Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan. Yo me haré morir con los pocos que me acompañan porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos. (Augusto César Sandino).

jueves, 13 de octubre de 2011

El Estado Social de Derecho y de Justicia y la Extinción del Latifundio Pensamientos de Bolívar, Zamora y Robinson


Introducción

Plantear la construcción del socialismo en una sociedad donde abunda el latifundio, sin asumir el costo político de atacar la propiedad privada para realizar una reforma agraria real es vil y cobarde.
Cuando se habla  de desarrollo endógeno se  plantea como eje fundamental la redistribución de la población y el regreso al campo, que asegure soberanía alimentaria, y convierta a los trabajadores  en propietarios.
La extinción del latifundio, además de un acto de justicia con el explotado de siempre, permitirá quebrar la base económica de la extrema derecha y construir fronteras vivas que impidan la penetración del enemigo.
En esta investigación se plantean temas en relación a la guerra contra el latifundio padre de todos los males que aquejan a la población campesina y en cierto moda a todos los habitantes del país, ya que con el desplazamiento de estos  por causa del latifundio, aumentan los cinturones de miseria en las grandes ciudades y hay un abandono al desarrollo agroalimentario.
Los temas que se desarrollan en esta investigación son: el estado social de derecho y de justicia y la extinción del latifundio, pensamientos de Bolívar, Zamora y Robinson, el desarrollo endógeno, el desarrollo exógeno y  la educación adaptada al medio campesino.
La importancia de este trabajo es conocer y valorar los instrumentos jurídicos con los que cuenta el país y por los cuales se defienden los Derechos Humanos de los Venezolanos y Las Venezolanas, esos instrumentos en este caso son la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario con los cuales se ha emprendido una lucha contra el latifundio el cual es  contrario al interés social


El Estado Social de Derecho y de Justicia y la Extinción del Latifundio
Pensamientos de Bolívar, Zamora y Robinson

El latifundio es una figura que se inicia con la conquista de este Continente a la llegada del Almirante Cristóbal Colón quien por Bulas Pontificias, otorgadas por el Papa a los Reyes Católicos de España, dio inicio al más gigantesco genocidio de la historia, no sólo sin cargo de conciencia alguna sino con la venia de Dios, Luego, sobrevino la repartición de las célebres encomiendas, donde se hicieron de todas las tierras de los conquistados.
La historia de los pueblos latinoamericanos está marcada por un conjunto de hechos, vivencias y experiencias de rebeldía en contra de las imposiciones de las oligarquías y los factores de poder externos.
            Venezuela Forma parte de un continente que fue sistemáticamente violentado y explotado por los europeos a partir de la invasión (no “descubrimiento”) de estas tierras que luego llamaron América, y que se inició con la llegada de Colón en 1492.
Estas luchas y resistencias cruzan toda la historia, hasta el día de hoy. Por un lado, las clases explotadoras defienden modelos de desarrollo y de democracia que excluyen a las mayorías de sus beneficios. Por otro lado, las mayorías populares luchan por construir alternativas verdaderamente democráticas, que permitan alcanzar una verdadera democracia al servicio de los intereses del pueblo.
En correspondencia con las ideas de uno de los grandes pensadores de
América, el maestro Simón Rodríguez, se cree en la necesidad de desarrollar ideas y organizaciones originales, a partir de la realidad del pueblo. Sólo así se puede  resistir las embestidas del poder y del capitalismo salvaje y el secuestro de las  identidades culturales.
Cuando se habla de fenómenos como el latifundio, necesariamente hay que invocar al Libertador Simón Bolívar quien con una visión por demás precisa de esta problemática, en uno de sus tantos decretos específicamente el producido el 14 de diciembre de 1825, expresaba,:
“Se devolverán a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que formaban los resguardos y sus títulos, cualquiera que sea que aleguen para poseerla los actuales tenedores”. Y continúa el indicado decreto: “Las tierras pertenecientes al Estado se repartirán entre los naturales del país, bajo desmesura y amojonamiento, adjudicándoseles en propiedad”... “Si al cabo de un año después de hecha la adjudicación y amojonamiento de las tierras, los beneficiarios con ellas no hubiesen emprendido el trabajo que demanda la estación del tiempo, y no den muestras de dedicación al trabajo, se les separará de la posesión”. Se puede  inferir sin lugar a dudas la intención del Libertador en cuanto al sentido, razón y propósito de lo que él concebía como fin social del uso de la tierra, como factor de desarrollo y crecimiento de un país. Es tan patente lo afirmado que una vez hecha la respectiva adjudicación, si el beneficiario no se dedicaba al trabajo requerido por la tierra, le era separada la posesión de la misma.
Simón Bolívar también  emprende la lucha por darle la libertad al pueblo venezolano y además de ser el padre de la independencia y de la integración latinoamericana, Bolívar es el precursor del pensamiento social revolucionario en nuestro continente.
En su proyecto, la victoria militar no era más que el comienzo de una verdadera revolución social, que debía permitir eliminar los groseros privilegios de las minorías y “la odiosa diferencia de clases”, elevando a todos los y las habitantes al rango de ciudadanos.
Finalizada la guerra, trató de aplicar en la Gran Colombia sus ideas libertarias.
Entre otras cosas, decretó la libertad de los esclavos y esclavas, así como también la devolución de sus tierras a los pueblos indígenas. Quiso también desarrollar la Reforma Agraria como consolidación de su política económica y social, pero los generales leguleyos de la época encontraron la fórmula para evadir su mandato.
El Libertador quiso repartir el campo entre sus soldados, los héroes de la emancipación, los cuales eran pueblo, porque este simplemente era quien conformaba el ejército, decía.
"los ejércitos se componen de hombres de carne y hueso, que necesitan de todo, y, por consiguiente, con pasiones que se deben satisfacer"

En el mensaje de Bolívar al Consejo de Estado en Angostura señalaba:
"Los soldados del ejército libertador eran demasiado acreedores a las recompensas del Gobierno, para que hubiese podido olvidarlos. Hombres que han arrastrado todos los peligros, que han abandonado todos los bienes, y que han sufrido todos los males no debían quedar sin el justo galardón que merecen su desprendimiento, su valor y su virtud. Yo pues, a nombre de la República he mandado distribuir todos los bienes nacionales entre los defensores de la patria. La ley, que fija los términos y la especie de esta donación, es el documento que con mayor satisfacción tengo el honor de ofrecer al consejo. El premio del mérito es el acto más augusto del poder humano”
En su más excelsa obra doctrinaria, el Discurso de Angostura reafirma su pensamiento:
"Hombres que se han desprendido de todos los goces, de todos los bienes que antes poseían, como el producto de sus virtud y talentos; hombres que han experimentado cuan cruel es una guerra horrorosa, padeciendo las privaciones más dolorosas, y los tormentos mas acerbos; hombres tan beneméritos de la Patria , han debido llamar la atención al Gobierno. En consecuencia he mandado recompensarlos con los bienes de la Nación “, y luego dice: "Si he contraído para con el pueblo alguna especie de mérito, pido a sus Representantes oigan mi súplica como el premio de mis débiles servicios. Que el Congreso ordene la distribución de los bienes Nacionales, conforme a la Ley que a nombre de la República he decretado a beneficio de los militares venezolanos”
Esta era la justicia del Libertador, una justicia que abarcaba todos los aspectos, desde el ámbito político hasta los predios sociales y económicos, Bolívar hablaba de los militares porque estos eran en su mayoría integrantes de la clase mas desposeída, el campesinado nacional. Sin embargo, no faltaron las trampas de algunos connotados generales, conocedores de las leyes, tales como el General Santander, para dar al traste con las súplicas de Bolívar, se inventaron la entrega de unos bonos adquiridos a precio irrisorio por los generales y así los grandes fundos y bienes confiscados a los españoles pasaron a manos de los grandes burócratas y caudillos de la emancipación.
El Libertador al darse cuenta de tal artilugio hizo intentos en revertir la situación y le escribe a Santander:
“La ley de repartición de bienes es para toda Colombia, y ahora, bien y mal, es para todos. Mas han hecho cierta reforma en la ley, según se asegura, aunque no he visto la ley. Se manda entregar vales de bienes nacionales a los militares, para que los compren en remate al mejor postor.
También se dirige a ministro Gual a través de Briseño Méndez para pedirle al congreso la corrección de tan aberrante entuerto, le expresa:
"Siendo el objeto de la ley hacer propietarios a los militares para recompensarlos, asegurarles la subsistencia, y darles estabilidad y arraigo en el país, ¿se logra esto entregándoles unos simples billetes, cuando no tienen medios de subsistir, cuando no hay bienes que subastar ni rematar, porque no se sabe siquiera cuáles son los nacionales, y cuando no pueden ocurrir a las capitales o pueblos distantes de las operaciones, que es donde deben hacerse las ventas?”
Finalmente el Libertador logra la suspensión de entrega de esos vales pero no logra vencer las artimañas de los representantes del Congreso quienes hacen una modificación de la ley a fin de "ampliar la justicia " y la extienden a los civiles, con la que se beneficiaron mayormente los burócratas apoyados por los generales de la revolución.
Por su parte Ezequiel Zamora inicia la lucha armada por sus ideas al unirse a la insurrección campesina que arranca el 1. ° De septiembre de 1846, con el alzamiento de Francisco José Rangel. El contingen­te rebelde está formado por campesinos y esclavos, y su método de lucha expre­sa sus ideas.
En la madrugada del 3 de septiembre ocupan la hacienda Yuma, propie­dad del político más reac­cionario de la República oligárquica, «los insurrec­tos libertan los esclavos, in­vitan a los peones a que se les incorporen, queman los títulos de propiedad y fusi­lan a los empleados de con­fianza de Ángel Quintero, y éste salva la vida porque se encuentra en Valencia» (Brito Figueroa, 119). No se trata, por tanto, de una mera asonada para dispu­tar prebendas políticas: se da libertad a los esclavos, y se queman los títulos de propiedad para destruir las pruebas y fundamentos ju­rídicos del sistema de lati­fundio.
Tal proceder se vuelve práctica ordinaria de los insurrectos a medida que la rebelión se extiende por todo el centro del país. Se­gún indica también Federi­co Brito Figueroa, a partir de esa fecha «no hay aldea o caserío de las regiones mencionadas donde no se agrupen los peones, ma­numisos y esclavos bajo las banderas del programa principio alternativo, elec­ción popular, horror a la oligarquía, tierras y hom­bres libres». Cada uno de estos puntos tiene un conte­nido socialista. Se reclama elección popular, porque la constitución de la época re­servaba el derecho de elegir y ser elegido para los pro­pietarios, discriminación que no sólo era política sino también clasista. El horror a los oligarcas es asimis­mo una consigna eminen­temente clasista contra la minoría detentadora del po­der político y económico: adviértase que se la invoca en lugar de «horror al par­tido conservador». Tierras y hombres libres exige la libertad de los esclavos, considerados hasta ese mo­mento propiedad privada de los dueños, y de las tie­rras, que conservan tal con­dición hasta el día de hoy. Tales consignas plantean una transformación total del modo de producción: el paso de la propiedad priva­da sobre hombres y tierras detentadas por una clase minoritaria, a la propiedad colectiva o bien en peque­ñas parcelas trabajadas por hombres libres en su propio beneficio.
Esta consigna es repetida en todos los documentos de los rebeldes ampliada como «Viva la libertad, Viva el Pueblo Soberano, Elección Popular, Horror a la Oli­garquía, Tierras y Hombres Libres».
No se queda Zamora en las palabras. En cumplimiento de sus ideas, ordena aplicar en Barinas las medidas si­guientes:
1) Cinco leguas de tierra a la redonda y por los cuatro puntos cardinales para uso común de cada pueblo, vi­lla, ciudad o caserío.
2) Eliminación del sistema de cobrar arriendo por el uso de la tierra para fines agrícolas o pecuarios.
3) Fijar los jornales de los peones de acuerdo con las labores.
4) Que los amos de hatos empotreren diez vacas pa­ridas, de modo permanen­te, en las tierras del común, para suministrar diaria­mente y de modo gratuito, una botella de leche a los hogares pobres.
El Socialismo del siglo XXI en Venezuela bebe de tres fuentes, de  estas tres referencias, que son esenciales para entender el proceso que ha permitido la conformación de nuestra sociedad: la gesta emancipadora republicana encabezada por el Libertador, Simón Bolívar; la revolución federal, representada por Ezequiel Zamora y el pensamiento de Simón Rodríguez, el maestro del Libertador
El proceso revolucionario actual se nutre de la raíz zamorana en diverso aspectos. Al igual que el caudillo popular, convoca a los venezolanos y venezolanas a retomar las banderas de nuestros libertadores, para conquistar la igualdad y nuestra verdadera independencia. Al igual que las luchas zamoranas por la tierra, el proceso de transformación actual de la sociedad venezolana es protagonizado por los sectores populares, es decir, el 80% de los venezolanos y venezolanas que han estado históricamente excluidos y excluidas de la toma de decisiones y de las riquezas nacionales. Por esta razón, el Gobierno Bolivariano desarrolla una política social incluyente, que se expresa en las Misiones y en el conjunto de políticas y programas sociales orientados a devolverles la dignidad a los venezolanos.
Por otra parte, Ezequiel Zamora es la principal fuente de inspiración del proceso de reforma agraria, guerra contra el latifundio y reparto de tierras entre los campesinos. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario ha sido el instrumento legal empleado para enfrentar el latifundio. A su vez, la Misión Zamora es la encargada de avanzar en la reforma y en las políticas participativas para el desarrollo rural integral. Si bien, en esta ocasión la expropiación y el reparto se realizan bajo un marco de verdadera democracia, es porque este proceso ha producido un enfrentamiento con los descendientes de la oligarquía que en su tiempo Zamora enfrentó con las armas.
Con estas raíces estamos formando el Socialismo del siglo XXI fundamentados en la  Libertad, lucha al latifundio y la Educación, tres ejes fundamentales para el desarrollo de nuestros campesinos, y con esto dar a cada uno un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, como lo manda nuestra Carta Magna en su artículo 2.

Idearios  de Bolívar,  Zamora y Hugo Chávez  “Lucha contra el  Latifundio”

A simón rodríguez,
¿Se acuerda Ud. cuando fuimos juntos al Monte Sacro en Roma a jurar sobre aquella tierra santa la libertad de la patria? Ciertamente no habrá Ud. olvidado aquel día de eterna gloria para nosotros; día que anticipó por decirlo así, un juramento profético a la misma esperanza que no debíamos tener.
Ud. Maestro mío, cuánto debe haberme contemplado de cerca aunque colocado a tan remota distancia. Con qué avidez habrá seguido Ud. mis pasos; estos pasos dirigidos muy anticipadamente por Ud. mismo. Ud. formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que Ud. me señaló.     Simón Bolívar

“Nosotros por mucho tiempo no podemos ser otra cosa que un pueblo agricultor, y un pueblo agricultor capaz de suministrar las materias primas más preciosas a los mercados de Europa, es el más calculado para fomentar conexiones amigables con el negociante y el manufacturero.                Simón Bolívar

“El sistema de gobierno más perfecto es el que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”
Simón Bolívar

Yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o la revocación de todos mis estatutos y decretos; pero yo imploro la confirmación de la libertad ab­soluta de los esclavos, como imploraría mi vida y la vida de la República              Simón Bolívar

¡El pueblo se basta a sí mismo! ¿Se querrán contentar con mis respuestas?: que la tierra no debe ser alienable; que en el mo­mento de nacer cada hombre debe encontrar su parte suficiente como la encuentra de aire y de agua; que en el momento de mo­rir debe dejar como herederos, no a los más próximos de la so­ciedad, sino a la sociedad entera; que no ha sido nada más que este sistema alienable el que ha transmitido todo a unos y no ha dejado nada a otros... Que no exista más la división de los ciuda­danos en clases; admisión en todos los puestos; derecho de voto para todos, a emitir sus opiniones en todas las asambleas... Pro­baremos que la tierra no es de nadie, sino que es de todos...                Ezequiel Zamora

Tierra y hombres libres
“Cuando Dios hizo el mundo repartió en común el agua, el sol, la tierra, ¿porqué entonces los godos se han apoderado de las mejores tierras, bosques y  aguas, que son propiedad del pueblo?”       Ezequiel Zamora

La Guerra Federal
“...como sabemos que ustedes están defendiendo la misma causa que nosotros, tienen un denodado patriotismo y deseo de sacar a la patria de la salvaje y brutal dominación... diremos con orgullo y Bizarría: Viva la libertad, viva el pueblo soberano, elección popular, horror a la oligarquía, tierra y hombres libres.”         Ezequiel Zamora

“Dios hizo iguales a todos los hombres en cuerpo y alma, ¿por qué entonces un puñado de ladrones y facciosos van a vivir del trabajo de los pobres, especialmente de quienes tienen el pellejo negro?”                                                         Ezequiel Zamora

«… luchamos para proporcionar una situación feliz a los pobres (…) los pobres nada tienen que temer, no tienen nada que perder, que tiemblen los oligarcas, no habrá ricos ni pobres, la tierra es libre, es de todos»                                             Ezequiel Zamora

La propiedad es un robo cuando no es consecuen­cia del trabajo. (…)       Ezequiel Zamora
“Por eso es que ahora, comenzado el siglo XXI, cuando en Venezuela ha llegado, se ha instalado y se ha instalado para quedarse una verdadera revolución, una verdadera democracia, ahora revolucionaria, este problema (el latifundio), tenemos que enfrentarlo, tenemos que dominarlo y tenemos que derrotarlo, la guerra contra el latifundio es esencia de la lucha bolivariana”,                Presidente Hugo Chávez
           
El latifundio no sólo es perverso por lo injusto, porque concentra las mejores tierras en pocas manos, mientras la mayoría no tiene tierras o las tiene en condiciones paupérrimas. También es ineficiente e improductivo, porque ustedes van a cualquier extensión de cualquier latifundista y podrán ver que de cada  10 mil hectáreas, a lo mejor mil están medio produciendo o la mitad está medio produciendo y el resto está totalmente abandonado”.                                                                                  Presidente Hugo Chávez

El Estado Social de Derecho y de Justicia y la Extinción del Latifundio

Hablar del problema de la propiedad y tenencia de tierra en un país como Venezuela cuyo espacio geográfico supera los novecientos mil kilómetros cuadrados, no es tan sencillo como pudiera parecer. Fundamentalmente, porque a lo largo de nuestra historia, el poder y la ambición de unos pocos han prevalecido sobre el interés y bienestar de las mayorías.
Mientras no haya un justo reparto de las tierras, no podremos alcanzar el verdadero desarrollo del campo y consecuencialmente lograr la alimentación sustentable de la creciente población de nuestros países. Ante esta realidad se ha hecho indispensable y necesario el avocamiento por parte del Gobierno del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías, al promover dentro del marco legal Constitucional, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, la cual nace de la necesidad e interés de dar a la tierra el valor social que merece, con el fin de lograr los objetivos de igualdad previstos en nuestra Carta Magna.
Creando estrategias
Desde que el presidente Hugo Chávez dio la orden de “execrar” el latifundio del país, todas las instituciones del área mancomunaron esfuerzos para la creación de estrategias idóneas que permitieran cumplir el objetivo propuesto.
Primero, la creación de un Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en noviembre del 2001 que permitiera establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable, entendido éste como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones.
En segundo lugar y como otra iniciativa del Gobierno Bolivariano para seguir profundizando la lucha contra el latifundio y por el rescate de la soberanía alimentaria, el Presidente de la República, Hugo Chávez, dicta el Reglamento Parcial del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo para la Determinación de la Vocación de Uso de la Tierra Rural, publicado en Gaceta Oficial No. 38.126 del 14 de febrero de 2005.
Posteriormente y en busca de perfeccionar la estrategia, se reforma la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en mayo de este año suprimiendo los artículos 21, 23, 39, 74, 89 y 90 por contribuir poco a la consecución del objetivo planteado.

Objetivos claros
Es bien sabido que no hay guerra efectiva, que lleve a resultados concretos sino se tienen claros los objetivos a alcanzar. En esta guerra contra el latifundio, enmarcada la Revolución Agraria que adelanta el Gobierno Venezolano se han planteado varios objetivos, todos con la misma importancia:
1. Que no quede una familia campesina sin tierras.
2. Que el movimiento campesino avance en su organización dentro del modelo cooperativista, como plataforma para un desarrollo endógeno integral y sustentable.
3. Que no queden restos del latifundio en ninguna de sus manifestaciones (tenencia de la tierra, explotación y subyugamiento social y cultural).
4. Que cada metro cuadrado de tierra fértil se ponga en producción, para lograr la seguridad alimentaria y así contribuir a consolidar la irrenunciable soberanía nacional.
Se inicia el ataque
Con los instrumentos jurídicos definidos, el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Tierras (Inti) y del Ministerio de Agricultura y Tierras inició las investigaciones en las distintas extensiones de terrenos con características de latifundio en todo el país, encontrándose con hatos y fincas con cadenas titulativas irregulares y productividad y rendimiento muy por debajo de lo establecido en la Ley.
Se esta  convirtiendo la democracia en una realidad para todos y todas. Se ha  planteado la transformación del país, creando un nuevo modelo de desarrollo orientado al crecimiento productivo con inclusión social: de allí la necesidad de atacar el desequilibrio territorial, uno de los grandes problemas heredados por los venezolanos desde la época colonial.
Queda el reto de enfrentar la pobreza, promoviendo mejores condiciones para el desarrollo rural integral. El enemigo a vencer es el latifundio, que en Latinoamérica ha adoptado la forma de haciendas, hatos, estancias, etc., una forma de propiedad asociada generalmente a relaciones de trabajo que sólo benefician a una minoría. En este contexto, Venezuela registra uno de los índices más altos de concentración de tierras en pocas manos: según el censo agrícola de 1998, el 5% de los propietarios acaparan el 75% de las tierras agrícolas del país, mientras que el 75% de los propietarios se ven obligados a repartirse sólo el 6% de las tierras. Esto constituye una verdadera aberración, que ha sumido en el atraso y la miseria a miles y miles de venezolanos y venezolanas.
Dispuesto a dar la pelea para incentivar la agricultura como medio de desarrollo social, garantizar la seguridad agroalimentaria y elevar la calidad de vida de la población campesina, el Gobierno Bolivariano ha emprendido cambios sustanciales en la estructura de la tenencia y uso de la tierra, mediante la aplicación del nuevo ordenamiento jurídico en materia de tierras y desarrollo agrario.
Se cumple así con el mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 306 establece: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente, fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra, mediante la dotación de obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica”.
Antes de formular políticas sobre la tenencia de la tierra, se debe tener en cuenta que la tierra no es un bien como los otros: no es producto del trabajo humano y contiene en su seno recursos naturales necesarios para todos. De ella depende nuestra alimentación y supervivencia. Por lo tanto, la tierra con vocación agrícola tampoco puede dejar de ser producida. La concentración de la tierra en pocas manos, no sólo es injusta para los campesinos sin tierra y los pequeños propietarios, sino que presenta numerosos problemas para el desarrollo de toda la sociedad. En la agricultura no funciona la economía de gran escala. La pequeña y mediana producción es más eficiente y más productiva que la grande y más apta para adaptarse a los adelantos tecnológicos. Además, ocupa a más trabajadores, diversifica la producción y afecta menos al medio ambiente.
Por otra parte, el latifundio impide el desarrollo armónico de las comunidades rurales. Si los campesinos no pueden ser dueños de la tierra, si su familia no puede acceder a mejores condiciones de vida, se produce entonces su desplazamiento hacia los cinturones marginales de las grandes ciudades.
Es papel del Estado garantizar al campesino una estructura de tenencia de la tierra que permita dotar de servicios básicos a los asentamientos y un plan integral de desarrollo que genere expectativas de progreso para el pequeño y mediano productor. Por eso, el rol del Estado es irremplazable para impulsar programas de reforma agraria. Sin intervenciones específicas y adecuadas del Estado, o de ciertas instituciones de la sociedad, prevalecerá la tendencia a la concentración de la tierra en manos de grupos o de individuos que le darán un uso distinto al del interés social.
Es en este contexto que el Gobierno Bolivariano asume, desde su inicio, la tarea de estructurar una política dirigida, en una primera etapa, a disminuir los desequilibrios territoriales, modificando el patrón de poblamiento tradicional, para, de este modo, consolidar una actividad productiva y económica armónica y diversificada a lo largo y ancho del país.
La lucha contra el latifundio se convierte en mandato de ley a través de la Constitución Nacional, que en su artículo 307 indica que “el régimen latifundista es contrario al interés social”, precisando que “los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tendrán derecho a la propiedad de la tierra”. Con esto, se pretende la eliminación íntegra de una práctica que es contraria a la justicia y al interés social. 
Combatir el latifundio
Al abordar el tema del sistema socioeconómico de la Nación, la nueva Carta Magna hace énfasis en la agricultura como base estratégica del desarrollo rural sustentable. El texto constitucional no limita el valor del ámbito agrario a los beneficios económicos que pudiese generar la producción nacional, sino que procura trascender dicha esfera, ubicándose dentro de la idea del desarrollo humano y social de la población.
Las directrices constitucionales manifiestan la decisión fundamental hecha por el soberano de constituirse en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, en el cual la tierra y la propiedad no son privilegio de unos pocos, sino que están al servicio de toda la población, dentro de los valores de la solidaridad e igualdad de oportunidades. Otra de las finalidades del nuevo marco legal es el aseguramiento de la biodiversidad, la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario, así como la seguridad agroalimentaria de la presente y futuras generaciones.
Ley de tierras: fundamento de la justicia campesina 
El Decreto de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario sustenta el nuevo marco legal, en el que se busca profundizar y dar operatividad concreta a los valores constitucionales de desarrollo social a través del sector agrario. Para ello, se procura una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de tierras y desarrollo de toda la actividad agraria.
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario deja claro, en su primer artículo, que el crecimiento económico debe ser enmarcado dentro de una “justa distribución de la riqueza y planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo”. Se someten a la normativa del marco legal, según  señalan los legisladores, todas las tierras, tanto públicas como privadas, “con vocación para el desarrollo agroalimentario”. En este sentido, están incluidas las tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tierras, las propiedades de la República de dominio privado, las áreas baldías en jurisdicción de los diferentes Estados y Municipios, y las tierras privadas.
A partir de la aprobación de este Decreto Ley, el Ejecutivo Nacional es el encargado de promover planes especiales de desarrollo integral para ir incorporando progresivamente a todas las regiones al “desarrollo económico del país, manteniendo la igualdad de oportunidades para todas las regiones”.
Además, el artículo 4 decreta que las organizaciones económicas encargadas de la producción agraria se establecerán teniendo como base “los principios de mutua cooperación y solidaridad, privilegiando el sistema cooperativo, colectivo o comunitario”.
Sobre la relación del Estado y la tenencia de la tierra también se pronuncia la ley. Se indica (artículo 8) que será el Estado venezolano el encargado de garantizar al campesino su incorporación al proceso productivo, estableciendo las condiciones adecuadas para la producción, promoviendo la estructuración de fundos, mediante la adjudicación de tierras. También se establece (artículo 9) que “el Estado organizará el servicio eficiente del crédito agrario, incorporando a las instituciones bancarias y financieras, públicas o privadas, existentes”, para potenciar el crecimiento del sector, creando de ser necesario instituciones estatales para que otorguen créditos en condiciones especiales.
Cambios institucionales
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario ordena la creación de tres institutos autónomos separados,  en sustitución del Instituto Agrario Nacional: el Instituto Nacional de Tierras, la Corporación Venezolana Agraria y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural.
La nueva institucionalidad pretende dividir las distintas actividades, de acuerdo a las funciones que les corresponde cumplir. Instituto Nacional de Tierras. Se hace cargo de la regularización de las tierras con vocación agraria, llevando a cabo los procedimientos de declaratoria de finca ociosa y de certificación de finca mejorable o productiva. Igualmente, es competente para tramitar los procedimientos de expropiación agraria y de rescate, y para intervenir preventivamente las tierras que se encuentran improductivas. Corporación Venezolana Agraria. Cumple los objetivos de desarrollar, coordinar y supervisar las actividades empresariales del Estado para el desarrollo del sector agrario. Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Tiene la responsabilidad de contribuir con el desarrollo rural integral del sector agrícola en materia de infraestructura, capacitación y extensión.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Tierras, el sector campesino comienza a ser beneficiado con importantes logros jurídicos, que inevitablemente inciden en el mejoramiento de la calidad de vida del campesino, así como en la óptima utilización y distribución de las tierras para el aprovechamiento de los recursos naturales, con miras a garantizar el desarrollo agrícola sustentable en nuestro país. 

Principales Logros
Adjudicación de tierras al campesino. La Ley reconoce el derecho a la adjudicación de tierras a toda persona que sea apta para el trabajo agrario, pudiendo ser beneficiados todos los venezolanos y venezolanas que hayan optado por el trabajo rural y la producción agraria como oficio u ocupación principal.
Protección a la mujer del campo. También establece en el artículo 14 que serán beneficiarias preferenciales de adjudicación de tierras las ciudadanas que sean cabeza de familia y que se comprometan a trabajar una parcela para mantener a su grupo familiar. Prevé este mismo apartado que estas ciudadanas tendrán garantizado un subsidio especial alimentario pre y post natal, del cual estará encargado el Instituto Nacional de Desarrollo Rural.
Beneficios sociales. El instrumento jurídico garantiza a los trabajadores del campo todos los beneficios previstos en la Ley Orgánica del Trabajo en su articulo 16, lo cual mejora sustancialmente su condición social.
Garantías para grupos asentados históricamente en áreas rurales. Según el artículo 17 de la Ley de Tierras, dentro del régimen del uso de tierras con vocación para la producción agroalimentaria, se garantiza la permanencia de los grupos de población asentados en las tierras que históricamente han ocupado, así como la de los pequeños y medianos productores agrarios en las tierras que han venido ocupando pacíficamente para el momento de la promulgación del Decreto Ley.
Garantía de progreso material y de desarrollo humano. También queda garantizado el derecho de todos los campesinos y campesinas a perseguir su progreso material y desarrollo humano en libertad, con dignidad e igualdad de oportunidades.
Protección del folclore y las costumbres. Del mismo modo, el Estado es el encargado de asegurar la protección de la cultura, el folclore, la artesanía, las técnicas ancestrales de cultivo, las costumbres, usos y tradiciones orales de los campesinos, así como la biodiversidad del hábitat.
Reconocimiento del conuco como fuente histórica de biodiversidad agraria. La nueva Ley reconoce al conuco como fuente histórica de la biodiversidad agraria, encargando al Ejecutivo Nacional la tarea de promover, en las áreas desarrolladas por conuqueros, la investigación y la difusión de las técnicas ancestrales de cultivo, así como el control ecológico de plagas, las técnicas de preservación de suelos y la conservación de los germoplasmas en general.
Optimización del uso de las aguas. El agua como recurso de interés nacional, debido a su importancia para el desarrollo de la vida, también ocupa un lugar preponderante, pues la Ley encarga al Instituto Nacional de Tierras la vigilancia del uso y aprovechamiento racional de las mismas, con fines de riego y acuicultura. Este organismo será el encargado de crear una comisión permanente que coordinará el régimen del uso de las aguas con fines de producción agropecuaria.
Redistribución de las tierras ociosas. En vista de que la producción agraria y el desarrollo rural constituyen temas de interés nacional, la Ley estipula algunos mecanismos para confiscar aquellas tierras que, dadas sus condiciones óptimas para la producción, permanecen ociosas. En este sentido, se establece que será la Oficina Regional de Tierras la encargada de abrir averiguaciones con relación a las denuncias que reciba en este sentido.
Desde luego la Ley no deja en estado de indefensión a aquellos que consideren tener derechos anteriores sobre las tierras, pues si estos poseen elementos para desvirtuar el carácter de ociosa o inculta de una tierra, tienen la facultad de oponer las razones que los asistan, cumpliendo los requisitos exigidos en la Ley. En estos casos, será el Directorio del Instituto Nacional de Tierras el órgano encargado de hacer justicia.
Impuesto sobre tierras subutilizadas. La nueva Ley crea un impuesto que busca gravar la infrautilización de las tierras rurales, tanto privadas como públicas, quedando excluidas del ámbito de aplicación de este impuesto las tierras cubiertas de bosques naturales declarados por el Ejecutivo Nacional como tales (estos no podrán ser objeto de explotación y uso alguno). El artículo 106 define como tierras infrautilizadas aquellas que poseen vocación agrícola, pecuaria o forestal que no alcancen el rendimiento idóneo calculado según las disposiciones contenidas en la Ley.

Marco Legal y Político
·         La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)
Establece que el Estado venezolano se concibe como un estado democrático y social de derecho y de justicia, inspirado en tales principios, el texto constitucional, impone ciertos parámetros para desarrollar la política agraria venezolana, este nuevo Estado se diferencia de los Estados liberales, por cuanto la tierra y la propiedad no son privilegios de unos pocos sino que están al servicio de toda la población, dentro de los valores de solidaridad e igualdad.
En principio, se obliga al Estado a promover la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral y como una forma de garantizar la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor, conocida esta como seguridad agroalimentaria.
Las acciones para alcanzar la seguridad agroalimentaria, se dirigen por mandato constitucional, a privilegiar la producción agropecuaria interna, que comprende las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola, generando empleo y garantizando a la población campesina el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructuras, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
Igualmente, se declara el régimen latifundista como contrario al interés social, ordenando a la Ley, se disponga lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas o incultas y establecer las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas.

·         La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001)
En el año 2001, se promulgó el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual establece las bases para el desarrollo rural integral y sustentable del sector agrícola, afectando el uso de todas las tierras públicas o privadas con vocación para la producción agroalimentaria, esta afectación no constituye ningún tipo de gravamen sino que se refiere a la ubicación del uso de tales tierras dentro de un marco jurídico distinto al derecho común, es decir, es una limitación a la propiedad privada por razones de utilidad pública o interés general
Este nuevo marco legal busca profundizar y dar operatividad a los valores constitucionales de desarrollo social a través del sector agrario. Para ello se procura una justa distribución de  la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de la tierra. Igualmente, se implantan los medios necesarios para la eliminación integra del régimen latifundista como sistema contrario al interés social, estos medios se refieren a los procedimientos administrativos agrarios dispuesto en la nueva ley de Tierras y Desarrollo Agrario: i) rescate de tierras públicas ocupadas ilegal o ilícitamente; ii) declaratoria de tierras ociosas o incultas; iii) cobro del impuesto sobre tierras ociosas o incultas; y, iv) expropiación de tierras privadas con vocación para la producción agroalimentaria, así como de las bienhechurías fomentadas en tierras públicas.
El nuevo Estatuto Agrario, busca la incorporación del campesino al proceso productivo, preferentemente de forma cooperativa, es por ello que en su articulado de establece la creación de los fundos estructurados en los cuales se adjudica la tierra a los grupos organizados, así como los bienes muebles e inmuebles necesarios para la efectiva explotación, esta efectiva explotación no busca un enriquecimiento de los integrantes de las cooperativas, que se fundamente en la explotación del hombre por el hombre, sino que por el contrario esta debe ser una producción social, que beneficie a la mayoría de los integrantes de las comunidades establecidas en los alrededores de los fundos estructurados. Esta realidad cooperativista dispuesta e la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, de ninguna manera puede entenderse como la negación de las explotaciones realizadas de manera individual por los campesinos, estas igualmente, son protegidas por el Estado Venezolano.
El ordenamiento jurídico venezolano actual en materia agraria, tiene como fin último establecer las bases para el desarrollo rural integral y sustentable, lo cual se logrará si se cumplen cuatro requisitos indispensables, a saber: i) La afectación del uso de todas las tierras públicas y privadas con vocación para la producción agroalimentaria (cumplimiento de los Planes Nacionales de Producción Agroalimentaria, mejor uso de las capacidades de los suelos, etc.); ii) el cumplimiento de la función social; iii) eliminación del latifundio; y, iv) garantizar la biodiversidad y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de las presentes y futuras generaciones.
·         Código Civil venezolano

Artículo 545°  La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley.

En concordancia con el 115 de la Constitución de La República Bolivariana de Venezuela; Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.
·         Ley orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria
Para la construcción del Estado Social de justicia y bienestar que enuncia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es indispensable garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos venezolanos el acceso oportuno a alimentos de calidad, en cantidad suficiente, con preferencia de aquellos producidos en el país, sobre la base de las condiciones especiales propias de la geografía, el clima, la tradición, cultura y organización social venezolana.
Para un verdadero desarrollo rural revolucionario es necesario superar la concepción tradicional de mercado de alimentos y productos agrícolas, con una visión productivista y rentista, en detrimento del derecho fundamental de las venezolanas y los venezolanos a alimentarse.
Hasta la promulgación de la Constitución Bolivariana, el mercadeo agrícola constituía el exclusivo mecanismo regulador de la distribución de todos los bienes, servicios y saberes que tenían como finalidad principal la alimentación nutritiva, oportuna y suficiente de la población y la dignificación de la vida campesina.
Estos fines estatales, alimentación y producción agrícola, están infaliblemente ligados, sin que pueda concebirse un Estado garante del acceso oportuno a alimentos de calidad, sin la protección y apoyo a la actividad agroproductiva y agroalimentaria de la Nación.
De igual forma, la justicia agraria es incompleta con la sola democratización de la tenencia o el uso de la tierra, hay que acompañarla con instrumentos jurídicos que enmarquen otras equilibradas relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo, socialmente necesarias y económicamente equitativas, para el desarrollo de las fuerzas productivas del agro, superando programáticamente la desigualdad socioeconómica entre el campo y la ciudad, así como la concepción reductista de contemplar el campo en unidades de producción y no dimensionadas en unidades sociales de producción y consumo, para superar el hambre como elemento estructural capitalista, y la progresiva disminución de la intervención de capitales especulativos o las relaciones mercantilistas en el agro.
Las experiencias de reforma agraria en nuestro país, y en el mundo entero, han demostrado que la adjudicación de tierras, como política independiente, sin medidas de incentivo, fomento y protección de la actividad agroalimentaria nacional y el desarrollo rural integral, terminan siendo un problema para la campesina y el campesino que, con un título suficiente que le permite aprovechar la tierra, no tiene garantías que le permitan financiar su producción y, peor aún, sin posibilidad de asegurar la colocación de su producto en las redes de distribución e intercambio.
Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica responde además a precisas justificaciones desde todos los ámbitos de acción del Estado venezolano: social, económico, jurídico y político territorial:

Justificación social.
Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica ofrece  el escenario idóneo para la inserción del productor en la seguridad social, como una conquista histórica de la campesina y el campesino venezolano, cuyo desenvolvimiento está tan vinculado con la seguridad agroalimentaria y agro productiva del país.

Justificación Económica
Es indispensable la asunción voluntaria de responsabilidades en la toma y ejecución de decisiones por parte de los miembros de la sociedad, y en la cual el Estado como expresión del poder político en manos del pueblo centraliza algunas políticas en aras del armónico desarrollo nacional. Este sistema debe tener como características esenciales la justicia y la equidad.
Justificación jurídica
La preeminencia del principio de libre competencia establecido en el artículo 299 de la Constitución Bolivariana, por encima del derecho fundamental a la alimentación y a la vida digna de nuestras productoras y productores, ha sido el resultado de una interpretación parcial de la Constitución, descontextualizada del espíritu y letra constitucional.
Nuestra Carta Magna sujeta el hecho económico a una “justa distribución de la riqueza” mediante “la planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta”, donde el Estado se reserva el uso de la política comercial (art.301 ejusdem).
Así, el Estado Venezolano no puede dejar a la arbitrariedad del libre mercado el desarrollo de la producción de los bienes materiales y espirituales, asumiendo la responsabilidad rectora social, la distribución socialmente justa de bienes, especialmente de alimentos, conforme lo establecido en los artículos 305 al 308 constitucionales.
Justificación político-territorial
Se hace necesario diseñar una estrategia territorializada para la producción agrícola, en función del desarrollo social, económico y político del sector rural y peri urbano, también sus relaciones e integración con lo urbano, en un abastecimiento bidireccional de alimentos, bienes, servicios y saberes agrícolas, bajo relaciones justas de producción y distribución de ingresos para el desarrollo local sustentable y sostenible, como elemento estratégico en el planeamiento de la defensa integral y soberanía agroalimentaria local y nacional.
Artículo 1. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica tiene por objeto garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria, en concordancia con los lineamientos, principios y fines constitucionales y legales en materia de seguridad y defensa integral de la Nación, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la ley que regula las tierras y el desarrollo agrario.
Ámbito de aplicación
Artículo 2. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica rige todas las actividades ejecutadas en el territorio nacional, relacionadas con la garantía de seguridad y soberanía agroalimentaria, tales como la producción, el intercambio, distribución, comercialización, almacenamiento, importación, exportación, regulación y control de alimentos, productos y servicios agrícolas, así como de los insumos necesarios para su producción.
Las disposiciones contenidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica regirán las actividades relacionadas con la actividad agroforestal y aquellas actividades agrícolas que no tengan por fin la alimentación, en cuanto le sean aplicables, sin perjuicio de la aplicación preferente de las leyes especiales que regulan la materia de bosques y reservas forestales.
El régimen de uso, goce y tenencia de tierras con vocación agroalimentaria se regirá por las disposiciones especiales contenidas en la ley que regula las tierras y el desarrollo agrario.
Orden público, utilidad pública e interés social
Artículo 3. Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica son de orden público. Se declaran de utilidad pública e interés social, las actividades que aseguren la disponibilidad y acceso oportuno a los alimentos, de calidad y en cantidad suficiente a la población, así como las infraestructuras necesarias con las cuales se desarrollan dichas actividades.
El Ejecutivo Nacional, cuando existan motivos de seguridad agroalimentaria podrá decretar la adquisición forzosa, mediante justa indemnización y pago oportuno, de la totalidad de un bien o de varios bienes necesarios para la ejecución de obras o el desarrollo de actividades de producción, intercambio, distribución y almacenamiento de alimentos.
Soberanía agroalimentaria
Artículo 5. La seguridad agroalimentaria es la capacidad efectiva que tiene el Estado, en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento esencial que garantiza el derecho a la alimentación.

Daño premeditado a la producción
Artículo 118. Quienes de manera intencional ocasionaren pérdidas premeditadas en su producción agrícola o en la de terceros, con el fin de influir en los niveles de abastecimiento o en las políticas de fijación de precios de determinado rubro, serán sancionados con prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de un mil hasta diez mil unidades tributarias (1.000 U.T. a 10.000 U.T.).
·         Ley orgánica para la ordenación  del territorio
Artículo 16.- También se consideran áreas bajo de régimen de administración especial, las siguientes áreas del territorio nacional que se sometan a un régimen especial de manejo:
Zonas de Aprovechamiento Agrícola, compuestas por aquellas áreas del territorio nacional que por sus condiciones edafo-climáticas deben ser resguardadas para su explotación agrícola, dentro de un régimen de mayor o menor preservación. Según su potencial agrícola se distinguen las de Alto Potencial, referidas a zonas que por sus excepcionales condiciones agrícolas deben ser sometidas a una Máxima preservación; Las de Medio Potencial, referidas a zonas que reúnen las condiciones necesarias para ser declaradas como Zona Agrícola Especial según la Ley de la materia; y las de Bajo Potencial, referidas en las zonas sometidas a una menor preservación toda vez que para su explotación agrícola la requieran la aplicación de tecnología especializada que subsane los factores limitantes de su potenciales.

·         Ley De Expropiación Por Causa De Utilidad Pública O Social

Artículo 1. La presente Ley regula la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o de interés social, de los derechos y bienes pertenecientes a los particulares, necesarios para lograr la satisfacción del bien común.

Artículo 2. La expropiación es una institución de Derecho Público, mediante la cual el Estado actúa en beneficio de una causa de utilidad publica o de interés social, con la finalidad de obtener la transferencia forzosa del derecho de propiedad o algún otro derecho de los particulares, a su patrimonio, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización.
Artículo 19. La Comisión de Avalúos a que se refiere esta Ley estará constituida por tres (3) peritos, designados: uno por el ente expropiante, uno por el propietario y uno nombrado de común acuerdo por las partes. Cuando una de ellas no concurriese o no pudiere avenirse en el nombramiento del tercer miembro, el Juez de Primera Instancia en lo Civil, de la jurisdicción respectiva, hará el nombramiento del que le corresponde a la parte, y del tercer miembro, o de éste solamente, según el caso.
Artículo 34. Declarada por la autoridad judicial la necesidad de adquirir el todo o parte de la propiedad o algún otro derecho, según lo alegado, probado en autos y firme la decisión, se señalará día y hora para que las partes concurran a fin de lograr un avenimiento sobre el precio del bien objeto de la expropiación, tomando como base el valor establecido por la Comisión de Avalúos designada, conforme a lo dispuesto por el artículo 19 de esta Ley. Los defensores de oficio de los no presentes y mandatarios que no tengan poder para ejecutar actos de disposición o para transigir, carecerán de facultad para este avenimiento. En el acta de avenimiento se especificarán las razones que justifiquen el avalúo convenido.
Artículo 35. De no lograrse el avenimiento, el Juez convocará a una hora del tercer día de despacho siguiente para el nombramiento de una Comisión de Avalúos designada, según lo establecido en el artículo 19 de esta Ley, que efectuará el justiprecio del bien, observándose las reglas del Código de Procedimiento Civil.

·         Ley Orgánica del Ambiente
Artículo 62: La gestión para la conservación del suelo y del subsuelo debe realizarse atendiendo a los lineamientos siguientes:
1. La clasificación de los suelos en función de sus capacidades agroecológicas.
2. El uso y aprovechamiento del suelo y del subsuelo debe realizarse en función a su vocación natural, la disponibilidad y acceso a las tecnologías ambientalmente seguras, a fin de evitar su degradación.
3. La adopción de medidas tendientes a evitar y corregir las acciones que generen erosión, salinización, desertificación o modificación de las características topográficas y otras formas de degradación del suelo y del paisaje.
4. La restauración y recuperación del suelo y del subsuelo que haya sido afectado por la ejecución de actividades. Prevención y control.

·         Ley Penal del Ambiente

Degradación de suelos, topografía y paisaje

Artículo 43°

El que degrade suelos clasificados como de primera clase para la producción de alimentos, y la cobertura vegetal, en contravención a los planes de ordenación del territorio y a las normas que rigen la materia, será sancionado con prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) días de salario mínimo.
En la misma pena prevista en este Artículo incurrirá el que provoque la degradación o alteración nociva o deterioro de los suelos o su cobertura vegetal; la topografía o el paisaje por actividades mineras, industriales, tecnológicas, forestales, urbanísticas o de cualquier tipo, en contravención de los planes de ordenación del territorio y de las normas técnicas que rigen la materia. Si el daño fuere gravísimo, la pena será aumentada al doble.

·         Código penal
Artículo 471-A. Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenas, incurrirá en prisión de cinco años a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a doscientas unidades tributarias (200 U.T.). El solo hecho de invadir, sin que se obtenga provecho, acarreará la pena anterior rebajada a criterio del juez hasta en una sexta parte.
La pena establecida en el inciso anterior se aplicará aumentada hasta la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión.
·         Los Derechos humanos
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario al  estudiar la  actividad agraria como  un complejo de actos y de  actividades, tiene  presente igualmente  como  orientación para la  interpretación de su normativa,  la  preeminencia de los derechos  humanos para concretizar en su  aplicación los valores que implica el reconocimiento y el  respeto de esos derechos, no solo individuales sino también de las colectividades nacionales y  mundiales. Por ello, el derecho a la tierra de las comunidades originarias, de las poblaciones desplazadas; el derecho a la alimentación y  a la seguridad agroalimentaria;  el  derecho  a la protección de la integridad personal y familiar de los  agricultores y productores; el derecho a la paz  social y  a la  erradicación de la violencia;  el  derecho a la seguridad  jurídica y el  derecho al desarrollo sostenible; el derecho a las formas  democráticas de asociación y de participación libres  y  espontáneas;  y el derecho a la planificación agraria concertada; son  valores y  principios  que se tienen en cuenta al regular la  actividad  agraria y al interpretar sus  normas  jurídicas para  concretizar en su  aplicación los  principios de justicia social y de desarrollo equitativo que  orientan el derecho agrario moderno.
·         Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico Y Social de la Nación 2007-2013
Modelo productivo socialista
La producción en la búsqueda de lograr trabajo con significado se orientará hacia la eliminación de la división social del trabajo, de su estructura jerárquica actual y a la eliminación de la disyuntiva entre satisfacción de necesidad y producción de riqueza.
El modelo productivo responderá primordialmente a las necesidades humanas y estará menos subordinado a la reproducción del capital.
La creación de riqueza se destinará a satisfacer las necesidades básicas de toda la población de manera sustentable y en consonancia con las propias exigencias de la naturaleza en cada lugar específico.
El Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país y el desarrollo multilateral y de las necesidades y capacidades productivas del individuo social.

El modelo productivo socialista estará conformado básicamente por las empresas de producción social, que constituyen el germen y el camino hacia el socialismo del siglo XXI, aunque persistirán empresas del Estado y empresas capitalistas privadas.
En lo referente a la producción de alimentos, la base de la garantía de la seguridad alimentaria será el desarrollo rural integral cuyo alcance trasciende la actividad productiva agrícola, uno de cuyos componentes es la producción de alimentos.
La visión de la agricultura no se restringe a lo alimentario, sino que incluye los cuatro subsectores: vegetal, animal, forestal y pesquero, y la actividad agrícola está llamada a cumplir un importante papel en la ocupación del territorio, la redistribución del ingreso y el aporte de otras materias primas a la industria.
·         La soberanía alimentaria implica el dominio, por parte del país, de la capacidad de producción y distribución de un conjunto significativo de los alimentos básicos que aportan una elevada proporción de los requerimientos nutricionales de la población.
·         Para el desarrollo de la capacidad interna de producción de alimentos, aprovechando las capacidades propias del país, se elevará sustancialmente la inversión productiva en la agricultura y particularmente en materia de riego, saneamiento de tierras y vialidad rural.
·         Para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola, se tomarán acciones en el ámbito nacional y en las relaciones internacionales.
Entre tales desventajas están la rigidez estructural de la oferta agrícola, la estructura agroindustrial concentrada como demandante de materias primas y proveedora de bienes de consumo intermedio y final, los subsidios a la producción que utilizan los principales países exportadores y el sesgo importador que se introduce por la abundancia relativa de divisas del país.
Nueva Geopolítica Nacional
El modelo socioterritorial venezolano heredado es viva expresión de las relaciones históricas de dependencia económica experimentadas, por lo que la desarticulación estructural existente entre los sectores productivos y la economía de puertos predominante se expresa territorialmente en una escasa integración interregional y en espacios integrados exclusivamente desde los puertos hacia la extracción primaria o hacia los mercados conformados por los centros urbanos que captan principalmente la renta petrolera.
En este sentido, la dinámica urbano-regional del territorio venezolano ha seguido, desde mediados del siglo pasado, un patrón de ocupación concentrado, desequilibrado y polarizado, cuya expresión actual muestra fuertes desigualdades interregionales, generando importantes problemas sociales y ambientales.
Las grandes concentraciones urbanas de la zona centro-norte-costera, localizadas en zonas de vulnerabilidad y riesgo, constituyen el “sistema central de ciudades” del país, donde los centros urbanos contienen grandes cinturones de miseria y asentamientos humanos no regulados, que carecen de adecuados equipamientos y servicios, concentrando a un gran número de la población. De este modo, las actividades económicas se han generando bajo características sociodemográficas, pautas de trabajo, ahorro y consumo que producen patrones de desigualdad, vulnerabilidad social y exclusión, lo que ha requerido y seguirá requiriendo de elevadas inversiones para satisfacer sus necesidades (dotación de agua, energía, transporte, telecomunicaciones), lo que tiende a limitar y retardar el desarrollo de otras zonas.
La tenencia de la tierra improductiva, que en lo rural se manifiesta a través del latifundio, y en lo urbano a través de las parcelas intraurbanas vacías y las tierras periurbanas en espera de ser incorporadas a la poligonal urbana, es un factor, la rémora de una sociedad rentista contrapuesta a los objetivos de inclusión social y productiva.
El impacto de las actividades humanas actuales pone en riesgo la capacidad de carga de la zona centro-norte-costera y son precisamente los pobres los más afectados por la degradación ambiental. Es imperante prestar atención al calentamiento global dada sus extensas costas y el incremento que eso representa para el nivel de sus aguas.
En esta nueva etapa, y bajo los lineamientos del Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007-2021), se establecerán las bases firmes para la transición hacia una nueva organización socio-territorial coherente con el socialismo del siglo XXI. Los proyectos de inversión productiva en los ejes de desarrollo, la formación de redes y de polos de desarrollo para integrar el territorio nacional, tomarán en consideración la geocultura nacional y las bases ecológicas en el proceso de ordenamiento racional de los recursos y del territorio. Mejorar las condiciones de hábitat de los asentamientos humanos, (mejorar la salud, educación y servicios públicos) sean pequeños, medianos o de gran escala y fortalecer las ciudades intermedias. Se integrarán los sistemas de transporte y comunicaciones para articular el territorio nacional mediante corredores multimodales de infraestructura donde el sistema ferroviario nacional se convierta en el principal medio de transporte. En este marco, el Eje Norte-Llanero constituye el eje de integración y desarrollo principal para el periodo que articulará a los demás ejes de desconcentración (ejes Occidental, Oriental y Apure-Orinoco).

El Desarrollo Endógeno

"La paz sólo se puede asegurar cuando las personas están libres" del miedo al hambre. Por consiguiente, las diversas iniciativas para una cultura de paz deben vincular la paz con el desarrollo endógeno, equitativo y sustentable. Si el desarrollo no es endógeno, se corre el riesgo de que contraríe e incluso perturbe el contexto cultural y económico tradicional de las vidas" de las personas. Si no es equitativo, puede perpetuar injusticias que conducen a conflictos violentos. Si no es sustentable, puede perjudicar e incluso destruir el medio ambiente y las estructuras sociales existentes".
Hacia una Cultura Global de Paz, UNESCO
Manila, Islas Filipinas, noviembre de 1995
El desarrollo endógeno es una forma de llevar adelante la transformación social, cultural y económica de nuestra sociedad, basada en la reconquista de las tradiciones, el respeto al medio ambiente y las relaciones equitativas de producción, que nos permita convertir nuestros recursos naturales en productos que podamos consumir, distribuir y exportar al mundo entero.
Se busca incorporar a los venezolanos que hasta ahora habían sido excluidos del sistema educativo, económico y social; mediante la construcción de redes productivas donde todos participen en igual de condiciones, accediendo fácilmente a la tecnología y el conocimiento.
A través del desarrollo endógeno se otorga poder a las comunidades organizadas para que desarrollen las potencialidades agrícolas, industriales y turísticas de cada una de las regiones. Se logra poniendo al servicio de toda la gente la infraestructura del Estado que había sido abandonada (campos industriales, maquinarias, tierras ociosas, entre otros) para generar bienes y servicios.
Es un modelo económico en el que las comunidades desarrollan sus propias propuestas el liderazgo nace en la comunidad, y las decisiones parten desde adentro de la comunidad misma.
Busca la satisfacción de las necesidades básicas, la participación de la comunidad, la protección del ambiente y la localización de la comunidad en un espacio determinado.
Busca que los procesos locales y globales se complementen. Su meta es el desarrollo en el nivel local, de la comunidad, pero que este desarrollo trascienda hacia arriba, hacia la economía del país, hacia el mundo. Sucede cuando las personas de una comunidad se organizan, se comunican y deciden compartir sus conocimientos para promover el progreso de su comunidad, utilizando sus recursos.
Es un salto hacia un logro superior, pues ahora se comienza a pensar en el beneficio del colectivo.
El Desarrollo Endógeno se basa en el cambio del sistema productivo del país, para que cada región sea capaz de transformar sus recursos naturales en bienes y servicios que multipliquen el empleo y el bienestar social, lo que garantiza la calidad de vida para las personas y el medio ambiente.
Por ejemplo:
• El maíz se da mejor en Guárico
• Las hortalizas, en Mérida
• Los plátanos, en el Zulia y El Vigía
• El turismo, en Margarita y el estado Bolívar
(Gran Sabana)

Fundamento legal
La política de Desarrollo Endógeno se basa en el proceso de cambios que está viviendo el país desde 1999, impulsado desde el Ejecutivo Nacional, que busca la participación de las mayorías en el destino de la nación, la democratización de los recursos petroleros, la construcción de una sociedad más justa y el mejoramiento en las condiciones de vida de poblaciones históricamente olvidadas y desasistidas.


Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos:

Articulo 3: El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.
 Artículo 62 de la, señala: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos…la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública, es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo…”
Articulo 87: Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca. Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones.
Artículo 112: Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.
·         La Ley orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria

Artículo 6. A los fines de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus reglamentos, se entiende por:
Desarrollo endógeno: Es el desarrollo que se alcanza aprovechando los recursos localmente disponibles, tales como tierra, agua, vegetación, animales, conocimiento y cultura local, y la forma de organización de la comunidad, con el objeto de optimizar su dinámica, mejorando así la diversidad cultural, el bienestar humano y la estabilidad ecológica.
Objetivos
En líneas generales, los objetivos de las políticas de NDE son los siguientes:
  • Organizar a las comunidades
  • Erradicar la pobreza
  • Mejorar la calidad de vida de las comunidades desasistidas y ubicadas en zonas demográficamente desconcentradas
  • Propiciar la desconcentración de la población en el territorio nacional
  • Impulsar una sociedad proactiva  y productiva
  • Restituir el sentido de ciudadanía participativa en las comunidades
Organismos participantes y ejecutores
La política de Núcleos de Desarrollo Endógeno impulsada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela está orientada a erradicar la pobreza, mejorar la calidad de vida de la población y crear un nuevo modelo de desarrollo económico y social al que se incorporan los sectores populares así como aquellas zonas desasistidas y desconcentradas demográficamente.
PDVSA visualiza el desarrollo social con una sinergia interinstitucional, es decir conjuntamente con otras instituciones del Estado.
En el Desarrollo Endógeno intervienen diversos aspectos:
• La transformación de los recursos naturales.
• La construcción de cadenas productivas que enlacen producción-distribución y consumo.
• El aprovechamiento eficiente de la infraestructura.
• La incorporación de la población excluida.
• Adopción de nuevos estilos de vida y consumo.
• El desarrollo de nuevas formas de organización, tanto productiva como social.
• Construcción de microempresas y cooperativas.
• El respeto de las particularidades regionales y nacionales potenciando sus propias fuerzas.
• El desarrollo de tecnologías alternativas.
• La transformación de recursos sin comprometer las generaciones futuras: productividad ecológica.
Se busca de incorporar a la población excluida y adoptar nuevos estilos de vida y de consumo. Por lo  tanto, impulsa una economía social, fundada en valores cooperativos y solidarios. En la economía social, el centro no es la ganancia, sino los hombres y las mujeres que la conforman. La economía social se basa en el desarrollo humano.
El Desarrollo Humano es el proceso que permite ampliar las oportunidades de las personas, para hacer que el crecimiento del país sea más democrático y participativo. Se evidencia en el acceso al ingreso y al empleo, a la educación y a la salud, en un entorno limpio y seguro. Para que sea posible, todos deben tener la oportunidad de participar en las decisiones comunitarias y disfrutar de la libertad humana, económica y política.
El Desarrollo Endógeno es un proceso en que lo social se integra a lo económico, lo social y lo ecológico. Esta integración ocurre de tres maneras:
·         La integración económica: en donde un sistema de producción específico permite a los agentes locales (la comunidad) usar, eficientemente, los factores productivos y alcanzar los niveles de productividad que les permiten ser competitivos.
·         La integración sociocultural: de los actores económicos y sociales (comunidad que produce) con las instituciones locales, formando un sistema de relaciones que incorporan los valores de la sociedad al proceso de desarrollo.
·         La integración política: que se logra mediante iniciativas de la comunidad y permite crear un entorno local que estimula la producción y favorece el desarrollo sostenible.
El cual es «Un desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin menoscabar las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades». Es decir, es la renovación en el tiempo de los recursos y la re-utilización de estos por generaciones futuras.
Significa que en la concepción del desarrollo están presentes la dimensión humana y la preocupación ambiental, el respeto por el medio ambiente, la necesidad de lograr equilibrio entre el desarrollo y la preservación de la calidad de la vida y de los recursos naturales.
Para ello, es fundamental que el desarrollo esté relacionado con la cultura de cada pueblo, y que se diferencie de acuerdo con las características de diversos grupos étnicos y culturales.
El desarrollo sostenible implica el derecho de todo ser humano y de todos los pueblos a una existencia digna en un medio ambiente sano. Esto permite elevar la calidad de vida y el bienestar de toda la comunidad.
Desarrollo Humano, Endógeno y Sostenible
El concepto de desarrollo endógeno, humano y sostenible, comprende los derechos humanos fundamentales como principal objetivo, de manera que se tome al ser humano en su totalidad. Pero, además, busca que los seres humanos se capaciten para:
• Alcanzar el desarrollo personal y comunitario.
• Transformar sus propios recursos para producir nuevas fuentes de empleo.
• Interactuar con la naturaleza y la tecnología.
• Preservar el medio ambiente y aprovecharlo correctamente.
• Desarrollar sus regiones.
• Elevar la calidad de vida.
El Modelo de desarrollo endógeno busca hacer que nuestra economía cumpla con lo requisitos de una economía productiva que realice la producción, la transformación, la distribución de nuestras materias primas para abastecernos de todo lo que requerimos consumir. Principalmente, en todo lo relacionado a nuestra seguridad alimentaria
El Modelo de Desarrollo Endógeno Bolivariano
• Es darle poder a las comunidades organizadas para que desarrollen las potencialidades agrícolas, industriales y turísticas de sus regiones.
• Es incorporar a los compatriotas que hasta ahora habían sido excluidos del sistema educativo, económico y social.
• Es construir redes productivas donde todos participemos en igualdad de condiciones y accedamos fácilmente a la tecnología y el conocimiento.
• Es poner al servicio de la gente toda la infraestructura del Estado que había sido abandonada (parques industriales, maquinarias, tierras ociosas, entre otros) para generar bienes y servicios.
• Es, en definitiva, transformarnos nosotros mismos... para transformar la sociedad.

El Desarrollo Exógeno

Evolución histórica de los modelos exógenos de desarrollo

Venezuela ha sido hasta ahora un país capitalista neocolonial y por lo tanto dependiente. Desde el momento de la invasión europea en el siglo XVI hasta hoy, la economía estuvo sometida a los vaivenes de la economía internacional y los dictados de las potencias económicas de turno. Este saqueo permanente de las riquezas naturales y la fuerza de trabajo de las venezolanas y los venezolanos, se ha instrumentalizado a través de los modelos económicos enlistados arriba y con ellos hemos sido insertados, siempre de manera impuesta, en la división internacional del trabajo.
La conjunción de estos modelos, consolidó una sociedad altamente desigual, con un limitado desarrollado de sectores medios, en la que la élite oligárquica ligada al sector externo de la economía que ejerce todavía su dominio despótico sobre la gran mayoría de la población, que sobrevive sin percibir los beneficios económicos y sociales de los sucesivos modelos económicos dominantes.
Todos los modelos propuestos, al compartir el carácter exógeno, han procurado la debilidad económica relativa del país, respecto a la evolución global de la economía capitalista, desarrollándose lo que algunos especialistas han denominado “círculo virtuoso del atrasado”.
La dependencia no solamente ha sido de carácter económico. Por el contrario, la creciente divergencia entre los patrones de producción y los de consumo, ha propiciado la “dependencia cultural”



El Modelo exportador de crecimiento hacia fuera

Desde los albores del siglo XVI hasta nuestros días, Venezuela, al igual que el resto de América Latina, se relaciona con el capitalismo internacional a través de la exportación de productos primarios (de origen agrícola o minero) y las ganancias que esos productos generan, se acumularon siempre en los centros económicos mundiales.
Se esta  hablando de una estructura productiva destinada a proveer de materias primas a los mercados internacionales y no al mercado interno, ni a las necesidades de la población nacional. En el caso de Venezuela, puede decirse que desde el siglo XVI y hasta el presente se mantiene consistentemente este patrón, y sólo cambia la importancia y diversidad de los rubros exportados: a la producción de añil, cacao tabaco y cueros de res durante la dominación española, se añade el café en el siglo XIX. Pero en el siglo XX cesan las exportaciones agrícolas a favor de la explotación de hidrocarburos y otros productos mineros, con lo que sólo se profundiza y arraiga la dependencia hacia las naciones dominantes (Estados Unidos de América y Europa, fundamentalmente). No obstante, se acepta comúnmente que el modelo exportador de crecimiento hacia fuera se empieza a estructurar en Venezuela a partir de la consolidación política como estado nación, puesto que es a partir de este momento cuando el modelo se sostiene sobre la intermediación de oligarquías criollas que derivan.

El Modelo de sustitución de importaciones

Este modelo “confiaba básicamente en los efectos económicos, sociales, políticos e ideológicos de la industrialización”, pero pronto se pudo constatar que el proceso de industrialización no eliminaba gran parte de los obstáculos atribuidos a la sociedad tradicional, sino que creaban otros nuevos, de tal crisis nace el concepto de dependencia, definida como una situación en la cual, un cierto grupo de países tienen su economía condicionada por el desarrollo y expansión de otra economía a la cual la propia está sometida”.
La Primera Guerra Mundial (1914-1918) fue también la primera guerra donde el papel del motor de combustión interna fue determinante. En consecuencia, el resto de los conflictos vividos a lo largo de todo el siglo XX, involucraron de una manera u otra el control de los yacimientos de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón mineral). Para Venezuela, esto significó, si no el agotamiento del modelo primario exportador de crecimiento hacia fuera, sí la liquidación agrícola y pecuaria, cuya crisis se extiende por toda la segunda mitad del siglo XIX. La explotación del petróleo en Venezuela acarrea el inicio de una incipiente industrialización y la proletarización de grandes masas campesinas que abandonan “espontáneamente” la producción agrícola.
Sobre la explotación de ese primer contingente del proletariado industrial, el capital transnacional, en sociedad con las oligarquías criollas, encontró una nueva oportunidad de lucro imponiendo un modelo de sustitución de importaciones, cuyo propósito es producir bienes de consumo masivo igualmente aptos para la exportación en muchos casos, pero pagando la fuerza de trabajo nacional por una fracción miserable, comparada con lo que se pagaba a un obrero europeo o norteamericano.
Venezuela consolida esta dinámica más tardíamente que otros países del continente. Sin embargo, sus orígenes remotos se pueden rastrear hasta fechas tan tempranas como 1875. En la medida en que la producción agropecuaria se contrae, van apareciendo algunos tímidos intentos industriales tales como  tenerías, fábricas de jabón y hasta las primeras perforaciones petroleras en Táchira.
Sobre la base de la renta petrolera y bajo los consejos de la Comisión Económica para la América Latina (Cepal) Venezuela implementó una sustitución de importaciones que, pretendía sustituir, mediante la producción en el país, mercancías que tradicional- mente se importaban de los países capitalistas centrales (Europa y EE.UU., fundamental- mente), aunque siempre con un bajo valor agregado nacional.
Sin embargo, es necesario mencionar que el modelo de sustitución de importaciones no se instaló nunca con el propósito de suplantar a la exportación de hidrocarburos y mucho menos reivindicar la vocación agropecuaria del país, tal mecanismo de crecimiento que continuó apoyado en el sector primario exportador cambiando sólo el énfasis, de los productos agrícolas a los mineros, particularmente petróleo. En pocas palabras, se puede  decir que el modelo de sustitución de importaciones, se solapó o mejor aún, quedó subsumido en el mismo modelo primario exportador y de crecimiento hacia fuera, en tanto que sus crecientes necesidades de capitalización fueron sustraídas a la renta petrolera.
Este es el modelo híbrido sobre el cual se apoyó el bipartidismo adeco-copeyano  a lo largo de los 40 años de “puntofijismo”.
La sustitución de importaciones en el país, no significó independencia económica con respecto a los ricos países capitalistas, tampoco un cambio de propósito o de beneficiarios con respecto al modelo primario exportador (de crecimiento hacia fuera, esto es importante recordarlo), en la medida en que lejos de promover el crecimiento de la economía venezolana, se constituyó en otro canal paralelo para incrementar el despojo de la riqueza nacional en beneficio de los centros del poder capitalista, mientras que la vida económica de los venezolanos y venezolanas siguió dependiendo de una renta mínima, tímidamente sustraída a una industria petrolera que se perfilaba como un estado dentro del Estado.
El modelo primario exportador de crecimiento hacia fuera, ha permanecido sin cambios sustanciales a lo largo de toda nuestra historia de sometimiento, porque es un mecanismo prioritario en la imposición del dominio que ejercen sobre la economía las principales potencias imperialistas (particularmente Estados Unidos). En virtud de esta condición, la  economía seguirá supeditada a la demanda de un rubro primario de exportación (el petróleo), mientras este no se agote o mientras su demanda no decaiga.
Sin embargo, esa misma condición primario exportadora de la economía venezolana puede dejar de ser un instrumento de dominio, a partir del momento en que se le mutiló su carácter de generador del crecimiento hacia fuera (exógeno), y se le comenzó a concebir e implementar como el motor del crecimiento hacia adentro (endógeno).


La educación adaptada al medio campesino
En la médula del pensamiento de don Simón Rodríguez se encuentra la simiente de un proyecto de sociedad basado en la educación popular y en la creatividad. Simón Rodríguez concibe la idea concreta de la República y talla las formas del Estado Nacional y las líneas geohistóricas de su proyección en el tiempo.
Simón Rodríguez decía que no hay nueva república si no se forma un nuevo republicano. Asumía la educación como un instrumento para la liberación, pues consideraba que el conocimiento debía servir para romper los esquemas establecidos y desarrollar la inventiva. Esta visión, la reflejó en muchos de sus pensamientos: “Instrucción social, para hacer una nación prudente, instrucción corporal, para hacerla fuerte: instrucción técnica, para hacerla experta e instrucción científica, para hacerla pensadora”.
Actualmente, el nuevo sistema educativo bolivariano que se construye en Venezuela se sustenta en el pensamiento robinsoniano. Se trata de formar un ser social, solidario, creativo, productivo, y consciente que domine el hacer, saber y convivir. Es también, consolidar un sistema educativo que corresponda con el proyecto de país que señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En 1998, cuando Hugo Chávez Frías resulta electo Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la inversión en educación estaba en el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB), hoy, se invierte más del 8%. Más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes están estudiando en Venezuela, sin contar los incluidos en las misiones educativas que desarrolla la actual política gubernamental.
En la adolescencia y juventud, los venezolanos estudian en los liceos bolivarianos, educación media y estaríamos hablando del primer hasta el quinto año, en algunos casos, ya que también, están las escuelas técnicas robinsonianas, donde se cursa desde el primer año hasta el sexto año. La educación superior está representada por las universidades, en este caso, se pretende municipalizarla, y existen las llamadas aldeas universitarias, se trata de llevar la universidad al sitio más recóndito del país, extender la Universidad Bolivariana de Venezuela.
Todo esto, sin reseñar las misiones educativas, la Misión Robinson I para alfabetizar, la Misión Robinson II para estudiar hasta el sexto grado, la Misión Ribas, con el objetivo de obtener el título de Bachiller, la Misión Sucre, diseñada para ingresar al sistema de educación superior y la Misión Vuelvan Caracas con el firme propósito de aprender un oficio y ser productivos con una visión de desarrollo endógeno.
La educación adaptada al medio campesino se encuentra diseñada en el articulo 29 de la Ley Orgánica de Educación , en esta nos dice que la educación rural esta dirigida al logro de la formación de los ciudadanos y las ciudadanas en sus contextos geográficos; así mismo, está orientada por valores de identidad local, regional y nacional para propiciar, mediante su participación protagónica, el arraigo a su hábitat, mediante el desarrollo de habilidades y destrezas de acuerdo con las necesidades de la comunidad en el marco del desarrollo endógeno y en correspondencia con los principios de defensa integral de la Nación

El Modelo Robinsoniano
Las políticas de la Dirección General de Escuelas Técnicas Robinsonianas esta enmarcadas en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 y caracterizadas por la operación: “Acceso y permanencia a una educación integral y de calidad para todos”, definiéndose calidad de la educación: Construcción a través de la participación de los actores sociales involucrados, una Educación de Escuelas Técnicas de calidad en términos de pertinencia, equidad, justicia social y flexibilidad que contribuya a la formación integral de los estudiantes con énfasis en el desarrollo de la creatividad y en la producción de conocimientos transferibles al mundo del trabajo”, para lograr esto, se propuso la Transformación de la Administración del Nivel de Educación Media Diversificada y Profesional en un proceso dinámico, integral y descentralizado que permita planificar, ejecutar, controlar y evaluar el quehacer educativo para agilizar la toma de decisiones, la comunicación efectiva, el uso eficiente de los recursos y la supervisión entendida como acompañamiento y seguimiento del proceso educativo.
En estas  escuelas técnicas se  desarrolla la premisa robinsoniana de aprender haciendo, y por ello se están potenciando las áreas de producción agrícola, pecuaria y tecnología de alimentos, gracias a la cual los jóvenes no sólo siembran y cosechan, sino que procesan esa cosecha y la transforman en alimentos terminados
Entre los programas bandera que ejecutan estas instituciones destacan Todas las Manos a la Siembra, iniciativa diseñada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, para contribuir con la soberanía alimentaria a través de la siembra, para alimentar la tierra y que ésta produzca el alimento para los venezolanos.

Fundamentación Legal La Educación Rural en Venezuela
·         Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Artículo 102 °
La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley.
Artículo 103°
Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo.
       Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a      nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre renta según la ley respectiva.
·         Ley Orgánica de Educación
Educación rural
Artículo 29. La educación rural está dirigida al logro de la formación integral de los ciudadanos y las ciudadanas en sus contextos geográficos; así mismo, está orientada por valores de identidad local, regional y nacional para propiciar, mediante su participación protagónica, el arraigo a su hábitat, mediante el desarrollo de habilidades y destrezas de acuerdo con las necesidades de la comunidad en el marco del desarrollo endógeno y en correspondencia con los principios de defensa integral de la Nación. Teniendo en cuenta la realidad geopolítica de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado garantiza la articulación armónica entre el campo y la ciudad, potenciando la relación entre la educación rural y la educación intercultural e intercultural bilingüe.


















Conclusión

El Socialismo del siglo XXI en Venezuela bebe de tres fuentes, de  estas tres referencias, que son esenciales para entender el proceso que ha permitido la conformación de nuestra sociedad: la gesta emancipadora republicana encabezada por el Libertador, Simón Bolívar; la revolución federal, representada por Ezequiel Zamora y el pensamiento de Simón Rodríguez, el maestro del Libertador
Venezuela Forma parte de un continente que fue sistemáticamente violentado y explotado por los europeos a partir de la invasión (no “descubrimiento”) de estas tierras que luego llamaron América, y que se inició con la llegada de Colón en 1492.
El latifundio adoptó en épocas de la colonia una forma semifeudal, ubicándose en las plantaciones y en las haciendas: los terratenientes monopolizaban las tierras y el excedente de la producción, y los campesinos se convertían en trabajadores explotados al extremo, a veces, casi en calidad de esclavos.
Durante el grosero bipartidismo, agresivo y depredador, se inició una reforma agraria pero esta no cumplía los objetivos para los cuales se había concebido, ya que al campesino se le otorgaba la tierra, pero la tierra para ser trabajada necesita, además de mano de obra, instrucción, conocimiento de la calidad de la tierra para el fruto que vaya a sembrarse así como maquinarias y semillas y aquellos quienes fueron beneficiados con el programa, cansados de la “dulce espera” del otorgamiento de créditos para suplir estas necesidades, las vendían y se venían a la Gran Caracas en busca de mejores condiciones de vida.
Existe en Venezuela más de dos millones de hectáreas en manos de latifundistas, que aunque poseyeran títulos probatorios de la propiedad de la tierra, otorgados cuando la colonia, estos fueron derogados por el Libertador Simón Bolívar por decreto en el año 1821 permaneciendo vigente hasta nuestros días. Sencillamente los terratenientes debieron poner a derecho la titularidad de sus tierras y esto ser conformado por la República de Venezuela, cosa que la inmensa mayoría de estos terratenientes no hizo.
Ante esta realidad se ha hecho indispensable y necesario el avocamiento por parte del Gobierno del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías, al promover dentro del marco legal Constitucional, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, la cual nace de la necesidad e interés de dar a la tierra el valor social que merece, con el fin de lograr los objetivos de igualdad previstos en nuestra Carta Magna.
En esta lucha contra el latifundio se pretende  lograr una justa distribución de las tierras rurales, aumentar la productividad del sector agrario, aumentar la productividad del sector agrario, mejorar el uso de la tierra, evitando la acumulación de tierras ociosas que no cumplan una función social determinada, propiciar la seguridad alimentaria
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario es un instrumento que marca un cambio en las estructuras de la propiedad agraria. Es una transformación real del sector campesino, del sector agrícola y de la tenencia de la tierra en Venezuela. La Ley de Tierra permite que la gran cantidad de tierras acaparada en pocas manos pase a muchas manos con una justa distribución de las tierras. Ese es el principal objetivo que persigue la Ley de Tierras, la justa distribución de las tierras”.
La política de Desarrollo Endógeno se basa en el proceso de cambios que está viviendo el país desde 1999, impulsado desde el Ejecutivo Nacional, que busca la participación de las mayorías en el destino de la nación, la democratización de los recursos petroleros, la construcción de una sociedad más justa y el mejoramiento en las condiciones de vida de poblaciones históricamente olvidadas y desasistidas.
A través del desarrollo endógeno se otorga poder a las comunidades organizadas para que desarrollen las potencialidades agrícolas, industriales y turísticas de cada una de las regiones. Se logra poniendo al servicio de toda la gente la infraestructura del Estado que había sido abandonada (campos industriales, maquinarias, tierras ociosas, entre otros) para generar bienes y servicios. Es un modelo económico en el que las comunidades desarrollan sus propias propuestas.
Lo contrario al desarrollo endógeno es el que se desarrolla afuera, es decir, el "exógeno". Por venir desde afuera, este modelo no sabe ni respeta las necesidades de las personas que conforman las comunidades. Su estructura ignora lo que pasa en lo local. Es más, no le importa el desarrollo de las personas. Sólo le interesa el capital, la acumulación de ganancias.
Las ideas de Simón Rodríguez son la principal fuente filosófica de la Revolución
Bolivariana en la educación. Sus planteamientos sobre una educación inclusiva y una formación republicana crítica se encuentran ampliamente recogidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
La educación adaptada al medio campesino se refleja en el articulo 29 de la Ley Organice de Educación, la cual esta dirigida al logro de la formación integral de los ciudadanos y las ciudadanas en su contexto geográfico, esta orientada por valores de identidad local, regional y nacional. Mediante el desarrollo de habilidades y destrezas de acuerdo con las necesidades de la comunidad en el marco del desarrollo endógeno.









Comentario personal

          El fenómeno del latifundio ha sido y es aún, uno de los principales males para el desarrollo social, económico y político del  país. Surge con la conquista, se consolida en la colonia, sobrevive a la guerra de independencia, la creación de la República, la Guerra Federal, se hace fuerte para finales del siglo XIX y comienzos del XX, y pretende continuar de la mano de los terratenientes aliados al capital extranjero, en este nuevo siglo.
El latifundio es contrario al interés social combatirlo es muchísimo más que repartir tierras ociosas y expropiar las millones de hectáreas que hoy permanecen en manos de terratenientes , combatir y desarticular el latifundio es exterminar las  relaciones de poder establecidas en la sociedad, que generan la exclusión y la desigualdad.
Combatir y desarticular el latifundio es democratizar las relaciones políticas, económicas y sociales existentes en  el medio rural venezolano que tienen a este como una de sus expresiones básicas que permiten explicar la situación de pobreza, marginación, ausentismo escolar, migración acelerada, baja inversión y muchas más condicionantes de la vida en le campo venezolano.
Hoy, el país entero han sido  testigos del duro combate que libra el pueblo campesino revolucionario por acceder a las tierras que un puñado de terratenientes usurpan en detrimento de millones de venezolanas y venezolanos que provienen del medio rural y que no poseen ni un centímetro de tierra para generar su sustento. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario es el instrumento legal para dar el duro golpe a esta batalla, concebido dentro del marco legal de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, La lucha contra el latifundio se convierte en mandato de ley a través de la Constitución Nacional, que en su artículo 307 indica que “el régimen latifundista es contrario al interés social”, precisando que “los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tendrán derecho a la propiedad de la tierra”. Con esto, se pretende la eliminación íntegra de una práctica que es contraria a la justicia y al interés social. 
 Otra de Las acciones que el Estado esta ejecutando es la de promover una agricultura sustentable  para alcanzar la seguridad agroalimentaria, cumpliendo así con el artículo 305 de la Carta Magna y garantizar a la población disponibilidad suficiente y estable de alimentos.
La Venezuela del siglo XXI, esta en un proceso de refundación para establecer una sociedad democrática, participativa en un Estado de Justicia social, donde todos y todas tengan garantizados los Derechos Humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, al igual que todos los derechos de los pueblos como el desarrollo, al medio ambiente, a la paz y a la determinación.
El Socialismo del siglo XXI en Venezuela bebe de tres fuentes, de  estas tres referencias, que son esenciales para entender el proceso que ha permitido la conformación de esta sociedad: la gesta emancipadora republicana encabezada por el Libertador, Simón Bolívar; la revolución federal, representada por Ezequiel Zamora y el pensamiento de Simón Rodríguez, el maestro del Libertador y el Presidente Hugo Chávez 

«Viva la libertad, Viva el Pueblo Soberano, Elección Popular, Horror a la Oligarquía, Tierras y Hombres Libres».



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Referencias Bibliográficas


·         DESARROLLO ENDÓGENO.  Desde adentro, desde la Venezuela profunda
            Ministerio de Comunicación e Información.

·         DESARROLLO ENDOGENO BOLIVARIANO
            Eje de Formación Sociopolítica.

·         EL DERECHO A LA TIERRA
             Publicación del Ministerio de Comunicación e Información.

·         GUERRA CONTRA EL LATIFUNDIO
             Publicación del Ministerio de Comunicación e Información.

·         IDEARIO BOLIVARIANO
             Eje  de  Formación  Sociopolítica.

·         LA NUEVA CONCEPCIÓN AGRARIA EN VENEZUELA
            Consulta de expertos en reforma agraria 2006
              Instituto Nacional de Tierras INTI.

·         LÍNEAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO
             Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información;
              Junio, 2008. Impreso en la República Bolivariana de Venezuela
              Depósito legal: lf87120083302557.

·         NUESTRO ROL ANTE LA HISTORIA
            Sistema de Formación Socialista Simón Rodríguez
            Primeras jornadas de pensamiento  y reflexión crítica de las bases del PSUV.

·         SIMÓN BOLÍVAR, TRES MENSAJES
             Colección Bolivariana
             © Ministerio de Comunicación e Información
             Impreso en la República Bolivariana de Venezuela
              Depósito Legal: IF 87120059002473.

·         SOCIALISMO DEL SIGLO XXI. La fuerza de los pequeños
             Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información;
            Abril, 2007. Impreso en la República Bolivariana de Venezuela
            Depósito legal: lf87120073201165.

·         TEMAS DE DERECHO PARA LUCHADORES SOCIALES
            Colectivo de Autores
             Tomo I.
Fuentes de Internet

·         .tsj.gov.ve
·         Minci.gob.ve
·         nudeslalimonera.blogspot.com
·         www.alternativabolivariana.org
·         www.aporrea.org/actualidad/
·         www.codigovenezuela.com
·         www.gobiernoenlinea.ve
·         www.luchadeclases.org.ve/
·         www.pachakuti.org/.../latifundio/vía-campesina
·         www.pdvsa.com/index
·         www.voltairenet.org

Documentos Legales

·      CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario
Nº5.453 de fecha 24 de Marzo de 2000

·      CÓDIGO CIVIL DE VENEZUELA

·         CODIGO PENAL
Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Extraordinario
No.5.768 de fecha  miércoles 13 de abril de 2005

·      LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario
 Nº 5.771 de fecha 18 de Mayo  de 2005

·      LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA AGROALIMENTARIA
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 5.891 de fecha 31 de julio de 2008

·      LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE
Gaceta Oficial de La Republica Bolivariana De Venezuela Extraordinario
No. 5.833 de fecha viernes 22 de diciembre de 2006

·      LEY PENAL DEL AMBIENTE
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Extraordinario
No. 4.358 de fecha viernes 3 de enero de 1992

·      LEY ORGÁNICA PARA LA ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO

·      LEY DE EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA O SOCIAL
           Gaceta Oficial de la República de Venezuela
          No.37.475 de fecha  lunes 01 de julio de 2002

·      LOS DERECHOS HUMANOS

·      PONENCIA DICTADA POR LA
Dra. ADA MIREYA MARQUEZ DE RODRÍGUEZ
EN EL MARCO DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO REGISTRAL CELEBRADO EN LA CIUDAD DE FORTALEZA
BRASIL, LOS DIAS 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2005

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