad humana.
Actualmente con el nuevo Código Orgánico Procesal Penal, se puede hablar de las "Garantías del Debido Proceso", que van desde el Articulo 1 al 22 que no son más que el conjunto de condiciones necesarias para la validez del mismo, condiciones estas que deben cumplirse y atenderse para asegurar la adecuada defensa de los derechos ciudadanos, dentro de estas garantías se encuentra el de poder contar con todas aquellas pruebas o medios de prueba que puedan ayudar a dilucidar la comisión de un hecho punible y aplicarle al culpable su respectiva sanción, esto constituye el fin del proceso.

Diferentes concepciones del Principio del Debido Proceso

Es un principio jurídico procesal o sustantivo, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. ".  
Para Díaz (2004) el derecho al debido proceso supone la sustanciación del juicio con arreglo a las garantías fundamentales de índole procesal, las cuales fundamentalmente protegen el derecho a la defensa, así como la certeza y seguridad jurídicas.
Bello y Jiménez (2004) plantean que el Estado debe garantizar el conjunto mínimo de garantías procesales sin lo cual el proceso judicial no será justo, razonable y confiable, garantías éstas que permiten la efectividad de la justicia, que aseguran el derecho material de los ciudadanos frente a los órganos de Administración de Justicia y que le establece limitaciones al poder ejercido por el Estado por medio de los tribunales para afectar a los ciudadanos.
Escovar (2001) argumenta que el debido proceso es el concepto aglutinador de lo que ha llamado derecho constitucional, que como principio constitucional alude a la suma de los derechos y garantías procesales consagrados en la Constitución que le permite al justiciable obtener una justicia pronta y efectiva.
En resumen puede definirse el derecho al debido proceso como un derecho individual de carácter fundamental integrado por un conjunto de garantías constitucionales procesales mínimas que permiten un proceso justo, razonable y confiable.

Etimología y Origen

El término Debido Proceso Penal procede del Derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión due process of law que en una traducción interpretativa significaría: debido proceso legal.
Los antecedentes históricos del derecho al debido proceso se encuentran en:
·        La Carta Magna Inglesa del Siglo XIII,
  En un primer momento se atribuyó valor y efecto constitucionales al principio del debido proceso legal como aún se conoce en la tradición británica y norteamericana: due process of law  (1215), o el law of the land…
“Ningún hombre libre deberá ser arrestado, o detenido en prisión, o desprovisto de su propiedad, o de ninguna forma molestado; y no iremos en su busca, ni enviaremos por él, salvo por el juzgamiento legal de sus pares y por la ley de la nación”
·        La Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia, a raíz de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, de 1776,
·        La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano, con ocasión a la Revolución Francesa de fines del Siglo XVIII; en la propia…
·        Declaración de los Derechos del Pueblo de Venezuela, en ocasión de la declaración de independencia de 1811;
“Artículo 16. Ninguno debe ser juzgado ni castigado, sino después de haber sido oído legalmente, y en virtud de una ley promulgada anterior al delito. La ley que castigue delitos cometidos antes que ella exista será tiránica. El efecto retroactivo dado a la ley es un crimen”
·         Las diferentes constituciones nacionales promulgadas en el Siglo XIX y XX
·         la manera como es concebida la Garantía en nuestro ordenamiento jurídico actual, tenemos que el desarrollo del derecho al debido proceso en la redacción del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene una mayor semejanza con:
·        La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (de Bogotá, 1948), donde quedó consagrado el derecho a un proceso regular:
“Se presume que todo acusado es inocente hasta que se pruebe que es culpable.
“Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos y de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas”.
El otro instrumento internacional que incluye  el derecho al debido proceso es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), cuyos artículos 10 y 11, rezan:
“Artículo 10.
“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
“Artículo 11.
1.- “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2.- Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”.
          Durante los años cincuenta esta evolución continuó con el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (Roma 1953). Venezuela suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU 1966), entrando en vigencia nacional en Enero de 1978, cuyo Artículo 14 describe en sus 7 numerales, in extenso,  dicho derecho, en sus vertientes fundamentales que nos interesan destacar:
Artículo 14
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.
5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.
6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país
            En el ámbito americano, el derecho al debido proceso quedó consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Costa Rica, 1969, ratificada y publicada por Venezuela, en Junio de 1977), cuyo articulado garantiza el referido derecho en similares términos a los indicado anteriormente, puntualizando  la admisión de la confesión como prueba (“…solamente es valida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza”…), reiterándose además que “El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”.

Pacto de San José Costa Rica. Convención Americana sobre Derechos Humanos

La finalidad de este Pacto es consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de la libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.
Hace referencia a los principios y garantías procesales en los siguientes artículos;
Artículo 7.- derecho a la libertad personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la Ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por si o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no límita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarias.
Artículo 9.- principio de legalidad y retroactividad.
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena mas grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la Ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.
 Habiendo citado estos pactos y convenciones, es de recalcar que de acuerdo al contenido del Artículo 23 Constitucional, a dicha normativa internacional ratificada por Venezuela, se le es otorgada una jerarquía constitucional, siendo ellas relativas a los derechos humanos, prevaleciendo inclusive en el orden interno “en la medida en que contengan normas más favorables a las establecidas en la propia Constitución y en las leyes”.
El debido proceso en la legislación venezolana
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 49 y 51; la Declaración Universal, artículos 10 y 11; Declaración Americana artículo 25; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 y la Convención Americana en su artículo 8, contemplan el derecho al debido proceso.
El Artículo 49 de la vigente Constitución reza:
“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas".
El artículo 51 ejusdem, señala:
“Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que:
El derecho al debido proceso se consagra como un derecho fundamental, tendente a resguardar todas las garantías indispensables que deben existir en todo proceso para lograr una tutela judicial efectiva. En este sentido, la Sala, mediante decisión del 15 de marzo de 2000, (caso: Enrique Méndez Labrador), señaló la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva

La naturaleza de las obligaciones internaciones del estado venezolano en materia del derecho humano al debido proceso.-
  Son compromisos que asumen los Estados frente a los demás Estados partes, y obviamente, frente a la comunidad internacional y cuyos sujetos beneficiarios de dichos compromisos son los individuos. De ello, que:
·        Aun imponiéndose a un Estado, el respeto al derecho al debido proceso, dicho proceso justo debe llevarse a cabo en la jurisdicción del Estado, sin irrespetarse la misma.
·        Es irrelevante que los elementos conformadores a la garantía al debido proceso  se encuentren o no establecidos en el ordenamiento interno, ya que de haberse aprobado el acuerdo internacional, sé positivaba el mismo en la legislación nacional.
·        De irrespetarse internamente el reconocimiento de la garantía, el perjudicado tiene el derecho de petición individual a su reconocimiento, inclusive a través del amparo internacional, una vez agotados los recursos judiciales internos (por ejemplo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), con la consecuente obligación del Estado de cumplir y ejecutar de buena fe las decisiones reparatorias dictadas (de acuerdo al Art. 31 de la Constitución).
Esta obligación del Estado de respetar los principios del debido proceso, se encuentran reconocido en la normativa Constitución de 1999, en el Código Orgánico Procesal Penal. Así, en su reforma de 2001, se consagra el derecho a un juicio previo y debido proceso. Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado, sin dilaciones indebidas, ante un juez imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.

Las garantías judiciales mínimas del debido proceso.
          Estas serían aquellas reglas que deben ser respetadas por el Estado en cualquier actuación judicial y administrativa. Ahora bien, la pregunta que surgiría de inmediato alude a identificar a quien protege la noción del debido proceso: ¿es una garantía exclusiva a favor del imputado, procesado o demandado? ¿o también rige para la víctima, el estado como accionante, y/o el demandante?
  Para Carlos M. Ayala Corao, en su “Derechos Humanos y Proceso Penal” (40) en La Constitución de 1999,  no hay duda al respecto…
“…las garantías del debido proceso están igualmente referidas a las víctimas de violaciones de tales derechos y/o a sus familiares, quienes deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y de actuar en las investigaciones, las acusaciones y en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables” (Sentencia de fecha 19-11-99, CIDH, caso Villagrán Morales y otros”…
   En procura de aceptar esta tesis, deviene el Artículo 21 de la Constitución, que ordena la “Igualdad Ciudadana Frente a la Ley” (“Todas las personas son iguales ante la ley”…) así como el Artículo 26 Ejusdem, el cual propugna el acceso ciudadano a la justicia, la cual tiene que ser “equitativa”. También el Artículo 105 del  Código Orgánico Procesal Penal, en lo que respecta al proceso penal, estipula dicho deber procesal de proteger y reparar el daño causado a la víctima del delito como “…objetivos del proceso penal. El Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas las fases”…
Las garantías del debido proceso.
1.      El derecho a la defensa.
Este derecho comporta, a saber:
·      El derecho a ser notificado de los cargos de investigación,
·      El derecho a la defensa propiamente dicho, en todo estado y grado de la investigación y del proceso,
·      El derecho a la asistencia jurídica,
·      El derecho del acceso a las pruebas y el permitir su correspondiente defensa frente a ellas,
·      La doble instancia: el derecho a recurrir del fallo “…con las excepciones establecidas en la Constitución y la ley”.
2.      La presunción de inocencia.
“…mientras no se pruebe lo contrario”.
3.      El derecho a audiencia: a ser oído.
Dentro del plazo razonable determinado legalmente.
 “Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente”…
La razonabilidad del plazo, también presupone el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, lo cual también se consagró previo a la aprobación constitucional, en el Artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal.
·      Derecho a un intérprete.
4.      Derecho al Juez natural.-
·      Competente, independiente e imparcial y anterior
·      Conocido por el procesado
·      Imposibilidad de tribunales excepcionales o por comisión
  Es particularmente interesante en este particular, como en el proceso penal se le atribuye la función de resguardo de la garantía al debido proceso, al juez. Así, el Segundo Aparte del Artículo 5 del Código Orgánico Procesal Penal:
“En caso de desacato, el Juez ésta plenamente autorizado para tomar las medidas coercitivas y acciones que considere necesarias para hacer respetar y cumplir sus decisiones, respetando el debido proceso”
5.      La garantía de la confesión no coactiva.
  No obligación de confesar, ni de declarar en su contra, o en contra de parientes.
6.      El Principio de legalidad (Nullum crimen nulla poena sine lege).-
Nadie puede ser sancionado por actos u omisiones que no fueren previstos como infracciones en leyes preexistentes.
7.      La Cosa juzgada: “Non bis in idem”.-

  Nadie puede ser sometido a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
  Nótese que en la redacción común, universal,  de esta garantía, se habla de la imposibilidad de ser nuevamente juzgado, siendo que no se advierte si en el primer juzgamiento (conocimiento jurisdiccional de una causa como sinónimo de procesamiento), hubo una sentencia definitivamente firme.
8.      La garantía de la responsabilidad estatal por errores o retardos judiciales.
·      Toda persona puede solicitar del Estado, el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial.
·      Al particular le sobrevive el derecho de exigir la responsabilidad personal del Juez.
“…Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrado, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas”
·        las garantías al debido proceso no se agotan en su especifica delimitación dentro del artículo 49 constitucional, ya que el debido proceso es aquel que “…constituye un instrumento fundamental para la realización de justicia”, a tenor del Art. 257 Constitucional, que propugna la necesidad de leyes procésales simples, uniformes y eficaces en tanto que ellas deben propiciar “…un procedimiento breve, oral y público”…. Así, el debido proceso es aquel que realiza justicia, más allá de adaptarse fielmente a la positivación jurídica.

Principio de Irretroactividad y sus Excepciones en el Derecho Penal

En Derecho penal  rige el principio de irretroactividad, que busca proteger a los ciudadanos de que se les pueda sancionar a posteriori por un acto que cuando fue realizado no estaba prohibido.
Dicha irretroactividad, sin embargo, no es absoluta, ya que sólo afecta a aquellas normas que perjudiquen al imputado, acusado o condenado, pero no a aquellas que le beneficien. Por lo tanto, si un delito es derogado por una ley posterior, o recibe una pena menor, se puede y se debe aplicar la normativa que le sea más beneficiosa. Otra excepción al principio de irretroactividad ocurre cuando, durante el proceso se dicta una ley más gravosa para el imputado en cuyo caso la ley derogada mantiene su vigencia por ser más benigna. A esto último se lo denomina Ultraactividad de la ley penal.
La respectiva sucesión de leyes penales presentan problemas específicos, que se engloban bajo el estudio de la ley con relación al tiempo.
Al sucederse una o varias leyes penales, la cuestión que se presenta es la de investigar con que ley debe juzgarse un hecho: si con aquella que regia cuando el hecho se cometió, o con la que rige cuando se dicta la sentencia, o mientras se cumple la pena, o con una ley intermedia.
El principio básico es que  las leyes rigen para el futuro (Art. 3 CC).
Es una garantía constitucional, ya que el Art. 18 de la CRBV dispone que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, con lo que, en principio, queda negada la retroactividad de la ley.
La fecha de vigencia de las leyes penales se rige por los principios generales. Es frecuente que las leyes fijen la fecha en que han de regir.
La irretroactividad en materia penal se inserta conceptualmente dentro del principio del nullum crimen, nulla poena sine previa lege. (Es una frase en latín, que se traduce como "Ningún delito, ninguna pena sin ley previa")

Las leyes poseen ciertas características

Validez temporal: una Ley debe aplicarse en el tiempo y espacio adecuado, pero hay situaciones donde esto no se cumple. Así, si el caso sucede hoy se aplicará la ley vigente hoy, dicho de otra forma, hay un principio general que es la irretroactividad de la ley, las leyes no tienen efectos retroactivos.
Art. 3 Código Civil: “La Ley no tiene efecto retroactivo”
Art. 24 Constitución Nacional:
“Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aún en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o a la rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea.
 (Principio in duvio pro reo). Podría traducirse como "ante la duda, a favor del reo". Su aplicación práctica está basada en el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. En caso de que el juez no esté seguro de ésta, y así lo argumente en la sentencia, deberá entonces dictar un fallo absolutorio.
Artículo 1 Código Civil:
“La Ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique.
Toda Ley tiene una fecha de entrada en vigencia, a partir de la publicación en Gaceta Oficial esa ley es de estricto cumplimiento. Es posible que la propia Gaceta establezca una fecha posterior para su entrada en vigencia – “vacatio legis”-. Así la Ley muere derogada por otra ley, bien sea por derogación tácita o expresa.
Leyes temporales y leyes excepcionales.

Leyes temporales son leyes que poseen dentro de su mismo texto una fecha de entrada en vigencia y una  fecha de culminación, por ejemplo la Ley del Débito Bancario.
Las leyes excepcionales son las que ocurren en estados de emergencia, en estados de excepción  y estarán vigentes mientras dure esta situación.
Durante la actividad de la Ley desde su publicación en Gaceta Oficial hasta su derogación estará regida por el Principio de irretroactividad.
La excepción en cuanto a normativa penal se refiere es que cuando se verifique que esta Ley  favorece a un reo en el acto procesal o penal, hay que aplicarla así esté derogada.
Si hay tres leyes y la fecha de comisión del delito fue el 20-1-90, pero de esa fecha de enjuiciamiento a su condena pasaron 3 leyes, (conocido como sucesión de Leyes Penales), y al hacer el estudio de las tres leyes verificamos que una nos favorece más que las otras, la ley “A”, le aplicaremos siempre la de menor pena al reo bajo el principio de retroactividad de la Ley Penal “in duvio pro reo”.




Pena 10 años
Ley “A”
1990

Ley “B”
1995
Pena 20 años

Ley “C”
2004
Pena 25 años


Estas normas son de orden público y las realiza un juez una vez se ha dado cuenta del mismo

Ultraactividad.
Consiste en aplicar una ley derogada a un caso futuro, por ejemplo, si una persona es condenada por  robo a 4 años, a los 2 años puede solicitar un beneficio de reducción.

Tipos de leyes.

Hay diferentes tipos de leyes:
* Leyes creadoras  crean delitos.
* Leyes abolitivas eliminan delitos.
* Leyes modificadoras van a modificar delitos.-
Por ejemplo, en los actuales momentos se quiere legalizar algún tipo específico de aborto o supongamos que despenalicen el uso de la marihuana en Venezuela, la ley entonces es abolitivas, va a abolir un tipo específico de delito. ¿Qué sucede entonces con los que están presos 10 años por usar marihuana? O ¿Qué pasará con los que hicieron aborto?
Si esta ley salió hoy, entonces saldrán en libertad porque a ellos los condenaron hace 10 años y estaban cumpliendo una condena que no han terminado aún de cumplir y si se quiere en materia de ejecución penal han pasado varios códigos; cuando llegue uno que le favorezca, cuando el Derecho sustantivo le elimine esta pena porque el Estado renunció a castigar este tipo de delito, esta nueva ley se aplicará en forma retroactiva, porque favorece al reo, aunque esté derogada. Esto se llama Ultraactividad.

Retroactividad

            Es aplicar una ley vigente, actual a un hecho del pasado y Ultraactividad es aplicar una ley derogada a un caso actual, es decir, la ley penal puede comportarse hacia casos con fechas viejas, del pasado por efecto de la retroactividad o la ley penal se puede comportar retroactivamente después de su fecha de derogación para beneficiar hechos que son del presente.
Ambas, retroactividad y Ultraactividad, generan una extractividad (aplicar una ley fuera de su entrada en vigencia o derogación
Los principios generales que rigen la extractividad son:
* La irretroactividad Art. 4 Código Civil.
* La ultractividad Art. 24 de la C.RBV.

El carácter irretroactivo de la ley deriva del principio de legalidad, y como excepción, su retroactividad es admitida sólo en materia penal, tanto en el orden sustantivo como adjetivo, únicamente (y de manera no ilimitada) en el caso de su mayor benignidad en relación al acusado
Las normas de naturaleza adjetiva, aun cuando se refieran a la materia penal, se aplican inmediatamente al entrar en vigencia; y, por vía de excepción, se admite la aplicación ultractiva de la ley derogada para regular la estimación de las pruebas ya evacuadas, si ello resulta favorable al reo, o bien cuando haya duda razonable, caso en que se aplicará la norma que lo beneficie
La garantía de irretroactividad de las disposiciones legales, tiene 2 excepciones:
(i)                 las leyes de procedimiento se aplicarán aun a los procesos que se hallaren en curso cuando entren en vigencia, con la limitación relativa a los procesos penales, en los cuales se estimarán las pruebas evacuadas conforme a la ley vigente para la fecha en que fueron ofrecidas, en cuanto beneficien al reo o rea (in dubio pro reo); y
(ii)               cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea (favor libertatis).

Conclusión

Una de las cuestiones de mayor importancia dentro de la temática del proceso penal en el Estado social y democrático de Derecho y de Justicia
es el  debido proceso penal, conocido por los anglosajones como “due process of law”, el cual implica, como se verá, una serie de derechos y garantías inherentes a todo proceso penal que han de estar presentes en el mismo para poder considerarle válido.
El debido proceso penal se encuentra consagrado en el ordenamiento jurídico venezolano en el artículo 49 de la Constitución, en el cual se hace referencia a los distintos derechos y garantías que lo conforman, reflejándose así que el modelo de Estado adoptado encuentra eco en el ámbito procesal penal en el propio marco constitucional. Se puede  sintetizar tal como sigue: el derecho a la defensa (ordinal 1º) ; la presunción de inocencia (ordinal 2º); el derecho a ser oído por el tribunal competente (ordinal 3º); el derecho al juez natural (ordinal 4º); derecho a no confesarse culpable (ordinal 5º); el principio de validez de la confesión sólo si se ha hecho sin coacción (ordinal 6º); el principio de nulla crimen nulla poena sine lege (ordinal 7º); el derecho a obtener reparación del Estado por los errores judiciales (ordinal 8º).

El debido proceso es aquel que “…constituye un instrumento fundamental para la realización de justicia”, a tenor del Art. 257 Constitucional, que propugna la necesidad de leyes procésales simples, uniformes y eficaces en tanto que ellas deben propiciar “…un procedimiento breve, oral y público . Así, el debido proceso es aquel que realiza justicia, más allá de adaptarse fielmente a la positivacion jurídica.
El Derecho penal rige también  el principio de irretroactividad, que busca proteger a los ciudadanos de que se les pueda sancionar a posteriori por un acto que cuando fue realizado no estaba prohibido.
Dicha irretroactividad, sin embargo, no es absoluta, ya que sólo afecta a aquellas normas que perjudiquen al imputado, acusado o condenado, pero no a aquellas que le beneficien. Por lo tanto, si un delito es derogado por una ley posterior, o recibe una pena menor, se puede y se debe aplicar la normativa que le sea más beneficiosa. Otra excepción al principio de irretroactividad ocurre cuando, durante el proceso se dicta una ley más gravosa para el imputado en cuyo caso la ley derogada mantiene su vigencia por ser más benigna. A esto último se lo denomina ultractividad de la ley penal.

El Concepto "retroactivo" es lo que obra o tiene efecto sobre tiempo anterior". Decir que la ley no tiene efecto retroactivo significa que solo ejerce influencia para lo futuro; respecto de lo pasado no puede producir derechos ni obligaciones de ninguna especie.

Ordinariamente el principio de irretroactividad de las leyes se declara en el plano de la ley formal. Así lo establece el artículo 3º de nuestro Código Civil. Pero en Venezuela, además, el principio de irretroactividad tiene rango constitucional en el artículo 24 de nuestra Constitución

La aplicación de la ley penal en el tiempo se rige por la aplicación del Principio de la Irretroactividad de la ley, que establece que la misma no puede aplicarse, sino sobre hechos ocurridos durante su vigencia.
Dicho principio, va unido necesariamente al Principio de Legalidad, el cual señala que nadie puede ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente (Artículo 1º Código Penal).
La finalidad preventiva que tiene el Derecho Penal, como protector de los bienes jurídicos esenciales de toda sociedad, no impide que las normas evolucionen, y que sean sustituidas por otras, dependiendo de los cambios valorativos que operen dentro de la misma comunidad.
Ese cambio es lo que se conoce como “..la sucesión de leyes penales …” y es lo que permite explicar el principio de irretroactividad de las leyes penales, por el cual éstas no pueden aplicarse a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia.
También permite la sucesión de leyes penales en el tiempo, aplicar la excepción al principio de irretroactividad, como es la aplicación de una ley penal más favorable, aún cuando su solicitud se realice bajo la vigencia de una ley penal más severa.
Esa excepción al principio de irretroactividad, sólo se extiende a la aplicación de una ley que sea más favorable al imputado y nunca a una ley que aumente o agrave la pena.

El principio de irretroactividad de la ley se traduce, de forma genérica, en que la ley penal no puede ser aplicada a hechos anteriores a su promulgación
La máxima tempus regit actum, sugiere que los hechos se regulan por la ley vigente para el momento de su realización, o, lo que es lo mismo, la ley sólo se aplica a los hechos ocurridos durante su vigencia



Glosario

Ius puniendi es una expresión latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado. De forma desglosada encontramos por un lado que, la expresión “ius” equivale a decir “derecho”, mientras que la expresión “puniendi” equivale a “castigar” y por tanto se puede traducir literalmente como derecho a penar o derecho a sancionar.

In dubio pro reo es una locución latina, que expresa el principio jurídico en caso de duda Podría traducirse como "ante la duda, a favor del reo".

Nulla poena sine lege es una frase latina, que se traduce como "No hay pena sin ley", utilizada para expresar que no puede sancionarse una conducta si la ley no la califica como delito.


Está relacionado con el principio "Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege", de acuerdo al cual la ley penal no puede tener efecto retroactivo.


La máxima tempus regit actum, sugiere que los hechos se regulan por la ley vigente

irretroactividad.1. f. Falta de retroactividad.

due process of law : debido proceso legal.

Coactiva :Que tiene fuerza para apremiar u obligar.

salvaguarda  . Custodia, amparo, garantía.

retroactividad s. f. Acción de una fuerza o una ley sobre hechos ya pasados:
Non bis in idem :La Cosa juzgada




Referencias bibliográficas

Fuentes de Internet

·         wikipedia.org/wiki/Debido_proceso
·         www.scribd.com/.../Compendio-de-varios-temas-Derecho-Penal-
·         www.scielo.org.ve/scielo
·         penal-general.blogspot.com/2007/
·         www.wikilearning.com/...penal...penal
·         www.derechopenalonline.com
·         guarico.tsj.gov.ve/.../349-28-JP01-R-2005-216-11
Documentos Legales.
·         Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.860, Extraordinario del 30 de diciembre de 1999.

·         Código Orgánico Procesal Penal. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.558, Extraordinario del 14 de noviembre de 2001

·         Código penal
              Gaceta Oficial Nº 5.494 Extraordinario de fecha 20 de octubre de 2000

·         Código Civil de Venezuela
            Gaceta Oficial N° 2.990 del 26 de julio de 1982ANEXOS

                  

ANEXO





REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES


Sentencia N° 11
ASUNTO PENAL Nº JP01-R-2005-000216
PENADO: NELSON RAFAEL LARA
VICTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO
MOTIVO: RECURSO DE REVISION DE SENTENCIA DEFINITIVA
PONENTE: FÁTIMA CARIDAD DACOSTA
Le corresponde a la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, pronunciarse sobre el fondo del Recurso de Revisión presentado por el Defensor Público Penal Nº 01, Abogado Salvador Celis, actuando en representación del penado NELSON RAFAEL LARA, venezolano, nacido el 13-08-1971, hijo de Rafaela Ramona Lara; cédula de identidad Nº 13.681.234, residenciado en la Calle Colombia Nº 06 de la ciudad de Valle de la Pascua, contra la sentencia definitiva publicada el 30 de Agosto del año 1999 por el suprimido Tribunal Tercero para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, extensión Valle de la Pascua, mediante la cual declaró culpables a los ciudadanos JOSE MANUEL RENGIFO, NELSON RAFAEL LARA Y LUIS RAFAEL LARA, por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO previsto y sancionado en el artículo 408 numeral 1º en relación con el 16 y 37 del Código Penal vigente para la fecha en que ocurrió el hecho.
La solicitud fue elevada a este Tribunal colegiado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 470 numeral 6º del Código Orgánico Procesal, que establece como uno de los supuestos para la procedencia de la revisión de la sentencia definitivamente firme, la promulgación de una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o disminuya la pena establecida..
En el presente caso la ley penal más favorable que invoca el solicitante, es la Ley de Reforma Parcial del Código Penal venezolano publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.768 del 13 de Abril del 2005..

La norma que regulaba el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO sancionaba el mismo con una pena de QUINCE A VEINTICINCO AÑOS DE PRESIDIO.
La nueva ley penal más favorable, sancionada por la Asamblea Nacional redujo en cinco años el límite máximo previsto para este delito, estableciendo como pena para el delito de Homicidio Calificado previsto en el artículo 406 numeral 1º, una pena de QUINCE A VEINTE AÑOS DE PRISIÓN.
RESOLUCIÓN DEL RECURSO
La aplicación de la ley penal en el tiempo se rige por la aplicación del Principio de la Irretroactividad de la ley, que establece que la misma no puede aplicarse, sino sobre hechos ocurridos durante su vigencia.
Dicho principio, va unido necesariamente al Principio de Legalidad, el cual señala que nadie puede ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente (Artículo 1º Código Penal).
En consecuencia, si bien el Derecho Penal pretende que los ciudadanos se abstengan de delinquir, para lo cual amenaza con la imposición de una pena, sin embargo, no puede atribuirle la responsabilidad sobre determinado hecho, si el mismo no estaba definido como delito por la propia ley.
Sin embargo, esa finalidad preventiva que tiene el Derecho Penal, como protector de los bienes jurídicos esenciales de toda sociedad, no impide que las normas evolucionen, y que sean sustituidas por otras, dependiendo de los cambios valorativos que operen dentro de la misma comunidad.
Ese cambio es lo que se conoce como “..La sucesión de leyes penales…” y es lo que permite explicar el principio de irretroactividad de las leyes penales, por el cual éstas no pueden aplicarse a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia.
También permite la sucesión de leyes penales en el tiempo, aplicar la excepción al principio de irretroactividad, como es la aplicación de una ley penal más favorable, aún cuando su solicitud se realice bajo la vigencia de una ley penal más severa.
Esa excepción al principio de irretroactividad, sólo se extiende a la aplicación de una ley que sea más favorable al imputado y nunca a una ley que aumente o agrave la pena.
Como bien lo señala el autor Francisco Muñoz Conde en su obra Derecho Penal Parte General, Edición 2004:141 cito:

“…La retroactividad de la ley penal responde a una exigencia de coherencia en la aplicación del Ordenamiento Jurídico, ya que si los hechos han dejado de ser desvalorados por el legislador o se les desvalora en menor medida, no tiene sentido que los ciudadanos sigan padeciendo las consecuencias de una leyes que han dejado de considerarse adecuadas…”.
Al respecto nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 24 consagra que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. A diferencia de lo que ocurre con las leyes que regulan los procedimientos las cuales deben aplicarse desde su entrada en vigencia, aún en los procesos que ya estuvieren en curso, pero con la salvedad que las pruebas que ya hubieren sido evacuadas sólo se estimarán en cuanto beneficien al reo según la ley vigente para el momento en que se promovieron.
Estos principios también aparecen consagrados en Tratados y Pactos Internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada el 14 de Julio de 1977; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 28 de Enero de 1978, que son de aplicación inmediata y directa por los Tribunales de Justicia y demás órganos del Poder Público, por mandato del artículo 23 constitucional.
Analizados los fundamentos legales que permiten revisar una sentencia definitivamente firme, la sala pasa a continuación a referirse a la rectificación del quantum de la pena sometiéndose a los nuevos límites establecidos para sancionar el delito por el cual fue condenado el solicitante, sin entrar a un re-examen de los hechos , sino apreciando en el caso bajo estudio, las mismas circunstancias agravantes y atenuantes que fueron consideradas por el sentenciador al momento de imponer el fallo definitivo.
EN EL CASO BAJO ESTUDIO
De la revisión del fallo publicado el 30 de Agosto del año 1999, tenemos que a los co-imputados de autos se les impuso una pena de Veinte años de Presidio, más las penas accesorias de ley, a cada uno de llos.
Según refiere la sentencia, la pena les fue aplicada en su término medio, sin que se apreciaran circunstancias atenuantes, ni agravantes de la responsabilidad penal.
Ahora Bien, al aplicar la nueva disposición más favorable, tenemos que el referido tipo penal, aparece sancionado con una pena de prisión que oscila de QUINCE A VEINTE AÑOS, siendo su término medio, DIECISIETE(17) AÑOS Y SEIS(06) MESES DE PRISIÓN.

En consecuencia, la nueva pena a imponer es de 17 años y 06 meses de prisión para cada uno de los acusados, pues el recurso de revisión ejercido por uno de ellos, se hace extensivo hasta los otros co-acusados, por encontrarse en igualdad de circunstancias, por lo que el tribunal de ejecución competente deberá establecer un nuevo cómputo en la que determinará la fecha en que todos cumplirán la pena impuesta.

DISPOSITIVA
Por las razones antes expresadas esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley. DECLARA CON LUGAR el recurso de revisión y en consecuencia: RECTIFICA la pena impuesta en la sentencia definitiva publicada el 30 de Agosto del año 1999 por el suprimido Tribunal Tercero para el Régimen Procesal Transitorio de la circunscripción Judicial del Estado Guárico, al penado NELSON RAFAEL LARA , y le impone una pena de DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS(06) MESES DE PRISIÓN, mas las penas accesorias que obligatoriamente son consecuencia de la pena principal, por su responsabilidad en la comisión del delito de Homicidio Calificado previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1º en armonía con el artículo 37, y 16 del Código Penal vigente. Esta rectificación de pena es extensiva hasta los penados José Manuel Rengifo y Luis Rafael Lara, por ser co-acusados en la misma causa y haber sido condenado por el mismo delito, el mismo grado de participación y las mismas circunstancias. El Tribunal de ejecución competente deberá practicar nuevo cómputo para establecer la nueva fecha de cumplimiento de pena. Todo de conformidad con los artículos 470 numeral 6º, 473, 479,438, 482 del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese. Déjese copia certificada. Remítanse las presentes actuaciones al Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal a los fines del conocimiento del presente fallo, en su oportunidad legal. Cúmplase.





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