Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan. Yo me haré morir con los pocos que me acompañan porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos. (Augusto César Sandino).

jueves, 13 de octubre de 2011

Grupos Hegemónicos de los Medios de Comunicación Masiva en Venezuela


Introducción

El imperio y sus aparatos comunicacionales venden las "verdades" que les interesa, crean mundos incuestionables, pero cuando se combina el esfuerzo comunicacional con la cotidianidad y con la verdad, el hecho revolucionario se hace realidad.
El principal logro de nuestro proceso revolucionario no es otro que la reivindicación del ser humano en todas y cada una de sus especificaciones sociales, de género, étnico, de diversidad cultural. Reivindicación del ser humano en el marco de su entorno geográfico, histórico y productivo. Reivindicación del hombre y la mujer de la tercera edad y respeto a los niños, niñas y adolescentes. Pero todo ello ha sido in-visibilizado por el sistema privado de comunicación tradicional, se sostiene en cambio la matriz contraria, la matriz según la cual generamos confrontación y exclusión.
En este trabajo presentamos un análisis de la hegemonía actual del modelo privado de la comunicación en nuestro país, y su actitud criminal, absolutamente inconstitucional, escandalosa. Sus transgresiones  que van desde los insultos más soeces al presidente Chávez hasta la convocatoria descarada de acciones golpistas, pasando por la violación de los derechos de los ciudadanos en todos los sentidos.


Grupos Hegemónicos de los Medios de Comunicación Masiva en Venezuela

El espectro radioeléctrico es un bien del dominio público, tal y como lo declara el artículo 7 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Venezuela.
Sin embargo, en la práctica, su uso está concentrado en pocas manos. De hecho, según datos recientes del ente regulador, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), del pasado 26 de enero de 2007, 78% de las estaciones de televisión en VHF están adjudicadas al sector privado, mientras que 22% son del sector público. A su vez, en la banda UHF, 82% de las estaciones son operadas por el sector privado, 11% están asignadas a operadores de servicio comunitarios y 7% al sector público.
Es en esos altos porcentajes de presencia de operadores de servicio de televisión privados en los cuales se encuentran los grupos oligopólicos que ostentan el control de los medios radioeléctricos en Venezuela
Venezuela: el sector privado concentra casi el 80% de las estaciones de televisión
En el Libro Blanco sobre RCTV publicado por el Minci un grupo de investigadores demuestran la enorme concentración en manos privadas de los medios radioeléctricos de Venezuela, como se vio en el llamado "golpe mediático" (de Estado) el 11 de abril de 2002.
Gustavo Hernández, citado en ese libro, advierte que no se puede llamar "mixto" al sistema de radiodifusión que impera en el país, cuando hay una "coexistencia en desigualdad" del régimen privado-competitivo y del público gubernamental.
Esto sucede desde que los gobiernos de Eleazar López Contreras (1936-1941) y Marcos Pérez Jiménez (1946-1958) otorgaron 27 permisos de radiodifusión sonora y cuatro de televisión a sectores privados, respectivamente.
Los dueños reales del espectro radioeléctrico venezolano son las plantas RCTV y Venevisión que "concentran 85 por ciento de la inversión publicitaria en medios de comunicación en el país, tienen 66 por ciento del poder de transmisión, dominan las redes transmisoras y de difusión de la señal y controlan 80 por ciento de la producción y elaboración de mensajes y contenidos que se difunden en Venezuela", señala Hernández.
La investigación revela la estructura interna de los principales grupos del poder mediático encabezados largamente por la Organización Cisneros (ODC) Venevisión "un holding con tendencia global e inversiones en distintas áreas económicas". Sólo la industria del espectáculo, le reportó ganancias de cinco mil millones de dólares anuales.
ODC "tiene participación importante en Chilevisión (Chile), Caracol (Colombia), el Caribe (Caribean Communication Network) además de Venevisión, y es el mayor accionista de la cadena estadunidense Univisión y la señal de Galavisión para el público de habla hispana en Estados Unidos.
También en Latinoamérica, junto con América On Line, uno de los principales proveedores de Internet, controlando importantes portales. Además es dueño de 80 empresas a nivel nacional e internacional en sectores todos estratégicos.
Conformado por Gustavo, Ricardo y Marion Cisneros la mayoría de sus empresas "no posee accionistas directos, sino que a través de razones sociales amplía enormemente el espectro de compañías que maneja" que van desde productoras de discos, Pepsi Cola, cosméticos, Pizza Hut, y otra cantidad en todas las cuales posee más de 50 por ciento de acciones.
El grupo Cisneros controla además 47.5 por ciento del canal de señal abierta Vale en su relación con capitales extranjeros, participando así en otras empresas, como FM Center Concesionaria, cuya Junta directiva forma parte de ODC.
En segundo lugar se ubica 1BC.RCTV que -señala el informe- se conoció como grupo Phelps en los años 20. En 1929 se constituía como holding empresarial Sindicato Phelps. En 1930 incursionó en comunicaciones, apoyado por RCA -productora de aparatos radiofónicos que Phelps distribuía en Venezuela- fundando la 1Broadcasting Caracas (1BC), la primera emisora comercial en el país. En 1936 asume la nominación de Radio Caracas Radio (RCR) y en 1953 aparece Radio Caracas Televisión (RCTV).
El grupo, encabezado por Peter Bottone, principal accionista, Marcel Granier Haydon, integrantes de la familia Phelps y otros "posee más de 80 por ciento del capital Social de cinco empresas que operan en Venezuela" como RCTV, FM, RCR, Recorland y Línea Aérea Aerotuy.
Las empresas donde el grupo no posee el ciento por ciento, están asociadas a la razón jurídica extranjera Coral Sea Inc. "Coral Pictures, ubicada en Miami, comercializa a nivel mundial 1BC y en menor potencia posee la misma estructura de concentración de propiedad que ODC".
En el tercer puesto se cita al Grupo Núñez, Zuloaga, Mezerhane&Ravell, Globovisión. Sus dueños encabezados por Luis Teófilo Núñez Arismendi y otros poseen 89.9 por ciento del capital social del operador de señal abierta Globovisión y Montserrat S.A el resto. Inició operaciones en 1994 y es el primer operador especializado en información en Venezuela, además vinculado con prensa escrita, nexos bancarios, turísticos, cuyas acciones pertenecen a la empresa extranjera Humboldt Internacional Limited, con una cantidad de agencias de publicidad asociadas.
En el cuarto lugar los investigadores ubican al Bloque de Armas Meridiano TV -encabezados principalmente por Andrés Armando y Martín De Armas Silva- cien por ciento operadores de TV del mismo nombre que tiene además un fuerte poder en las industrias de entretenimiento, siendo el resto del capital social de Overseas Trading Investment. S.A. que a su vez tiene periódicos y revistas de deportes, entretenimiento y la empresa editorial Primavera SA que imprime textos escolares y revistas varias.
Siguiendo este esquema está el Grupo Imagen La Tele, encabezado por Fernando Fraíz Trapote, Elías Tarbay Assad y otros cuatro socios, varios de los cuales están, a su vez, en la Junta Directiva de la Operadora Cablevisión SA, "a pesar de que cien por ciento de las acciones pertenecen a la extranjera Telecom Trading Corporation , vinculada a Airtel".
Este grupo "es operador de TV señal abierta UFH la Tele que inició operaciones en diciembre de 2002" y está vinculado a diversas empresas, entre ellas de publicidad.
Finalmente se cita al Grupo Camero Televen integrado por Inversiones Cuatro Treinta CA, registrada en el estado de Guárico con 94.4 por ciento y asociada a Marbrid empresa con sede en Panamá (3. 5 por ciento). Tiene relaciones con el periódico Quinto Día, entre otros.
Aunque resumido este es el esquema del poder mediático que impera en Venezuela, que forman parte del poder económico con multimillonarias ganancias incrementadas ahora con aportes desde Washington en la guerra sucia informativa contra el gobierno venezolano.
La concentración que domina el sector de la televisión, el hecho de que de los 99 operadores de televisión que operan en VHF y UHF en Venezuela, sólo dos: RCTV y Venevisión, se llevan 75% de los ingresos brutos del sector. Las otras 97 operadoras televisivas se reparten el restante 25%. Es una altísima concentración de medios radioeléctricos la que existe en Venezuela. Esta información se deriva de un Informe elaborado por el Ministerio del Poder
Popular para las Telecomunicaciones y el Ministerio del Poder Popular para la Información y la Comunicación

Conflicto entre los Intereses Públicos Generales e Intereses Comerciales- Religiosos

Es necesario pensar en el hecho comunicacional desde una visión sistémica; es decir  reconocer la hegemonía actual del modelo privado de la comunicación en nuestro país, y plantearse, desde este reconocimiento, el camino para su transformación hacia un modelo que imponga la hegemonía de lo público sobre lo privado, esto es, la soberanía del pueblo sobre los instrumentos de producción cultural y mediática, y la participación popular en la construcción de su propio imaginario cultural y comunicacional.
Si comparamos el sistema de medios públicos, tenemos un escenario entre lo público y lo privado absolutamente desequilibrado, a favor del sector privado, porque esa fue la propuesta del país, de quienes gobernaron no solamente durante 40 años, sino veamos más atrás, desde el inicio de la radiodifusión en el país de la mano con Estados Unidos.
La telecomunicación de nuestro país, viéndonos más atrás a todo el sistema de medios, empieza en atención a un proyecto impulsado desde Estados Unidos, como pasa en buena parte de nuestro continente. Es muy desequilibrado y evidentemente es una pelea desigual, porque se pretende decir que el sistema de medios públicos es un sistema todo poderoso, pero si lo contabilizamos y tomando cifras de Blanca Ekaut, presidenta de Vive TV, más del 95 por ciento de las radios del país están en manos de la oposición, del sector empresarial opositor de la comunicación. La cuenta en la llamada "gran prensa" es del 90 por ciento al igual que en la televisión. Entonces es absolutamente desequilibrado y desigual.
La comunicación alternativa entonces nace de la necesidad que tiene la sociedad de contar con herramientas de comunicación participativas y democráticas, que liberen la palabra de los excluidos.
Lo relevante de los medios comunitarios y alternativos es que han nacido para que el pueblo hable a sí mismo. La frase de Lina Ron, dirigente popular venezolana: “sólo el pueblo salva al pueblo” bien puede servir para entender lo que ocurre cuando la gente tiene libertad de conciencia, de palabra y de comunicación.
Los medios de comunicación comunitarios son de servicio público, sin fines de lucro, orientados, como bien lo dice el Reglamento a difundir información de interés para la comunidad, por lo que deben destinar espacios en su programación que aseguren “la participación de la comunidad, a través de programación comunitaria que propicie su desarrollo cultural y socioeconómico, el sano esparcimiento y los valores nacionales”.
Dice el Reglamento: “Las estaciones de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público sin fines de lucro están obligadas a transmitir programación con fines sociales, culturales y educativos”
Durante los 10 años de la Revolución Bolivariana, los venezolanos y venezolanas hemos observado y seguido de cerca el papel que han desempeñado los medios de comunicación públicos y privados en el país.
El papel de los medios de comunicación privados del país impresos y audiovisuales, desde antes que llegara la Revolución al Poder Político, ya estigmatizaban al Presidente Chávez como dictador, tirano, represivo, etc., manteniendo una política editorial completamente conspirativa, que ha influido en movimientos desestabilizadores, golpes de estados, llamados a insurrección e incluso a magnicidio, sin que hasta la fecha haya habido una sanción, literalmente hablando, fuerte que asentara un verdadero orden en el trabajo de la información venezolana de manera veraz y oportuna como lo contempla nuestra Carta Maga.
En contrapartida a esa avalancha de falacias informativas, existe el trabajo informativo de los medios de comunicación social públicos, es decir, del Estado venezolano, quienes han trabajado arduamente en contrarrestar la guerra mediática, presentada por los medios privados.
Se tuvo que reconstruir el canal del Estado “Venezolana de Televisión”, canal que estuvo en completo abandono por parte de los gobiernos de la cuarta república, apoyar la creación de medios alternativos impresos y audiovisuales, fortalecer radios y emisoras comunitarias, destinados a informar el trabajo gubernamental, cultural, político, económicos financiero, deportivo, social, es decir, el Gobierno Nacional, necesariamente, tuvo que buscar la manera de llevar a los venezolanos y venezolanas todo lo que venía desempeñando el proceso Revolucionario, en vista del cerco mediático que prohibía y limitaba que la información gubernamental fluyera.
Dichos medios gubernamentales, alternativos y comunitarios, han sido, en muchos casos, amenazados, golpeados y vilipendiados por sectores de la derecha venezolana, que automáticamente reflejan un gran odio por ver que el poder político informativo, ya no es solamente dominado por los grupos de poder económico del país, sino que existen corrientes alternativas que poco a poco han ido calando en la opinión pública venezolana.
Los Medios Alternativos y Comunitarios (MAC) son precisamente, por su naturaleza, activadores de un mensaje transformador que muestra temas invisibilizados en el sistema de medios de comunicación privados tradicional, lo que apunta al desarrollo de una nueva conciencia social, por su capacidad de informar, orientar y desarrollar espiritualmente al pueblo, con contenidos de recreación, de cultura y educativos, esto sin nombrar su capacidad de movilizar políticamente. Es necesario afrontar el nuevo paradigma comunicacional también desde el reconocimiento del reto social, cultural y tecnológico que implica desarrollar un mensaje de calidad que haga frente a la guerra de cuarta generación que libra el imperialismo y las oligarquías nacionales contra sus pueblos.
El sistema comunicacional privado de Venezuela, obedeciendo más a las leyes del mercado y a los objetivos políticos que a las de la información, pretende imponer las "verdades" mediáticas, en el sentido de que cuando todos los medios de comunicación dicen que algo es verdad, eso se impone aunque sea falso. Pero este gigantesco laboratorio de la manipulación mediática en que se ha convertido Venezuela ha demostrado, también, que pese a que todos los medios comerciales callaron el 13 de abril, la verdad real se impuso a la virtual. Aunque las televisoras, las radios y los diarios lo ocultaron, el presidente Hugo Chávez retornó al palacio de Miraflores.
El abandono de la función social por parte de los medios venezolanos y su suplantación por contenidos tendenciosamente orientados, tiene como consecuencia la total desinformación y evidente manipulación de los receptores.
Hoy periodismo, relaciones públicas y publicidad se confunden al servicio de los grandes capitales. Todos sabemos que el sentido y el mensaje propagandístico y publicitario no forma ciudadanos, sólo consumidores y borregos. Y en eso, los grandes medios de comunicación hacen su labor, sin interesarles en lo más mínimo los conceptos de soberanía popular y su derivado de ciudadanía. El nuevo paradigma se llama rentabilidad, individualismo, consumismo, formación de una sociedad de idiotas útiles al servicio del gran hermano corporativo.
Los medios han abandonado los preceptos que habían normado su papel y su funcionamiento: su responsabilidad social en tantos intermediarios entre las instancias de los poderes instituidos de cualquier signo - político, económico, cultural, ideológico, militar, religioso, de los grupos de presión, partidos y movimientos sociales y los ciudadanos.
Esta intermediación implica que no basta con la existencia formal de la libertad de expresión ni con el derecho a la información. Existe, además, la responsabilidad de los medios de proporcionar un tipo de información y de orientación que garanticen realmente una participación más plural, diversa e igualitaria de los ciudadanos en la vida pública.
En Venezuela se aplican todas las técnicas de manipulación informativa y psicológica: ocultamiento de hechos, tergiversaciones, hiperdimensionamiento de los acontecimientos que pudieran favorecer sus posiciones, descontextualización de declaraciones, lenguaje descalificador, títulos que no corresponden con la información.

El Sistema Nacional de Medios Públicos de Venezuela o Corporación Venezolana de Radiodifusión

Surge a fines de 2006 bajo el mandato del presidente Hugo Chávez como un esfuerzo conjunto de todas las emisoras radiales y medios televisivos de servicio público en la nación suramericana con el propósito de enfocar cada medio de comunicación en diversos tipos de contenido de carácter específico y trabajar en conjunto en la cobertura noticiosa de eventos de relevancia en el país. El sistema comenzó funciones a propósito de las elecciones de gobernadores y alcaldes del 23 de noviembre de 2008.[] El sistema de medios, además es considerado por el gobierno venezolano y muchos de sus partidarios una pieza fundamental en su cometido de brindar información alegadamente plural y en defensa de un periodismo serio y responsable ante lo que consideran el "latifundio mediático" de empresas privadas de comunicación.

Los Medios de Comunicación y Los Intereses Religiosos

El desarrollo de los movimientos populares de clase y el crecimiento del socialismo no pasan desapercibidos para la Iglesia Católica de Venezuela. Los reclamos de los distintos entes de las comunidades y las inquietudes sociales que en ellos se manifiestan, así como las acciones reivindicativas del pueblo organizado para imponerlas, alarman a la Iglesia , instrumento al servicio de las clases dominantes. Las asociaciones y cofradías existentes hasta la fecha tenían más bien un carácter mutualista, de socorros, de limosnas, de ayudas. La Iglesia, ante las nuevas realidades del movimiento Revolucionario, se encuentra obligada a transformar el sistema de sus organizaciones dándoles unidad e imprimiéndoles un espíritu más combativo. Jamás, seguramente, en ninguna otra época dicen los Obispos, se ha visto tan grande multiplicidad de asociaciones, sobre todo la asociación del pueblo organizado.
Los Obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana al grito de ¡Muera el socialismo! ¡Viva la religión!, organizó intensa campaña contra la Constitución contra la Reforma, y en las Iglesias sucedió bien pronto la acción sediciosa de los distintos grupos en contra del Gobierno Bolivariano; contra el Presidente Chávez, y al despertar del pueblo a través de su acción ideológica, utilizando los altares para hacer proselitismo político, poniendo todo el peso de su influencia espiritual al servicio de los planes de la oligarquía y de las fuerzas patronales. La iniciación de esta política “social” de una forma sistemática y obedeciendo a todo un plan dirigido por la CIA, en el preciso momento en que los movimientos sociales se muestran pujantes y ante un proceso ascendente formidable.
 A través de ellas la Iglesia mostraba su carácter de clase y reaccionario, cubriendo las formas de explotación, las injusticias y miserias en que se apoyaba el orden en la cuarta     cuarta República, y en contra de los explotados, y empeñada en impedir el desarrollo social de las clases pobres. La Iglesia, interpretando sus propios intereses de casta y los privilegios de las clases explotadoras, ante la radicalización de las masas oprimidas, viene a jugar su papel de clase, tratando de penetrar en el movimiento popular para impedir que éste se rebele apartándose de los principios de la Iglesia, que aspira a perpetuarle en el marco de la servidumbre y de la resignación porque “la felicidad del pueblo no está en este mundo, sino en el otro...”, defendiendo la existencia de ricos y pobres y la necesidad de la armonía entre “el capital y el trabajo”; condenando la lucha de clases, que desaparecerá, según ella, con la caridad de los ricos y exaltando la resignación de los pobres a las miserias que Dios les impone en la tierra para ganar el cielo.
La Iglesia está polemizando con el socialismo, ataca la obra del Presidente Chávez, sus formulaciones filosóficas, los principios de nuestro socialismo revolucionario, declarando la guerra al principio de la lucha de clases. La toma de posición de los movimientos populares frente a las falsas posiciones de toda clase de ideologías reaccionarias inquieta a la Iglesia que se apresura a salirle al paso de ese nuevo estado de conciencia del pueblo.
La Iglesia basa su acción demagógica basada en los principios y concepciones sociales establecidas en la encíclica de 1931 por Pío XII, Cuadragésimo Año; animando la creación de Asociaciones, Comunidades profesionales y confesionales para contrarrestar la acción de las organizaciones populares de clase, dividirlas, impedir su desarrollo y neutralizar su acción reivindicativa. A finales del 2001 empezaron a manifestarse con más fuerza sus actividades, celebrando reuniones con los grupos oposicionistas, preparando las condiciones para ir a la organización de una oposición frontal contra el Gobierno del Presidente Chávez y organizar el golpe de estado de abril 2002, en asociación con la Oligarquía y el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, la Iglesia sigue el mismo camino, el mismo proceso de las organizaciones del oposiciónismo reaccionario.
La Iglesia establece una política de oposición radical frente a la acción educadora y revolucionaria del movimiento popular y socialista, al comprobar que su militancia del movimiento socialcristiano (COPEI) fracasó, que, no tiene importancia en el ámbito Nacional, no por eso, por su poder económico deja de ser un obstáculo más en el camino del pueblo hacia su verdadera emancipación.
Las organizaciones católicas, profesionales, “amarillas”, al servicio de la oligarquía, manejadas por la Iglesia, juegan su papel de traición a los intereses de clase del pueblo. La burguesía acude a la Iglesia para utilizar su influencia ideológica y contrarrestar el proceso político y reivindicador del movimiento popular; su adhesión a los principios del socialismo, en el que encuentra el pueblo el camino de su verdadera liberación social.
Las actuaciones De los medios privados  durante episodios que comprometen la democracia y los Derechos Humanos en Venezuela

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 108 que “Los medios de comunicación públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana…”. Es una condición que exige la norma constitucional a los medios impresos audiovisuales y digitales que se fundamenta, básicamente, en su deber de proporcionar información plural y diversa que permita a los ciudadanos identificarse como miembros de la sociedad.
 Al respecto, el artículo 58 constitucional puntualiza, en uno de sus párrafos que “… Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución.
El artículo constitucional 57 le garantiza al ciudadano la posibilidad de hacer uso de cualquier medio de comunicación y difusión para expresarse, e insiste: “sin que pueda establecerse censura”. El mismo texto declara la prohibición del anonimato, la propaganda de guerra, los mensajes discriminatorios y los que promuevan la intolerancia religiosa. Finaliza este artículo indicando que “se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.
Los medios de comunicación en Venezuela simpatizan claramente con los partidos de oposición, actúan como defensores de sus posturas y han liderado el activismo político opositor al gobierno bolivariano.

Expresó el Observatorio Global de Medios, capítulo

Venezuela, el 21 de noviembre 2002, que en los análisis hechos a los medios se evidencia constantemente “la tergiversación de los hechos, ocultamiento de datos y referencias, manipulación de las declaraciones, desbalance en la escogencia de las fuentes y una permanente tendencia a presentar el desarrollo de los acontecimientos desde una perspectiva tendenciosamente apocalíptica”. Agregó, además que “la pluralidad de opiniones, una de las condiciones que requiere el sistema democrático para su funcionamiento, ha sido prácticamente eliminada”.
Luego de una semana de haber ocurrido el golpe de Estado, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en su discurso ante el
Consejo Federal del gobierno el 19 de abril de 2002 indicó:
 “Este golpe de Estado no hubiese sido posible sin el apoyo de los medios de comunicación. Si los medios, especialmente las televisoras, quieren seguir alentando esto y nosotros lo permitimos, ellos nos van a llevar a una guerra”,

Lo que se vio en la pantalla de los canales privados

El golpe de Estado
Los  prestadores de servicio de televisión, dividió la pantalla durante la difusión de un mensaje oficial de la entonces ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias. Además, se insertó un mensaje en el que declaraba como ilegales las transmisiones en  cadena del Estado, violando el artículo 192 de la
LOTEL que obliga la transmisión gratuita de mensajes o alocuciones oficiales. (10-04-02).
Se  Difundió la falsa noticia, declarada como “rumor”, sobre la supuesta retención del Presidente de la República por parte de un grupo de generales que le estarían pidiendo la renuncia (11-04-02).
Se Insertó en la pantalla, repetidamente, el mensaje
“Ni un paso atrás” haciendo referencia a las consignas políticas que vociferaban quienes asistían a la marcha del 11 de abril, en una evidente muestra de difusión de propaganda política anónima.
La  programación durante el 11 de abril fue de exclusiva cobertura a los hechos relacionados con la marcha de la oposición mediante reseñas desde los lugares de concentración, entrevistas a personajes de la oposición, tanto desde el estudio como desde la calle.

Sus noticieros, no dieron  cabida a la difusión de otras voces que tuvieran posiciones afines al gobierno bolivariano, por el contrario, privilegió la de voceros que alentaban la actuación opositora.
Se dividió, en un nuevo desafío a la normativa legal, la pantalla durante la alocución presidencial del 11 de abril.
Se Difundió simultáneamente los sucesos acaecidos durante ese día, con un claro objetivo de asociar la figura del primer mandatario con las muertes de civiles; matriz informativa que instauraron los medios de comunicación privados luego de la tragedia.
Se Transmitió constantemente declaraciones de militares y políticos de la oposición que responsabilizaban al gobierno nacional de las muertes ocurridas durante la marcha del 11 de abril, convirtiéndose en juez ilegítimo y mellando la reputación y buen nombre de personas e instituciones públicas, lo cual atentaba contra la normativa legal vigente.
Interrumpieron la transmisión de la rueda de prensa convocada por el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, en lo que éste, en lugar de dimitir, como esperaba la oposición, denunció que se trataba de un golpe de Estado y que el presidente no había renunciado. (12-04-02); otra evidencia de una clara censura de información.
De igual forma, se impidió que los manifestantes a favor del regreso del Presidente Hugo Chávez se pronunciaran ante sus cámaras. Sólo mediante la decisiva manifestación y protestas de los ciudadanos frente a RCTV, y a otros prestadores de servicio de televisión, cedieron a la presión ciudadana y permitieron que la gente se expresara.
Durante el 13 y 14 de abril impusieron un silencio informativo, con el cual censuraron las movilizaciones a favor del regreso del presidente Hugo
Chávez. Luego de bombardear con incesantes emisiones reporteriles durante tres días, RCTV contrastó su programación e impuso la difusión de dibujos animados y películas de ficción como El libro de la selva, Furia al volante, El espía del deseo, Hoguera de pasión, entre otras.

El paro petrolero
Otro episodio de la relación medios-Estado lo constituyó el paro petrolero convocado por el gremio empresarial de Fedecámaras, la coalición opositora
Coordinadora Democrática, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y un grupo de trabajadores de PDVSA durante diciembre de 2002 y enero de 2003. Sólo que esta vez la conducta política de los medios privados  y sus presuntas violaciones a la ley produjeron la reacción de varias instituciones públicas en respuesta a sus obligaciones de garantizar el estado de derecho.
Se encargaron, durante el paro petrolero, no de reflejar la realidad, sino de construir una realidad, evidentemente modelada según los propósitos políticos de la oposición. Para ello utilizó actores, fabricó lemas, guiones e imágenes asociadas a la oposición e inundó su programación con claros mensajes desestabilizadores.
El Consejo para Asuntos Hemisféricos
(COHA), en un documento fechado el 30 de abril de
2003, desde Washington DC, EEUU, opina:
Puede afirmarse que la mayoría de los medios actuaron la mayor parte del tiempo de modo antiprofesional y con reducida responsabilidad, viéndose a sí mismos más como adversarios de Chávez que como operadores neutrales y responsables. (…)
Es indudable que los medios venezolanos no se han comportado de un modo muy democrático.
Los recursos utilizados por los medios de comunicación venezolanos para influir, en determinado sentido, en la opinión pública antes y durante el paro, decretado el 2 de diciembre de 2002 por la opositora Coordinadora Democrática, han sido múltiples.
Las informaciones fueron, a menudo, suplantadas por mentiras o por verdades a medias, orientadas siempre en el sentido de demostrar el éxito del paro, la irresponsabilidad del Gobierno y el fervor de los opositores.
Este tipo de tergiversaciones fue especialmente evidente en las primeras páginas de los diarios. A través de  los recursos del diseño, el tamaño de las letras y la tendencia de los titulares, junto con el despliegue de las fotografías, se apelaba a los sentimientos patrióticos de los lectores para que apoyaran el paro, al mismo tiempo que se transmitían mensajes llenos de incertidumbre. Más grave aún fue la evidente  intencionalidad de provocar en la ciudadanía la sensación de peligro, de  inseguridad general, de escasez de alimentos de primera necesidad, debido, se afirmaba,  a la incapacidad de las autoridades para contrarrestar los efectos del paro. La campaña se hizo más intensa al paralizarse la industria petrolera. Se anunciaba el total desabastecimiento de la gasolina y del gas doméstico y se aseguraba que Venezuela no podría cumplir con sus obligaciones de suministro de crudo a sus clientes del exterior.
Al comenzar las primeras medidas de normalización de  la industria petrolera y la recuperación de los tanqueros petroleros inmovilizados en el Lago de Maracaibo y en otros puertos venezolanos, la campaña se orientó a propagar noticias alarmantes en cuanto a los graves accidentes que, supuestamente, se habían producido o se podrían producir debido a que los  tanqueros y, en general, las instalaciones de Pdvsa, sobre todo las refinerías, serían conducidos por personal  sin experiencia y sin calificaciones

Imágenes Subliminales” en Programación Regular de RCTV

El Observatorio Global de Medios, capítulo Venezuela, expresó en su momento, ante la opinión pública nacional e internacional su profunda preocupación por la difusión de mensajes subliminales, de claro contenido político y propagandístico, incluidos en dos películas para menores de edad, que fueron transmitidas por el canal Radio Caracas Televisión, el 12 de diciembre de 2002, en horario protegido.
Se denomina percepción subliminal a la captación de un estímulo que, por razones diversas, tales como baja intensidad, falta de atención o breve duración del mismo, no alcanza la representación consciente y, sin embargo, condiciona la conducta de la persona al margen de su voluntad consciente. Por tanto, la percepción subliminal se refiere a la captación de estímulos presentados por debajo del umbral sensorial mínimo para su reconocimiento consciente.
En el caso que nos ocupa, se utilizó un tipo de estímulo conocido como mensajes subliminales explícitos, cuya característica principal reside en que, más que actuar sobre las emociones del espectador (subliminales indirectos o enmascarados), se influye directamente sobre la percepción. Es decir, se trata de imágenes rápidas en las que el receptor no tiene tiempo de procesar la información conscientemente, aunque sí a nivel inconsciente.
A nivel fisiológico, hay que hacer unas aclaratorias sobre el funcionamiento de la percepción humana, claves para entender la imposibilidad de captación de las imágenes subliminales.
El ojo humano es lento, y sólo percibe conscientemente imágenes transmitidas a determinadas velocidades. A esto hay que agregarle el efecto de la persistencia retiniana, y que consiste en que la última imagen captada se mantiene durante décimas de segundos en nuestra retina, concatenándose de manera invisible con la imagen siguiente. Gracias a este efecto, es posible la existencia del cine, que no es más que la proyección de 24 fotogramas fijos por segundo, que dan la sensación de movimiento al proyectarse a dicha velocidad. Si intercaláramos un solo fotograma dentro de la cadena de 24 imágenes fijas en un segundo, el ojo humano no percibiría a nivel consciente dicha imagen.
Si bien la televisión no funciona con fotogramas como el cine, sino con rayas que se construyen en la pantalla, al transferir una película de cine a video, se asume que ésta va a 30 cuadros por segundo. Al introducir una imagen de menor duración, póngase el caso de los 3 cuadros, estamos incapacitados para detectarla a nivel consciente, lo que no quiere decir que nuestra mente no pueda captarlos en un nivel inconsciente, en donde no estamos en capacidad de elaborar juicios y asumir actitudes respecto a ella.
Para que los mensajes subliminales tengan el efecto deseado por el productor de los mismos, deben cumplir con dos características fundamentales: En primer lugar, deben ser perfectamente recibidos y su contenido asimilado por el receptor, exactamente en el sentido en que el anunciante deseaba. En segundo lugar, el mensaje debe significar lo mismo para todos y cada uno de los receptores, quienes, además, deben percibirlo inconscientemente.
Una de las películas, Juego de Gemelas, comenzó a transmitirse a las 7:07 p.m. en horario “Todo Público” y finalizó en horario “Orientación Adultos”, la imagen insertada dice textualmente: “Un parao”.
Se trata de una frase sobre un fondo de color fucsia con un orificio que recuerda a los de un impacto de bala. No es casual que una de las veces que esta imagen aparece, sea en un momento en que las protagonistas, luego de reconocerse como iguales (gemelas en este caso), se dan la mano al finalizar un partido de esgrima. Ellas son enemigas en el terreno de la competencia por el trofeo de la mejor esgrimista, pero son iguales como seres humanos. Justo en ese momento, aparece la leyenda “Un parao”.
Pregunta pertinente: ¿”un parao” a qué? ¿A la reconciliación, a la amistad, al fin de la violencia propia del juego de esgrima?
Este tipo de mensaje son del todo punibles, y están prohibidos en todos los países del mundo, ya que violan los Derechos de Autor y de Propiedad Intelectual, y el Código de Comercio, puesto que altera el contenido original de la obra.
Y en Venezuela estos mensajes subliminales violan las siguientes leyes: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, La Ley de Telecomunicaciones y La Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y el Adolescente.

Caso Reciente
Prensa nacional e internacional manipula información y oculta violación a la Ley por parte de RCTVI
Este martes, una ola de informaciones de medios nacionales e internacionales aseguran que la salida del aire de Radio Caracas Televisión Internacional (RCTVI) se debe a un “cierre” y no a una suspensión temporal por el incumplimiento de la Ley que la planta protagonizó en reiteradas oportunidades.
Nuevamente, la estrategia de los medios de comunicación de la contrarrevolución venezolana fue hacer uso de fuentes difusas, vinculación de hechos sin relación y un desfile de voceros de la derecha, quienes por tradición arremeten contra cualquier medida que emprenda el Ejecutivo nacional para hacer cumplir las leyes en el país.
La información manipulada "en casa" y reproducida por los grandes medios de comunicación internacionales utiliza como argumento una supuesta violación de la libertad de expresión para tapar el verdadero problema: el funcionamiento ilegal de varias televisoras, entre ellas RCTV Internacional.
En el diario El Nacional, la ya desgastada imagen de las “manos blancas” contrasta con dos fotografías de la violencia propiciada por esos mismos estudiantes, quienes el pasado lunes perturbaron el tráfico capitalino con el cierre ilegal de importantes arterias viales y concentraciones sin el debido permiso de las autoridades del Ministerio de Interior y Justicia, ente encargado de resguardar a quienes deseen ejercer su derecho a protestar siempre en el marco del orden.
El diario de la familia Otero, en una muestra del periodismo criticable, atribuyó a “una fuente de Miraflores” que la renuncia del Vicepresidente Ramón Carrizalez fue por diferencias con otro funcionario del gobierno, cuando en el texto de la dimisión, el también ex ministro de Defensa aseguró que su salida y la de su esposa, Yubirí Ortega, se debió a razones estrictamente personales.
El intento del diario que “vaticinó” el golpe de abril de 2002 con el titular “La Batalla será en Miraflores”, es el de vincular hechos inconexos para continuar con su manido discurso del debilitamiento del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, y tratar de darle “respiración artificial” a una oposición dividida y sin fuerza para las elecciones parlamentarias.
Las únicas fuentes identificadas del rotativo El Nacional que “expresaron preocupación” y “rechazaron” la medida aplicada a RCTVI y a otras televisoras, fueron el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Phillip Crowley; el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Alejandro Aguirre y el diputado de la ultraderecha chilena, Víctor Pérez, voces que siempre respaldan a los dueños de los medios opositores sólo porque son instrumentos para la desestabilización en Venezuela.
En la misma línea, El Universal, haciendo uso de las mismas declaraciones de los voceros de El Nacional, aseguró que hubo un “repudio internacional por la salida del aire de RCTV” y deja las letras pequeñas para decir la verdad: “Conatel señala que RCTV Internacional tiene la posibilidad de volver a transmitir en televisión por suscripción”.
Una vez más, el periódico El País nos obsequia con una lección de periodismo de calidad con el Editorial, publicado el 26 de enero, Chávez Amordaza. Recordemos que un editorial marca la línea ideológica de un medio periodístico y, en este caso, define claramente la posición que tiene este medio respecto al proceso venezolano.

La Intervención del Estado

Venezuela durante 40 años permaneció regida por una ley que nos mantuvo alejados del desarrollo de los sistemas de comunicación que entrelazaban naciones, apuntalaban sistemas económicos y elevaban la calidad de vida de sus habitantes. La globalización obligó a interactuar mediante una computadora y abrió las oportunidades de desarrollo económico, educativo y social de las naciones. Durante este proceso de cambios Venezuela tardó 10 años planteando una reforma de propuesta que permitiera la entrada de inversionistas privados al negocio de las telecomunicaciones mediante 14 proyectos de ley.
Finalmente, en mayo de 2000 se determinó que a partir del 28 de noviembre los venezolanos tendríamos una Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Libertad de competencia para los inversionistas activos y los entrantes; y múltiples ofertas, productos y tarifas para el consumidor.
Como en casi todos los países, en Venezuela el espectro radioeléctrico es un recurso limitado que es regulado por el Gobierno con el objetivo de promover el interés público. El espectro radioeléctrico es una propiedad pública y, como otras propiedades de este tipo, debe ser regulado para equilibrar las necesidades de las empresas operadoras en relación con las necesidades del público.
El artículo 156 de la Constitución de 1999 y otros artículos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones dan al Gobierno el poder de garantizar y regular el acceso y uso del espectro radioeléctrico.
El Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones e Informática es la institución encargada de garantizar acceso a los operadores de televisión y radio, y también de evaluar si un operador ha servido o no al interés general. 
El Estado venezolano ha creado un ordenamiento legal novedoso y desarrolla estrategias para concretar el objetivo de democratizar el uso del espectro radioeléctrico. Tal es el caso de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Asimismo, la continúa habilitación de medios radioeléctricos alternativos y comunitarios.
Desde el año 2002, conforme a lo previsto en el Reglamento de Medios Comunitarios y de acuerdo con datos del informe del Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y el Ministerio del Poder Popular para la Información y la Comunicación, se han habilitado 195 medios de comunitarios, de los cuales 167 son radios y 28 son televisoras; una población de 11.962.227 habitantes, lo que representa 46,08% con respecto al total nacional. En cuanto a los medios impresos y digitales, se editan sistemáticamente 164 medios impresos y están activos 117 medios digitales.
En el caso de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión se han obtenido grandes logros entre los que destacan la difusión de cinco horas y media de producción nacional independiente en la radio y la TV venezolanas; registro de 10.778 productores nacionales independientes (PNI); capacitación de 2.200 PNI en 2006; recaudación de 43 millardos de bolívares para financiar la producción nacional independiente, la producción de programas infantiles, los proyectos de usuarios para la educación crítica de los medios y la dotación de infraestructura; el uso del lenguaje de señas en la televisión para incorporación de personas con discapacidad auditiva y el fomento a la difusión de la música venezolana, lo cual ha permitido que un año después de aprobada la ley, aumentara 50% la difusión de obras venezolanas.
En materia de participación ciudadana, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión introdujo como elemento innovador la creación las organizaciones de usuarios y usuarias como mecanismos de participación y control social de los servicios de radio y televisión. En la actualidad, existen 1.078 organizaciones registradas, las cuales están conformadas por un mínimo de 20 ciudadanos.
La Gaceta Oficial 39.333 contiene las normas técnicas sobre los servicios de producción nacional audiovisual.
La norma establece que medio cuya programación no tenga más de 70% de producción extranjera será considerado de carácter nacional y, por tanto, sujeto a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
La providencia indica que los interesados en prestar un servicio de producción nacional audiovisual deben notificar a Conatel, organismo que en 30 días hábiles determinarán si el solicitante califica o no.
Dicha normativa, contenida en la Gaceta Oficial número 39.333, de fecha martes 22 de diciembre de 2009, precisa que a partir de ahora se consideran servicios de producción nacional audiovisual a aquellos canales cuya recepción y/o difusión de imágenes y sonidos ocurran dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
Además, es requisito que éstos se difundan sólo a través de la red de un prestador del servicio de difusión por suscripción habilitado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
La normativa específica que no serán considerados servicios de producción nacional audiovisual aquellos canales que contengan en su programación semanal más del 70% de programas, publicidad o propaganda que, en su conjunto, no califiquen como producción nacional.
Tampoco se incluye en esta denominación a aquellos canales que contengan en el tiempo total de su programación semanal más del 70% de programas, publicidad o propaganda que, en su conjunto, no califiquen como producción nacional.
Ambos casos aplican de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de dicha norma técnica, que define como programa de producción nacional a aquel difundido por prestadores de servicios de radio y televisión en cuya creación, dirección, producción y postproducción se evidencia la presencia de capital, locaciones, guiones, directores o directoras, personal artístico o técnico venezolanos, así como valores de la cultura criolla.
Se estima que más de 97% de los hogares urbanos tienen a la televisión como principal entretenimiento y que ésta se mantiene encendida un promedio de ochos horas al día. Por ello, el Estado venezolano avanza en la estrategia de democratizar el acceso a los medios de comunicación y presta atención al medio televisivo, consciente de su penetración en la sociedad.
De este, modo actúa, de este modo, en plena sintonía con las ideas expresadas por Juan Pablo II durante la 37ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (2003):
…en concreto, es necesario, no sólo encontrar el modo de garantizar a los sectores más débiles de la sociedad el acceso a la información que necesitan, sino también asegurar que no sean excluidos de un papel efectivo y responsable en la toma de decisiones sobre los contenidos de los medios, y en la determinación de las estructuras y líneas de conducta de las comunicaciones sociales.
El Estado venezolano cuenta con tres formas de control mediático:
1) Procesos administrativos. Le corresponde al Ministerio de Infraestructura y a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones abrir los respectivos expedientes administrativos a los medios de comunicación. Luego del paro de dos meses, se ha procedido administrativamente a los cuatro canales privados.
2) Procesos normativos. Está en manos del Poder Legislativo, representado por la Asamblea Nacional.
3) Procesos jurídicos. El Poder Judicial es el intermediario ante los conflictos entre los medios de comunicación y el Estado.
Intervención del estado en los actuales momentos
La Asamblea Nacional aprobó en su sesión ordinaria de este martes un Acuerdo en respaldo al Ejecutivo Nacional en la aplicación y cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, presentó ante la Asamblea Nacional el Acuerdo en respaldo a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV.
El Acuerdo contempla "Respaldar de manera categórica las acciones ejercidas por el Ejecutivo Nacional, para garantizar la aplicación y el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión así como la Providencia Administrativa No. 01/09 emanada de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones publicada en la Gaceta Oficial N0. 39.333 de fecha 22 de diciembre de 2009, que promueve la regulación de la actividad desarrollada en nuestro país, por los Productores Nacionales Audiovisuales en el servicio de las televisoras por suscripción

Replanteamiento del Marco Jurídico  Nacional

·         Derechos Humanos
·         Pactos, Convenios y Tratados
·         Carta Magna

En la República Bolivariana de Venezuela como parte de los cambios estructurales se han venido desarrollando con la promulgación de la Constitución de 1999, y a partir del comportamiento de la prensa, la radio y la televisión como actores de la confrontación política, se han hecho transformaciones orientadas a la necesidad general de redefinir las relaciones comunicacionales entre el estado, la sociedad y las empresas de información, fundamentándose en 5 principios básicos:
1)      El rescate del ejercicio de la libertad de expresión en oposición a la hegemonía de las ideas de los propietarios de las empresas de información.
2)      Garantía del acceso a la información.
3)      La participación en la generación de los mensajes masivos.
4)      La responsabilidad social de los medios de difusión masiva.
5)      La diversificación de los medios d difusión masiva a través de la expansión de los medios alternativos-comunitarios.
Constitución 1999, Articulo 156 Numeral 28. Es competencia del poder público nacional  todo lo relativo a la legislación sobre el uso y explotación del espectro radioeléctrico.
Dicha legislación contempla constitucionalmente la conformación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Así como otras leyes emanadas por el Poder Legislativo que están contribuyendo a sentar las bases de la patria libre, tal es el caso de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión y las relativas a los medios cibernéticos y telemáticos.
De esta manera, se establece todo un marco regulatorio tendente a la defensa de los usuarios y los prestadores de servicio y telecomunicaciones asegurando sus derechos.
En este sentido el marco jurídico venezolano vigente mas el que está por reformarse y otros por crearse, sientan las bases para la transformación para las relaciones comunicacionales del país. A través de él se garantizan los derechos y se definen formas específicas de participación y organización, dirigidas a la democratización de la comunicación.
Figuras legales como la de los comité de usuarios d radio y televisión o la de los productores nacionales independiente, se orientan en esta dirección. En la medida que tales figuras se consoliden y se solventen algunas deficiencias de los propios instrumentos jurídicos, la exigencia de una información de calidad estará más cerca de ser atendida con el consecuente impacto en la consecución de una mejor calidad de vida, el rescate de la identidad y la liberación de la conciencia individual y colectiva.  

Responsabilidad comunicacional

Los medios de comunicación públicos y privados tienen, bajo el nuevo marco Constitucional, la obligación de ser responsables y rigurosos a la hora de informar, enseñar y entretener. No sólo deben transmitir la información veraz, oportuna y sin censura, sino que además deben coadyuvar en la formación ciudadana de las venezolanas y los venezolanos.

            TITULO III. De los derechos humanos y garantías, y de los deberes >  Capítulo III. De los derechos civiles >  Artículo 57
Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.
La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.
         El Estado garantizará la emisión, recepción y circulación de la información cultural. Los medios de comunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión de los valores de la tradición popular y la obra de los o las artistas, escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas, científicos, científicas y demás creadores y creadoras culturales del país. Los medios televisivos deberán incorporar subtítulos y traducción a la lengua de señas, para las personas con problemas auditivos. La ley establecerá los términos y modalidades de estas obligaciones
                                                                                                                                                                                 Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información.
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones
 Promulgada el 12 de junio de 2000, otorgó las competencias estatales para la regulación del sector a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Esta Comisión, inicialmente fue creada mediante el Decreto Nº 1.826 del 5 de septiembre de 1991 (Gaceta Oficial Nº 34.801 de fecha 18 de septiembre del mismo año); atribuyéndosele el carácter de servicio autónomo sin personalidad jurídica, y la jerarquía de una Dirección General del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión
La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela aprobó el 7 de diciembre del año 2004 la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la cual tiene como objeto establecer, en la difusión y recepción de mensajes, la responsabilidad social de los prestadores de servicios de radio y televisión, los anunciantes, los productores nacionales independientes, los usuarios y usuarias, para fomentar el equilibrio democrático entre sus deberes, derechos e intereses a los fines de promover la justicia social y contribuir con la formación de la ciudadanía.

Conclusión

Los medios de comunicación social son instrumentos fundamentales para la vigencia y el funcionamiento del sistema democrático. De la naturaleza de los mensajes de los medios depende, en alto grado, la conformación de la opinión pública. De allí la necesidad de un sistema comunicacional que garantice un flujo informativo libre, permanente, fidedigno y plural, y una amplia confrontación de opiniones que proporcionen al ciudadano suficientes elementos de juicio para permitirle la toma de decisiones conscientes en su participación en la esfera de lo público.
El cumplimiento de estas premisas requiere de una legislación y de un sistema político que establezcan plenamente la vigencia de la libertad de expresión y del derecho a la información. Ambos derechos están establecidos en la Constitución nacional.
El derecho a la información es de todos los ciudadanos y se verifica cuando los medios públicos y privados, así como los comunicadores sociales cumplen con su deber de informar veraz y oportunamente. Este derecho ciudadano a la información está condicionado por el régimen de propiedad y del control de los medios de comunicación.
En la sociedad actual los procesos de monopolización corporativa de los medios se han convertido en una amenaza a la pluralidad, confiabilidad y oportunidad de la información. Solo el desarrollo de un vigoroso conjunto de medios de distinta conformación – privados, de servicio público, no gubernamental, comunitario, alternativo – garantizaría la dimensión ética, la legitimación de la responsabilidad social y la democratización de la comunicación social a través de una efectiva participación ciudadana.
La población venezolana se aferra al Principio de la “Expectativa Esperanzada” el rol más importante a desarrollar por parte de los medios masivos de comunicación, para sentar las bases de la certidumbre en una Patria estable y progresista. Contamos para ello con bases significativas, como la puesta en vigencia de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, cuya normativa ha reivindicado el derecho de la información, y la cual, tiene como uno de sus objetivos, contribuir a la restitución de ese rol originario de los medios, contribuyendo con la transformación democrática del país y haciendo realidad los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en especial los relacionados con el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación libre y plural, creando de este modo, espacios para la participación ciudadana, previendo responsabilidades y  promoviendo la producción nacional independiente. Desde esta perspectiva y también en correspondencia con nuestra Carta Magna en su artículo 322, donde se indica que la Seguridad y Defensa integral de la Nación es competencia tanto del Estado, como de los ciudadanos que en ella habitan, existiendo de esta manera una corresponsabilidad sobre los aspectos básicos que atañen a la Nación.




Fuentes Bibliográficas

·         Los Documentos del Golpe Fundación Defensoría Del Pueblo

·         Libro Blanco Sobre Radio Caracas Televisión



Fuentes en internet

wikipedia.org/.../Televisión_de_Venezuela
www.alternativabolivariana.org/
www.prensamercosur.com
www.rebelion.org/noticia
www.telesurtv.net/noticias
www.observatoriodemedios.org.
www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones
www.minci.gob.ve/...medios/.../
www.aporrea.org
www.observatoriodemedios.org.ve   










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